Axel Kicillof tiene asfaltado el camino para transitar el final de su segundo mandato sin angustias financieras. La Legislatura bonaerense lo autorizó a emitir deuda por un total de 3.685 millones de dólares en los próximos dos ejercicios presupuestarios. Con ese respaldo económico logrado después de durísimas negociaciones dentro de su espacio y con la oposición, el gobernador allana, además, su recorrido político hacia 2027, donde pretende instalarse como una opción de poder del esquema peronista.
Gestionó el mayor estado argentino dos años sin presupuesto. Y el 2025 sin poder emitir títulos para financiar filtraciones fiscales. En estos últimos 20 días consiguió todo: el Presupuesto 2026, que prevé erogar 42 billones de pesos; una ley impositiva que acompaña el incremento del 20% en los gastos y el permiso para salir a los mercados para tomar deuda.
El último nudo a este tejido parlamentario se concretó este jueves, pasadas las 4 de la madrugada y luego de 10 horas de demora en un cuarto intermedio de Diputados que se hizo eterno. En una misma ley Kicillof consiguió permiso para emitir hasta U$S 1.045; autorización para otro paquete de U$S 1.990; un artículo lo habilita a pedir U$S 250 para la empresa Aubasa; otros U$S 250 millones que emitirá la Tesorería General y U$S 150 para la compañía Buenos Aires Energía.
Cuanto más se estiraba la negociación, más oneroso resultaba para el Ejecutivo. Para cerrar los consensos parlamentarios con los aliados internos de La Cámpora y el massismo; más los que debía resolver con una oposición fragmentada tuvo que abrir una góndola de ofrecimientos en cargos del Estado y una caja fuerte reforzada para terminar de convencer a los intendentes.
Por ley se modificó (agrandó) la mesa directiva del Banco Provincia (Bapro) para incorporar seis nuevos puestos que se repartieron entre opositores. Los pliegos y la reforma en la carta orgánica de la entidad se votaron en la misma sesión que avaló el endeudamiento. Y con la misma mayoría calificada de más de dos tercios.
Se completaron las vacantes en el Consejo Escolar (un ente que depende del ministerio de Educación) y se ocuparon lugares vacíos en el Tribunal Fiscal (otro organismo que contempla participación de dirigentes no oficialistas).
El reparto de cargos conformó a La Cámpora y al massismo, además de al PRO, radicales de Martín Lousteau, radicales de Maximiliano Abad y “libertarios blues” (el partido Unión y Libertad, que se escindió de LLA hace casi dos años), que se encolumnan entre los “opositores dialoguistas”.
Antes de estas dos sesiones maratónicas, Sergio Massa y Máximo Kirchner habían repartido el mando de la Cámara de Diputados: la presidencia y vice; varios despachos claves en el manejo de fondos y la presidencia del bloque de Fuerza Patria. El kicillofismo consiguió lugares casi testimoniales en ese prorrateo.
El fondo para intendentes
La conformación de un paquete de recursos para uso exclusivo de los 135 intendentes fue uno de los capítulos más controvertidos de esta novela parlamentaria. Presionaron fuerte radicales, macristas y socios del gobernador. Todos tienen alcaldes que les responden.
El gobierno aceptó fijar una suma específica: $350.000 millones, muy cercana al 8% del total del permiso de endeudamiento (a un dólar de hoy), pero ahora garantizada en forma independiente del éxito o ritmo de colocación de la deuda. Este monto se distribuye bajo un algoritmo que combina el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el nivel de ingresos de cada comuna. Se atienden así los reclamos de equidad entre distritos grandes, medianos y pequeños. “Es como lo anticipó Kicillof en la conferencia del lunes”, dijeron en calle 6 donde funciona la Gobernación.
El artículo 3 establece que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal se integrará con recursos provenientes de las operaciones de financiamiento autorizadas, pero también garantiza que, si el 8% resultara menor a $250.000 millones, la Provincia aportará la diferencia con Rentas Generales.
Los pagos quedarán escalonados con tres cuotas en 2026 (abril, agosto y noviembre) y dos cuotas durante 2027 (abril y junio).
También se definió condonar deudas que mantienen los intendentes con Provincia por retrasos o adelantos que se hicieron en los peores momentos de la pandemia y durante el año de la crisis salarial y la inflación descontrolada. “La condonación fortalece la caja municipal 2026, liberando recursos que de otro modo estarían inmovilizados en amortizaciones y devoluciones al Tesoro provincial”, explicaron en la Legislatura.
Terceros, afuera
Quienes no intervinieron en la conversación -por peso específico o por decisión propia- protestaron desde afuera. Sebastián Pareja, el armador provincial de LLA y que tendrá impronta propia en el recinto a partir del 10 de diciembre cuestionó desde “X”: “Otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre. Esos mismos de siempre con tal de negociar cargos, son capaces de endeudar a los bonaerenses, el futuro de todos nosotros y facilitarle el trabajo a Kicillof para prescindir del poder legislativo los próximos dos años y así correr la carrera a la Presidencia”, planteó.
Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia -que tendrán representación por el partido Hechos, que logró bancas el 7 de septiembre- apuntaron fuerte contra todos: “El BAPRO está quebrado, no entrega créditos a las pymes y no apoya a los bonaerenses. En una provincia también quebrada el Gobernador negoció en la Legislatura con la oposición ampliar la planta política de directores en un 75%”. Dice el aún intendente de San Nicolás que al banco estatal “le costará $ 12.000 millones al año” el acuerdo.
