Hay un tema incómodo que el Gobierno no ha podido resolver en los primeros 2 años de mandato: el histórico jefe de la custodia de Cristina Kirchner, Walter Carbone, sigue a cargo de las escoltas que cuida a los ex mandatarios. Y no sólo continúa liderando esa actividad en las afueras de San José 1111, donde la ex presidente cumple arresto domiciliario, sino que dispone de uniformados de la Policía Federal para vigilar las casas de los Kirchner en Río Gallegos y El Calafate. A bordo de «móviles no identificables», cumplen con su función de vigías: a pocos metros del chalet ubicado en la villa patagónica está «abandonado» el Hotel Los Sauces, también propiedad de los K.
En el Ministerio de Seguridad, de donde depende el Centro estratégico de control operacional y custodia de ex mandatarios de la Policía Federal, de alguna manera deslindan responsabilidades y afirman que «es un tema muy específico de las fuerzas con los jueces». Ergo, le pasan la pelota al juez de ejecución de la penal del caso Vialidad, Jorge Gorini, que hace unos días restringió el régimen de visitas de la ex mandataria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
En verdad, la cartera ubicada en Gelly y Obes se encuentra en plena transición con el desembarco de la nueva ministra Alejandra Monteoliva que, si bien es parte del equipo de la senadora electa Patricia Bullrich, modificará algo de la estructura de la misma. De hecho, hay funcionarios de confianza de saliente ministra que la semana próxima recalarán en el Senado.
Desde el año pasado Carbone se encuentra bajo el paraguas de la Superintendencia de Seguridad y Custodia de la PFA que, que está a cargo de la comisario mayor Mirna Edith Speranza. La jefa policial se mantendría en forma indiferente a los reclamos del custodio de la ex vicepresidenta. Pero puertas adentro de la fuerza habría cierto malestar por los «puestos fijos de protección» hacia los bienes de Cristina que deben afrontarse con recursos y viáticos para el personal.
La polémica está dada en que la ex mandataria cumple una pena a 6 años de prisión por corrupción dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y que en junio de este año la Corte Suprema de Justicia dejó firme. Si bien fue beneficiada con el arresto domiciliario, sigue «protegida» básicamente por el servicio que comanda Carbone. El Servicio Penitenciario Federal (SPF), en tanto, se aboca a monitorear la tobillera electrónica que tiene la ex presidente para así controlar que no vulneren sus condiciones de detención.
Según fuentes policiales consultadas, actualmente las propiedades de Río Gallegos, un chalet de la calle Mascarello 441 de la capital provincial, y de El Calafate -que cuenta con un subsuelo, planta baja, primer y segundo piso y tendría alrededor de 485 m2 cubiertos- tiene custodia de esa fuerza federal. Detrás de ésta última también está el hotel Los Sauces, hoy abandonado y que podría ser «decomisado» en el marco del denominado juicio Vialidad, al que también los custodios «le echarían un ojo». «Es un dispendio de recursos porque esas casas están vacías y ella está presa con condena firme», opinó un calificado vocero de la fuerza liderada por el comisario Luis Alejandro Rolle.
Las fuentes consultadas reconocieron, no obstante, que la dotación de más de 100 agentes con la que contaba Cristina al principio del mandato de Javier Milei, para su protección, fue parcialmente reducida desde su condena. Le quitaron, vale decir, algunos uniformados con sus respectivos coches. Pero según pudo averiguar este diario, frente a su mansión de Calafate aún siguen impertérritos cumpliendo su función «móviles no identificables (de la PFA) de la misma fuerza».
Sobre la firma
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
