La derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160) ha desencadenado una grave crisis de subsistencia para las comunidades originarias en el norte argentino, especialmente en parajes como Corralito, en el departamento San Martín, Salta. Las comunidades, principalmente del pueblo Wichí, se encuentran en un limbo legal que las expone a la criminalización por parte de los finqueros vecinos.
La situación es crítica: si bien poseen el relevamiento territorial y la carpeta técnica del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que prueba su ocupación ancestral, este reconocimiento no les otorga el título de propiedad ni la seguridad jurídica para acceder a los recursos naturales.
Presos por “Robo de Madera”
El caso más alarmante se registró hace tres meses, cuando dos integrantes de las comunidades de Corralito fueron detenidos y encausados por «robo de madera».
Ángel Amancio, referente Wichí de la zona, expresó a Vive la frustración y la desigualdad ante la justicia. «Cuando uno quiere sacar algo para la subsistencia de la familia viene un finquero y te hace la denuncia», relató. Amancio señaló el contraste: mientras los criollos y finqueros de la zona realizan desmontes para ganadería sin consecuencias, la misma actividad realizada por los pobladores indígenas es considerada un delito.
Las comunidades afectadas (incluyendo Laguna Cuchuy, Quebracho y San José) denuncian que en los tribunales su carpeta técnica del INAI es descartada como un «papel sin validez» para defender su derecho a la tierra y sus recursos.
El Argumento Oficial: Un Conflicto de Recursos
Desde el gobierno provincial de Salta, el Subsecretario de Regularización Territorial, Ariel Sánchez, minimizó el conflicto territorial y lo centró en la problemática de los recursos.
Según Sánchez, al no contar con el título de propiedad definitivo, las comunidades no pueden tramitar las guías legales para la extracción y venta de madera. Esto lleva a que, al no tener acceso legal, la extracción para su subsistencia termine en denuncias de robo por parte de los dueños de las fincas circundantes.
El funcionario reconoció que, tras la derogación de la Ley 26.160, el relevamiento del INAI solo sirve como prueba de su «vínculo con la tierra» en un eventual juicio de desalojo, pero ya no ofrece la protección territorial ni el acceso legal a los medios de vida.
Actualmente, las personas encausadas deben presentarse semanalmente en la comisaría, y existen rumores de que podrían enfrentar un juicio. Mientras la provincia busca avanzar con convenios para acelerar los relevamientos de las comunidades en «riesgo o peligro» de desalojo, la realidad de la criminalización complica día a día la subsistencia de quienes habitan la tierra ancestralmente reconocida.
