El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó este martes 13 ternas de distintos concursos que serán remitidas al Poder Ejecutivo para que allí se elija a un candidato y sea postulado ante el Senado de la Nación.
Se trata de puestos claves en la Justicia Nacional del Trabajo, junto a un juzgado federal de Mar del Plata, un tribunal oral de Formosa y el juzgado federal de Clorinda. El organismo que selecciona y controla el accionar de los jueces avanzó así en el intento de cobertura de vacantes, que en la mayoría de los fueros vive una crisis sin precedentes con más del 30 por ciento de sillas vacías en todo el país.
Encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el Consejo de la Magistratura se reunió para escuchar el informe de las diferentes comisiones y avanzar no solo con la aprobación de concursos: el concurso Nº 356, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa; el concurso Nº 360 para el cargo de juez/a del Juzgado Federal de Primera Instancia de Clorinda, provincia de Formosa; el concurso Nº 378 por una vacante en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Mar del Plata y los concursos Nº 451, destinado a cubrir cuatro cargos de vocal en las Salas II, III, V y VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal; y el concurso Nº 485, por seis cargos de vocal en las Salas VI, VII, VIII, IX y X -dos cargos- de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.
El Plenario también avanzó con la investigación contra varios magistrados que están bajo la lupa en la comisión de Disciplina y Acusación. Entre ellos, por unanimidad se votó que el caso de los jueces federal de Rosario Gastón Salmain y en lo civil y comercial Patricio Maraniello sean analizados en la comisión de Acusación, que prevé sanciones más graves que la comisión de Disciplina.
Salmain no solo está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por haber omitido declarar que había sido echado del Poder Judicial por querer sobornar a una empleada cuando ambos eran empleados de la justicia de la Seguridad Social, sino que ahora fue llamado a indagatoria porque un arrepentido contó cómo gestionó una coima con él a cambio de una medida cautelar que le permitirá hacerse de dólares oficiales en la última parte del gobierno de Alberto Fernández.
Maraniello, en tanto, que se hizo conocido por haber aceptado una cautelar en favor de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, está acusado por abuso sexual a una empleada y maltrato laboral. Su defensa había intentado en las últimas horas apartar al instructor del caso, el consejero y senador Luis Juez, algo que también rechazó hoy el Plenario.
Cuando Rosatti ya se había retirado, hubo otros puntos de cruce entre los consejeros. Uno de ellos fue la iniciación de un sumario a una empelada que hoy trabaja en la vocalía de Siley. Se trata de la empleada María Inés Brenna, que formalmente dependía de la oficina de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura pero que –según la acusación- desde hace años no se presentaba a trabajar. Su ex jefe, Federico Vincent, quien tenía a su cargo la subadministración general, ya fue despedido por graves irregularidades, entre ellas las de liquidarse el sueldo como si fuese juez de la nación y descontarse menos de aportes jubilatorios. Cuando la actual administración intimó a Brenner a presentarse a trabajar, la diputada K pidió que formalmente pasara a depender de su vocalía.
En el plenario, Siley afirmó que la mujer había trabajado para otros consejeros, algo que –según fuentes del organismo- nunca fue formalizado y siguió cobrando su sueldo. Cuando la apertura del sumario ya había sido votada, Siley se cruzó fuerte con el juez Barroetaveña cuando la cuestión ya se había votado (“¿no quiere que hable ahora?”, le dijo) y afirmó que se estaba haciendo «una persecución política». Juez la acompañó y Provítola dijo que se estaba resolviendo “la apertura del sumario” y que allí la persona podía dar todas las explicaciones.
La sanción a otra empleada también fue motivo de discusión. Se trataba de una empleada Luciana Prudencio, que se había ido de viaje para hacer un curso en el exterior en la administración anterior. En la comisión se había votado cesantearla, pero el diputado Álvaro González, que había llevado el sumario, pidió revisar su propia propuesta porque no había analizado bien la documentación y pedía una sanción menor, de 30 días de suspensión sin goce de sueldo, que era la máxima que se podía aplicar reglamentariamente.
Siley también dijo que en realidad la mujer no había incurrido en ningún error y que había sido “negligencia de la administración anterior” y ella no había cometido ninguna falta. Juez valoró que González reconociera “un error cuando uno se equivoca”, y el juez Alberto Lugones propuso darle 15 días. Fue ahí que saltó el representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio, jefe de la comisión de Administración: “¿por qué no la nombramos también jefa de Recursos Humanos?”
“Yo vengo del Poder Judicial y por respeto a todos los trabajadores que vienen todos los días no me parece que esto sea un tema menor. Por supuesto que tengo sensibilidad, pero hoy acá se hablaba de precedentes. Yo soy un ex judicial y a mí hasta que Rosatti no me firmaba una licencia de dos días, no me iba de licencia. Esto en la Corte no pagaba. Desde febrero hasta noviembre de 2023 no hubo ningún acto administrativo que justificara que estaba haciendo un curso, sin goce de sueldo”, dijo. “Tampoco es para darle un premio Quorum”, ironizó Barroetaveña. Se aprobó sancionarla con 30 días de suspensión.
