El debate por el contenido que los docentes pueden o no llevar a las aulas está generando otro capítulo ríspido, esta vez en la Universidad Nacional de San Luis, donde se desencadenó una batalla por el material de estudio destinado a alumnos de las carreras de biología molecular y biotecnología. Protagonizado por un titular de cátedra y su jefe de trabajos prácticos, el tire y afloje escaló hasta el Consejo Superior de esa casa de estudios, que ahora debe decidir por quién tomará partido -si es que hubo censura o adoctrinamiento- y si aplicarán sanciones.
La materia se llama “Biología molecular e ingeniería genética”, y la polémica se dio alrededor de un contenido relacionado con la materia, pero no incluido en la curricula, que el jefe de trabajos prácticos (JTP) decidió agregar a sus clases, invocando su derecho a ejercer la libertad de cátedra. El tema fue el “índice de abuelidad”, una técnica clave en la restitución de la identidad de miles de personas, desarrollada en los años 80 por la genetista estadounidense Mary Claire King -a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo-, con la que se logró establecer un rango de posibilidades de parentesco entre nietos y abuelos, a partir del análisis de material genético.
Más allá de que gracias a esa técnica basada en el estudio del ADN, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron resolver (al cierre de esta nota) 140 casos de nietos que habían sido separados de sus familiares detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar, las autoridades de la universidad de San Luis se inclinan a pensar que el problema al interior de la cátedra mencionada fue grave y excede cualquier opinión sobre el terrorismo de Estado en la Argentina de los años 70.
Es que, aunque Darío Ramírez, el titular de la cátedra, se sintió en su derecho para cuestionar que Leonardo Seguin (JTP de su materia) “colgara” un pdf de más de 30 filminas titulado “Las abuelas, la genética y los derechos humanos”, por considerarlo un material ajeno a la curricula y un acto de “adoctrinamiento”, el propio rector de la UNSL, Raúl Gil, adelantó a Clarín que la respuesta de Ramírez fue, en principio, “violenta”.
Antes de detallar esa posición, ¿qué hicieron Ramírez y Seguin, exactamente? El titular de la materia lo explicó el 24 de octubre, en un descargo dirigido al decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastian Andújar, y al Consejo Directivo, el órgano superior de cada facultad, y el escalón anterior al Consejo Superior de las universidades nacionales, que es donde ahora se dirime este conflicto.
El conflicto se tramita en la Universidad Nacional de San Luis y analizan si amerita alguna sanción. Foto: UNSLAllí reconoció haber decidido “bajar material, en su mayoría sobre adoctrinamiento ideológico, subido al classroom del curso por el auxiliar de docencia, Dr. Leonardo Seguin”. No sólo lo hizo sino que además se lo informó a los alumnos en ese espacio curricular online, con los mismos detalles comentados recién. Es decir, acusando de adoctrinamiento al jefe de trabajos prácticos.
“Para quienes en el (Honorable Consejo Directivo) HCD no me conocen, soy un guardián de saberes que cree en la importancia de la educación laica, democrática y en libertad. Tengo además formación de RR. HH. críticos de la realidad y con antecedentes científicos, gestión y servicios reconocidos aun fuera de los límites de nuestra universidad y país (ver CV académico). Ideológicamente me considero de derecha, lo que no les importa a mis alumnos, y nunca lo hice ni lo haré saber en el aula. Lo considero irrelevante; prefiero ser un modelo como docente, no un militante”, pinta, de sí mismo, Ramírez, en el escrito a las autoridades de la UNSL.
El descargo fue en respuesta a una denuncia de censura que el 7 de octubre había hecho Seguin. Todo había ocurrido en septiembre, detalló. Tanto la abrupta baja del pdf del campus, como un diálogo posterior con Ramírez, en el que intentaron ponerse de acuerdo. Y de hecho, asegura Seguin, acordaron que Ramírez restituiría el material quitado del campus.
Sin embargo, la batalla siguió. El jefe de cátedra incumplió su promesa, denuncia Seguin, quien entonces decidió “colgar” el contenido de la discordia otra vez. Pero nuevamente fue bajado de cuajo por Ramírez, aclara el JTP: “El 22 de septiembre reviso el classroom y verifico que nuevamente está eliminada la clase. Le escribo por whatsapp y le informo que me ha eliminado por segunda vez el archivo y que nuevamente es un hecho de censura. No era lo que habíamos acordado y que le informaré a las autoridades por estos hechos”.
Según una captura de pantalla incluida en esa nota, Ramírez le contestó a Seguin que quitó el documento porque “no había autorizado colocarlo nuevamente”.
Polémica por los contenidos en las aulas de San Luis
Seguin es claro en sus argumentos. Destaca que “la curricularización de los derechos humanos está plasmada en las normativas a nivel del Consejo Interuniversitario Nacional” y de la UNSL, y que Ramírez atacó su “libertad de expresión y la libertad de cátedra que promulga la Reforma Universitaria de 1918”.
Suma que eligió la actividad del índice de abuelidad porque los estudiantes “nunca habían trabajado con ellos y el objetivo era iniciarlos en el mundo de los papers y su entendimiento además de la búsqueda de los mismos”, y que, por otro, quería “explicar el funcionamiento de un laboratorio donde se realizan estudios de filiación (Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG)”.
“Este tema lo elegí porque engloba varios aspectos. Por un lado, los contenidos mínimos de la materia no abordan los estudios genéticos-genómicos de filiaciones y considero este tópico como importante para la carrera. Y por otro lado, la Ord 16/22 y el plenario 1169/22 del CIN establecen la curricularización de los DDHH en las universidades nacionales”, continúa.
En la vereda de enfrente, Ramírez (un hombre que en sus redes sociales privadas manifiesta muy expresivamente apoyar a la actual gestión de Gobierno y a personajes como Jorge Rafael Videla, ex dictador fallecido en 2013, juzgado y condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad), se explaya ante las autoridades académicas con cuatro argumentos.
Los resume, uno a uno, en negritas. Los dos primeros son: 1) “Los estudiantes me plantearon que no entendían la lógica de esa presentación ni su utilidad para su carrera”; y, 2) “no es justo usar la posición de poder del profesor, en el aula de un curso de grado obligatorio, para adoctrinar o traer relatos parcializados del pasado, para crear divisiones absurdas y fobia entre alumnos y equipo docente”.
Y los dos últimos: 3) “Este curso es el único en su carrera de grado que toca conceptos y metodologías claves para la formación profesional de un biotecnólogo”; y, 4) “¡No estamos formando militantes! Hay temas muy importantes y de candente actualidad que requieren constante actualización de los contenidos”.
Censura o adoctrinamiento en San Luis
Raúl Gil, rector de la UNSL, fue claro en el diálogo con este medio, charla en la que recordó que el primer rector de esa casa de estudios fue Mauricio López, “único rector desaparecido en la dictadura de Argentina”.
“Hay espacios para resolver esto. Ahora bien, somos reformistas y seguimos la libertad de cátedra. Esto no es una empresa. Los docentes tienen una formación previa y no se espera que un docente controle la doctrina de otro. Hay que ver más fino e iniciar una investigación, pero personalmente me choca mucho que un docente -con o sin razón- retire un documento de otro. Es un acto que reviste algún tipo de violencia”, apuntó, y dijo: “Esto es lo primero que tenemos que mirar, independientemente de los derechos humanos y del índice de abuelidad”.
Gil señaló que “luce que hubo una falta grave y habrá que hacer una investigación”, pero agregó que además hay una segunda cuestión, que a él particularmente no le parece menor: “La segunda situación delicada es que todo esto ocurrió ante la mirada de los estudiantes. Independientemente de las posiciones políticas, ven una situación extrema entre dos docentes, que se supone que ellos deberían haber podido resolver de forma privada. En cambio, se desacreditan y esto ataca la calidad académica que deberían sostener”.
Con el expediente recién llegado a sus manos, Gil explicó lo que sigue en estos días: “Vamos a convocar a la comisión de Derechos Humanos del Consejo Superior universitario para que sesione con la de Asuntos Académicos, así pueden estudiar el expediente y dar respuestas al Consejo Directivo». Por cierto, ese órgano había recibido el conflicto, pero no fue capaz de resolverlo.
“En paralelo, solicitaremos que se inicie una investigación sumaria para ver si se verifican los hechos y ameritan sanciones”, subrayó Gil. Más allá de que aclaró que se respetará el derecho a la defensa, concluyó: “Las sanciones pueden abarcar desde el llamado de atención hasta apercibimiento o suspensiones sin goce de haberes. Pero no nos adelantemos».
PS
