El Comisión Redactora del Código Penal, con el magistrado Mariano Borinsky a la cabeza, dio detalles del proyecto de reforma del Código Penal de la Nación Argentina que el Gobierno enviará al Congreso, y reveló modificaciones claves respecto a los delitos de corrupción pública.
En primer lugar, la reforma fija penas más altas para casos de corrupción: los delitos vinculados al cohecho, soborno, enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción pública estarán sujetos a condenas “severísimas”, con penas que pueden alcanzar hasta 16 años de prisión. Además, uno de los instrumentos más destacados es la posibilidad del decomiso anticipado de bienes —es decir, recuperar los bienes adquiridos con fondos malhabidos desde el inicio del proceso penal—, sin necesidad de esperar a una condena firme.
El proyecto también prevé que para delitos como corrupción —como en otros delitos graves como narcotráfico, homicidios o trata— no se aplicará la cláusula del “plazo razonable de juzgamiento”, lo que busca evitar que demoras procesales terminen en impunidad. Según lo expresado por Borinsky, la reforma busca un “cambio de doctrina” en el sistema penal: la víctima pasa a ser el centro del proceso, y la prioridad será asegurar que las sentencias se cumplan de forma efectiva.
No obstante, fuentes vinculadas al proyecto precisaron que la imprescriptibilidad —es decir, que el delito no caduque aunque pase el tiempo— no fue activada para los delitos de corrupción en esta versión inicial. Aunque admiten que podría considerarse en etapas futuras, por ahora no forma parte del texto oficial.
El anuncio representa un giro significativo: se pasa de un Código con penas relativamente moderadas y tiempos largos de prescripción, a uno diseñado para endurecer sanciones, acelerar decomisos y mejorar la eficacia del sistema judicial en casos de corrupción. Falta ahora ver cómo será su tratamiento en el Congreso y con qué alcance se aprobará finalmente.
