Nueva Política de Inteligencia Nacional: los ejes estratégicos

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la «Política de Inteligencia Nacional», un documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos y lineamientos que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en los próximos años. En las últimas horas, el gobierno anunció nueva cúpula en la SIDE.

El Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas, según reconoce el propio texto oficial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La medida instruye además a la SIDE a dictar una «Estrategia de Inteligencia Nacional» que determinará los cursos de acción concretos para implementar los objetivos establecidos en el documento marco.

El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con «un deterioro relevante» de más de tres décadas que «socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas».

El documento menciona expresamente los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, «cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos», así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que «constituyó un hecho de suma gravedad institucional».

También se refiere a las sucesivas intervenciones que sufrió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, que según el Gobierno «implicó un notorio retroceso institucional». La AFI fue disuelta mediante el Decreto 614/24 y reemplazada por la actual SIDE.

Los cinco intereses estratégicos de la Nación

La política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema: asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.

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Los diez lineamientos estratégicos

El anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos generales que abarcan las principales áreas de interés para la inteligencia nacional.

– El primer lineamiento aborda la «disputa de poder en el escenario de política exterior», donde se reconoce que la competencia entre potencias globales «impacta directamente en regiones periféricas como América Latina». El objetivo es identificar riesgos, amenazas y oportunidades con impacto en la política exterior y seguridad nacional.

– El segundo eje se refiere a la «superioridad de la información y riesgo de influencia externa», con foco en operaciones de desinformación que «buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional».

– El tercer lineamiento analiza el «poder integral de la Nación», incluyendo aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como «la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros» y «la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras».

– Los lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.

Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que «la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales» ha generado «un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas». Se menciona expresamente «la ocupación ilegítima del territorio nacional» en referencia a las Islas Malvinas.

– El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina «por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos».

– El sexto eje estratégico se centra en las «amenazas dentro y desde el ciberespacio», definiendo a este dominio como «vector de influencia y superficie de ataque» que permite a actores estatales y no estatales «proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo».

– El séptimo lineamiento aborda las «ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera», incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que «redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística».

-Los lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.

Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta «exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales», mencionando «el precedente de atentados con impacto regional».

En cuanto al crimen organizado, se lo describe como «una estructura de poder paralela» que en Argentina se beneficia de «la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales» que han favorecido «la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales».

– El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como «herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional».