Se cumplió un año desde que Edgardo Kueider, exsenador entrerriano, quedó involucrado en un escándalo internacional al ser detenido en el Puente de la Amistad con una fuerte suma de dinero sin declarar. A pesar del tiempo transcurrido, su situación procesal continúa en un limbo jurídico y todo apunta a que enfrentará un juicio por contrabando de divisas en Paraguay.
El episodio ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios interceptaron la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este. En el vehículo encontraron u$s211.000, 640.000 guaraníes y casi $4.000.000, distribuidos entre bolsos y compartimentos ocultos. Nada había sido declarado ante la aduana paraguaya.
Kueider se trasladaba junto con Iara Guinsel Costa, exsecretaria de su despacho en el Senado, y el rodado no pertenecía a ninguno de los dos: era propiedad de Daniel González, empleado de la Biblioteca del Congreso.
Declaraciones y avance de la causa en Paraguay
Durante su testimonio ante las autoridades paraguayas, Kueider afirmó que neither él ni Guinsel Costa eran los dueños del dinero, argumentando que estaba ligado a supuestos negocios de intermediación. Sin embargo, la fiscalía imputó a ambos por contrabando en grado de tentativa, delito que contempla penas de hasta dos años y medio de prisión.
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Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay.
Diario Red
En un hecho llamativo, uno de los funcionarios aduaneros le devolvió u$s9.900, el máximo permitido para cruzar la frontera sin declarar. El exsenador aceptó la entrega y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.
La magistratura concedió luego el arresto domiciliario a ambos imputados en un departamento de una zona exclusiva de Asunción. Más tarde, en febrero, tuvieron que mudarse a otro domicilio donde aguardan la realización del juicio, fijado para el 20 de abril de 2026, instancia que definirá su responsabilidad penal.
La investigación judicial en Argentina
Mientras avanza el proceso paraguayo, Kueider también enfrenta causas por enriquecimiento ilícito en territorio argentino. Una de ellas tramita en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro, y la otra en Concordia, bajo la órbita del juez Ives Bastián.
Tras una disputa entre ambos magistrados por la competencia del expediente, Arroyo Salgado remitió la cuestión a la Corte Suprema, que deberá resolver, previo dictamen del procurador Eduardo Casal, cuál será la jurisdicción definitiva.
La jueza sanisidrense avanzó con medidas significativas: allanamientos, indagatorias y peritajes orientados a reconstruir el patrimonio del exsenador y establecer el origen de fondos utilizados presuntamente para adquirir inmuebles y sostener sociedades vinculadas a figuras de su entorno político.
El pedido de extradición solicitado por Arroyo Salgado fue inicialmente rechazado, pero el Ministerio Público paraguayo aclaró que solo se evaluará una vez que concluya el juicio por contrabando.
El rol de Daniel González y los vínculos empresariales
Uno de los puntos centrales de la investigación argentina es la participación de Daniel González, dueño del vehículo donde se halló el dinero. González figuraba como socio de Kueider en Betail SA, firma dedicada a la compra de departamentos y cocheras de alto valor en Paraná.
Esos inmuebles están ubicados junto a propiedades de los hermanos Tortul, empresarios imputados en la causa Securitas, investigación que aborda un entramado de coimas pagadas por la multinacional de seguridad para asegurarse contratos públicos, entre ellos los de Enersa, la empresa eléctrica entrerriana.
Para Arroyo Salgado, el vínculo entre Kueider y Enersa resulta clave: el exsenador representó al Poder Ejecutivo en asambleas de la compañía, y la magistrada sostiene la hipótesis de que los dólares secuestrados en Paraguay podrían estar conectados con un circuito de retornos y sobornos asociados al organismo y a la firma de seguridad implicada.
