El acusado, que efectuó dos disparos durante una discusión en una plaza, fue imputado por abuso de arma y portación de arma de guerra. La jueza dictó un mes de prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Un hombre que disparó un arma de fuego en el barrio Vega Maipú, en la ciudad de San Martín de los Andes, fue acusado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y quedó detenido con prisión preventiva.
La imputación se realizó ayer por la tarde y estuvo a cargo del fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucía Lucero. Ambos le atribuyeron al acusado, identificado con las iniciales G.A.U., los delitos de abuso de arma y portación de arma de guerra, esta última atenuada debido a que contaba con permiso legal para tener el arma.
A su vez, los representantes del MPF solicitaron que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de tres meses.
De acuerdo con la investigación realizada por el MPF junto a la Policía provincial, el hecho ocurrió el 20 de noviembre alrededor de las 19:30, en la intersección de las calles Gregorio Álvarez y Miguel Camino. Allí, el acusado efectuó dos disparos de arma de fuego contra un hombre, aunque sin causarle lesiones.
Momentos antes, ambos habían mantenido una discusión porque el imputado circulaba en moto por el interior de la plaza del barrio, mientras había niñas y niños jugando. Para evitar que la situación escalara, la víctima se retiró del lugar junto a una amiga, pero minutos después fue buscada y alcanzada por G.A.U.
“¿Querés tiro?”, le dijo el agresor mientras sacaba un arma de su cintura. Luego realizó los dos disparos con una pistola Bersa calibre .380 y persiguió a la víctima por la calle Miguel Camino.
El fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron que el acusado quede detenido con prisión preventiva, al considerar que existe riesgo para la integridad de la víctima y testigos, además del peligro de entorpecimiento y de fuga durante la investigación. También remarcaron la gravedad del hecho, cometido con un arma de guerra y en un espacio público con presencia de numerosas personas, entre ellas niños y niñas.
La jueza de garantías Laura Barbé avaló la formulación de cargos y dispuso la prisión preventiva, aunque por un plazo menor: un mes. El período de investigación fue fijado en tres meses.
