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Idealista | Montevideo
@|Como uruguayo pretendidamente objetivo e independiente de partidarismos políticos, se aprecia cada vez con mayor preocupación el desempeño de los gobernantes surgidos de esas agrupaciones que vienen teniendo a su cargo los destinos de nuestro país.
A nivel general, no ha habido intentos serios por pensar en un futuro de la sociedad que contemple las aspiraciones generales más compartidas por el conjunto de los habitantes, respetando posiciones más específicas y divergentes sobre temas más concretos.
Se mantienen tendencias de ciertos sectores que continúan justificando de cualquier manera lo ocurrido en la etapa de la guerrilla antidemocrática y que pretenden modificar las bases de funcionamiento y desarrollo de la sociedad en temas profundos y de posiciones totalmente encontradas.
En este específico período de gobierno, se constata una marcada falta de orientación hacia un “horizonte ideal” definido; se viene tratando de dejar de lado todo lo hecho por las autoridades que estuvieron a cargo del período anterior; el “choque” de posiciones ideológicas y políticas es permanente.
La conducción presidencial no transmite la debida tranquilidad en cuanto al desempeño esperado y a la capacidad para lograr progresos valiosos en la senda deseada para el país.
Se necesita otro enfoque de la convivencia democrática, muy alejado del que se aplica en la realidad actual. Si bien “todos los bandos” tienen responsabilidad en lograrlo, quien “es mano” es el partido de gobierno.
¡Ojalá que dieran pasos concretos para avanzar en el desarrollo con ese enfoque!
Pero, además, detrás de todo ello se constata el número excesivo de cargos políticos a todo nivel (Parlamento, Ministerios, empresas públicas, etc.) junto con numerosos “asesores” y ocupados por gente que no está preparada para desempeñar las funciones que requieren. Se asignan funciones en función de “reparto partidario”.
La tan mentada “Reforma del Estado” es impostergable, pero nadie se anima a llevarla adelante, por lo difícil de encarar el desafío y por el “costo político” que implicaría.
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