Después de más de una década de idas y vueltas, debates públicos y controversias ciudadanas, la provincia de Uspallata (Mendoza) recibió luz verde al megaproyecto minero de cobre promovido por PSJ Cobre Mendocino. El pasado martes, la Cámara de Senadores aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, habilitando formalmente la explotación.
El proyecto —también conocido como “mina San Jorge”— prevé una inversión total estimada de USD 559 millones, con una etapa de construcción de entre 18 y 24 meses.Las promesas de sus impulsores hablan de un impacto económico positivo: la generación de unos 3.900 puestos de trabajo en la fase de obra y unos 2.400 durante la operación.Además, según los estudios oficiales, la extracción se realizará mediante un proceso de “flotación mecánica” —sin cianuro, mercurio ni ácido sulfúrico— y con uso de agua proveniente exclusivamente del arroyo El Tigre, con recirculación del recurso para minimizar su impacto.
Para sus defensores, la aprobación representa un paso clave hacia la reactivación de la minería cuprífera en Mendoza, un motor potencial de desarrollo e inversiones tras años de bloqueos.Pero la decisión generó un fuerte rechazo social: organizaciones ambientales, vecinos de Uspallata y asambleas por el agua advirtieron que la megaminería pone en riesgo los recursos hídricos de la región, en un contexto de sequía histórica. Argumentan que la cuenca del río Mendoza abastece a más de un millón de personas, tierras agrícolas y zonas urbanas, por lo que cualquier impacto puede tener efectos profundos.
A partir de ahora, el proyecto entra en la fase de factibilidad técnica y operativa. Las autoridades y la empresa deberán ejecutar estudios, controles ambientales y regulaciones que aseguren —según ellos— un desarrollo “sostenible y responsable”. Los opositores mantienen la vigilancia y advierten que continuarán movilizados para exigir garantías reales de protección del agua, la tierra y las comunidades locales.
