Diego Santilli desembarca en Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua en el marco de su gira por las provincias y con la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas que planea Javier Milei en mente. ¿Qué podría ofrecer Nación a cambio de los votos?
El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará este martes a Misiones para reunirse con Hugo Passalacqua, otro de los gobernadores que apostaron al “dialoguismo” con el Gobierno nacional y fueron castigados en las últimas elecciones legislativas.
Debilitados en las urnas, estos mandatarios provinciales se encuentran ahora en una posición más frágil para negociar el Presupuesto 2026 o cualquier iniciativa legislativa que impulse la administración de Javier Milei. El encuentro, programado para el mediodía, contará con la presencia del jefe político de la provincia, Carlos Rovira, y miembros del gabinete provincial.
La visita forma parte de una estrategia más amplia de Santilli, quien busca completar antes del 10 de diciembre una primera ronda de reuniones con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán el año pasado.
En esa fecha comenzarán las sesiones extraordinarias del Congreso, donde el Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto y avanzar con la reforma laboral, una de las 3 que tiene previstas (junto con la reforma tributaria y previsional).
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Los dos objetivos que persigue Diego Santilli
En primer lugar, Santilli pretende asegurar los apoyos legislativos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas que la Casa Rosada define como prioritarias para la segunda etapa de la gestión libertaria.
Misiones representa un objetivo estratégico: Passalacqua y Rovira controlan un bloque de cuatro diputados y dos senadores que podrían resultar decisivos en las votaciones del Congreso. Pero hay un segundo propósito: debilitar los bloques peronistas.
El ministro observa que algunos gobernadores del espacio podrían tomar distancia de Unión por la Patria y conformar agrupaciones propias. Esta fragmentación parlamentaria beneficiaría al oficialismo, que pasará de seis a 20 senadores y de 38 a 91 diputados con el recambio legislativo, pero aún necesitará de la oposición dialoguista para alcanzar las mayorías requeridas.
El cronograma de Santilli contempla esta semana un encuentro con el jujeño Carlos Sadir y posibles convocatorias a otros mandatarios en Casa Rosada. Ya se reunió el viernes pasado con Gerardo Zamora en Santiago del Estero, quien expresó su predisposición a acompañar el Presupuesto, aunque llevó una carpeta con pedidos vinculados a financiamiento.
Aún restan encuentros con Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa, uno de los presentes en la última convocatoria en Casa Rosada), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).
La estrategia oficial es agotar primero el diálogo con los firmantes del Pacto de Mayo antes de definir cómo encarar la negociación con los cuatro gobernadores peronistas más críticos, a los que hasta el momento ni siquiera ha convocado: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
La coordinación política se sostiene sobre una mesa semanal encabezada por Karina Milei, de la que participan el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de Diputados Martín Menem y la futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
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¿Qué está dispuesto a ceder el gobierno de Javier Milei?
A cambio de la aprobación del Presupuesto 2026, la reforma laboral y la ley de inocencia fiscal (la de “los dólares bajo el colchón”), el ministro de Economía, Luis Caputo, accedería a un paquete relativamente acotado de concesiones.
El núcleo del acuerdo incluiría la distribución de los fondos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) entre los gobernadores que aporten sus votos en el Congreso y tengan sus cuentas fiscales en orden.
Estos recursos, que el Ejecutivo distribuye de manera discrecional, son reclamados por las provincias para su incorporación a la masa copartipable, justamente para evitar que sean utilizados como moneda de cambio en las negociaciones. Aunque antes de las elecciones se buscó avanzar con una iniciativa en este sentido, finalmente terminó frenada por el “dialoguismo”.
También se liberaría parte de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles. Las provincias exigen el 57% de lo que se recauda por este gravamen, que debería destinarse a fideicomisos y obras viales que actualmente no se están ejecutando. El Gobierno había vetado previamente un proyecto de ley que buscaba regular esta distribución.
El paquete se completaría con la firma de avales para que las administraciones provinciales puedan tomar deuda con organismos financieros, y la promoción de una modificación de la ley de Glaciares para que cada provincia determine cuáles son las áreas donde se permitirá realizar actividad minera.
El Ejecutivo sostiene que esta flexibilización habilitaría la explotación de áreas hoy protegidas y la llegada de nuevas inversiones. Provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz han reclamado que se redefina el concepto de periglaciar.
Esta sería la respuesta de Nación ante las administraciones provinciales más impacientes. Gustavo Sáenz de Salta ya había comentado que “el poncho no aparece” al referirse a las negociaciones con Manuel Adorni y Santilli, “Estamos esperando alguna resolución, seguimos hablando, todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas”, agregó.
Gerardo Zamora, tras recibir al Ministro del Interior en Santiago del Estero, comentó: “Le pedí que haga todo el esfuerzo posible, para que podamos incorporar algunas cuestiones que los gobernadores venimos impulsando”.
“No afectan para nada el equilibrio fiscal, ya que son fondos que pertenecen a las provincias, algo que incluso expresamos en la última reunión de gobernadores del Norte Grande”, había dicho.
La propuesta oficial no aclara nada respecto a las obras públicas abandonadas en muchas provincias, que los gobernadores reclaman por su urgente continuidad o reparación. Tampoco aborda lo planteado en el último encuentro del Norte Grande sobre la rediscusión del financiamiento del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
Menos aún se refiere a la deuda que mantiene con las 13 cajas jubilatorias que no se transfirieron a la Nación, ni otras sumas correspondientes a las provincias que el Ejecutivo retiene. En el caso de la provincia de Buenos Aires, calcularon esa deuda en 13 billones de pesos.
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¿Qué piensan los argentinos de las reformas?
El Gobierno confirmó que las sesiones extraordinarias del Congreso tendrán lugar desde el 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre, período en que se tratarán el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal, aunque estas tres podrían pasar para febrero.
Sin embargo, según una encuesta realizada por la consultora Giacobbe y Asociados a fines de octubre y comienzos de noviembre, solo una de las tres reformas que Milei planea enviar al Congreso tiene más apoyo que rechazo en la sociedad.
La reforma laboral es la que más rechazo cosecha, con un 41,5% de rechazo y un 40% de respaldo. A esto se suma un 9,5% que afirma no tener “la información suficiente” y un 4,8% que sostiene no tener “una opinión formada”. El restante 4,2% se compone de indecisos.
En cuanto a la reforma previsional, un 39,8% se manifestó en contra, mientras que un 32,8% se expresó a favor. El 11,7% afirmó no tener información sobre el proyecto y el 5,2% sostuvo no tener una opinión formada. Un 10,6% se escudó en la opción “no sabe/no contesta”.
La reforma tributaria es la única iniciativa del gobierno de Milei que tiene mayor aceptación que rechazo, con un 37,7% a favor y solo un 25,5% en contra. Sin embargo, también es la que menos información tienen los encuestados: un 19,6% afirmó no contar con datos suficientes, mientras que un 8,6% expresó no tener una opinión formada sobre el tema.
Lo cierto es que poco se sabe de las 3 reformas y lo único que se tiene como referencia es el primer intento de La Libertad Avanza por tratarlas en el Congreso en la Ley Bases. En el caso de la reforma tributaria, aparentemente opera en la sociedad la idea de que Milei podría finalmente comenzar a cumplir con su promesa de campaña de reducir los impuestos a los trabajadores.
La intención del Gobierno es que este temario se debata con la nueva conformación del Congreso, en la que La Libertad Avanza podría llegar a los 91 diputados y más de 20 senadores. A esto hay que sumarle los principales socios del oficialismo, el PRO y la Unión Cívica Radical, y el diálogo que Santilli inició con los gobernadores.
Con recursos fiscales limitados y gobernadores debilitados electoralmente, la Casa Rosada confía en sumar apoyos a precio de saldo para aprobar su agenda legislativa en las sesiones extraordinarias que se extenderían hasta febrero.
