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Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Desatan violencia en Salto.
La reciente aprobación de un fideicomiso impulsado por la Intendencia de Salto (gobernada por la Coalición Republicana) con los votos de tres ediles del Frente Amplio, desató hechos de violencia y la adopción de decisiones políticas a su respecto.
En efecto, no sólo se les “quitó la confianza” por haber dado su voto, sino que la Mesa Departamental de su partido político decidió pasar su conducta al Tribunal de Ética de esa fuerza.
Al parecer, estos legisladores departamentales ya habrían sido expulsados y no integrarían la bancada del partido por el que las obtuvieron, ni lo representarían de aquí en más ni en la Junta Departamental ni en cualquier otro ámbito.
Se trata de una decisión netamente política que deja al descubierto para el ciudadano de a pie, la convicción de que anteponen el interés de su partido al interés público, lo que debiera calibrarse a la hora de evaluar procederes.
Pero lo que resultó aún más afrentoso -incluso para el observador menos informado- fueron los insultos y hechos de violencia con que fueron agredidos estos ediles, al punto de no poder retirarse de la Junta Departamental en sus respectivos vehículos. Debieron hacerlo con custodia policial para garantizarles su integridad física. Algo realmente tan bochornoso como preocupante, ya que este tipo de agresiones no son propias de convicciones republicanas, sino todo lo contrario, obedecen a conductas de tipo totalitario, inaceptables por cierto y que en nada favorecen al clima de buen entendimiento democrático.
Los tres “ediles rebeldes” han esgrimido sus razones o tratado de “fundamentar su voto” -como se dice en los ámbitos político partidarios donde se adoptan decisiones como la que nos ocupa- a estar por lo trascendido; han antepuesto el interés de la gente, al de su propio partido, lo que habla muy bien de su responsabilidad como legisladores departamentales. Ya que en cumplimiento de su función de contralor, impulsaron incluso la conformación de una Comisión de Seguimiento, aceptada por el Ejecutivo Departamental, con la que se pretende seguir de cerca el fiel destino a darse a esos fondos. Fondos con los que se endeuda la Intendencia Departamental a quince años, pero con los que no sólo se podrán pagar adeudos con muchas empresas pequeñas de ese departamento, sino incluso destinarse a obras en asentamientos y hasta la construcción de una piscina.
Se advierte, en esta rebeldía, un saludable apartamiento de una concepción equivocada y mezquina que pretendía anteponer el interés partidario al interés público.
Ante el creciente descreimiento de gran parte de la sociedad tanto en “la clase política”, como en “la política”, bueno sería insistir en que se adopten de una vez por todas (no sólo en Salto, sino también a nivel nacional) decisiones que apunten al desarrollo de nuestro país y al bienestar de las próximas generaciones, (comenzando por ésta) y que no se piense sólo en las próximas elecciones para para asegurar sus bancas al momento de brindar o no su voto.
De esta forma, a mi entender, incluso se fortalecería la propia institucionalidad republicana, lo que no resulta menor.
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