El Gobierno presentó una reforma integral del Código Penal que será enviada al Congreso en los próximos días. El anuncio fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, quienes afirmaron que el objetivo central es “terminar con la puerta giratoria” y fortalecer la respuesta del sistema penal ante los delitos más graves. Según explicaron, la iniciativa eleva los mínimos de pena para evitar que condenados por delitos violentos accedan a excarcelaciones rápidas y limita las revisiones automáticas de las prisiones perpetuas, que pasarán a tener cumplimiento efectivo salvo decisión judicial excepcional.
Entre los aspectos más relevantes, el proyecto vuelve imprescriptibles delitos como el homicidio agravado y los abusos sexuales, lo que permitirá que el Estado pueda perseguirlos sin límite de tiempo. También incorpora nuevas figuras penales, como la “conducción imprudente”, que responde a reclamos de familiares de víctimas de siniestros viales, y redefine la legítima defensa, reforzando la protección legal de quienes se encuentren en situación de repeler una agresión.
Otro de los puntos destacados es el rol de las víctimas en el proceso penal: la reforma propone garantizar su participación activa durante todas las etapas, desde la investigación hasta la sentencia. Además, contempla penas más severas cuando los delitos sean cometidos por funcionarios públicos, incluyendo la pérdida de beneficios jubilatorios especiales en casos de corrupción. Según los funcionarios, con estos cambios alrededor del 82% de los delitos pasaría a tener pena efectiva, lo que, aseguran, contribuiría a reducir la impunidad. La iniciativa forma parte del paquete de “reformas de segundo orden” que el Ejecutivo impulsa y que buscará consenso en el Congreso a partir del recambio legislativo del 10 de diciembre.
