La Comisión de Educación del Senado abrió una ronda de consultas para modificar la Ley Provincial 8.471, que desde el año pasado impide que personas con condenas o procesos por delitos contra la integridad sexual accedan a cargos docentes. El proyecto, impulsado por la senadora provincial Alejandra Navarro, propone ampliar esa restricción a quienes tengan condenas por cualquier delito doloso y, eventualmente, también a los que estén atravesando procesos penales en trámite.
«Buscamos que ninguna persona con antecedentes por delitos dolosos pueda estar al frente de alumnos», sostuvo Navarro durante la reunión, encabezada por el senador Dani Nolasco y con la participación de representantes del Ministerio de Educación.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, valoró la iniciativa, pero planteó la necesidad de definir con precisión qué delitos dolosos quedarían comprendidos y qué criterios se aplicarían para quienes aún no tienen condena firme.
En diálogo con El Tribuno, recordó que la ley vigente ya impide el ingreso de personas imputadas o condenadas por delitos sexuales, lo que generó -según describió- un «efecto disuasorio» que evitó este año aspiraciones de postulantes con ese tipo de antecedentes. Pero advirtió que extender la exclusión a todos los delitos dolosos sin diferenciar gravedad o riesgo podría derivar en planteos de inconstitucionalidad.
«Mientras un proceso está pendiente subsiste el principio de inocencia. En delitos sexuales hubo consenso social y legislativo para excluir incluso sin condena firme, porque implican un riesgo actual para los niños. Pero en otros delitos, como un hurto o un delito económico, no siempre hay un riesgo actual para el niño, y en cualquier caso, puede poner en riesgo el legítimo derecho del aspirante a un cargo docente por una denuncia falsa», sostuvo. Pero acá muchos pensarán ¿queremos docentes imputados por delitos económicos, corrupción, estafas o violencia ocupando cargos?
En ese sentido, planteó que podría haber «un consenso amplio» para excluir a docentes con condenas firmes por delitos dolosos, pero que aún deben evaluarse con «criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad» los casos de personas con procesos penales en trámite.
El sistema hoy
Consultado sobre traslados de escuela de docentes acusados por abuso sexual, Williams Becker diferenció dos escenarios. Cuando el hecho ocurre dentro de la escuela, se activa de inmediato el protocolo, que separa al docente del contacto con alumnos, lo pasa a tareas administrativas y abre un sumario interno. «Esta gestión ha avanzado en muchas cesantías, incluso enfrentando conflictos gremiales», afirmó.
Si el hecho ocurre fuera del ámbito escolar, el Ministerio tiene hoy herramientas para desplazar temporalmente al docente de funciones frente a alumnos mientras avanza la causa penal, aunque la definición final depende del resultado judicial.
El funcionario señaló que los protocolos por violencia y maltrato se activan «permanentemente» en la escuela, no solo por delitos sexuales, no obstante ante el pedido de datos concretos aseguró: «No tenemos estadísticas sobre personal educativo con denuncias», lo cual muestra un vacío de información estatal en un tema extremadamente sensible.
Ante esto, Becker recordó que Educación está conformando un Observatorio de Convivencia y Participación para mejorar la información estadística y el seguimiento de casos, aunque anticipó que de todas maneras la difusión de datos será limitada por la protección de menores.
Durante la reunión, los senadores mencionaron situaciones recientes que impulsaron la revisión de la normativa y alertaron sobre el impacto que generan estas denuncias en localidades pequeñas.
El senador Dani Nolasco declaró que «hay personas que tienen delitos por robo, hurto, tráfico de drogas, gente condenada que está trabajando en el ámbito educativo. Es un ambiente muy sensible la educación y que tengamos ese tipo de problemas creo que tiene ser revisado, legislado para proteger a los alumnos».
La autora del proyecto insistió en que la prioridad es «el resguardo de niñas, niños y adolescentes», y que el marco legal debe acompañar ese objetivo sin vulnerar derechos.
