¿Puede ser Uruguay un país petrolero?

El debate sobrela exploración petrolera offshore en Uruguayreaparece de forma cíclica en el espacio público. Cada nueva ronda de contratos, cada avance tecnológico en la industria de los hidrocarburos y cada anuncio de descubrimientos relevantes en otras regiones del mundo reactivan una pregunta que, aunque sencilla en su formulación, encierra una discusión compleja: ¿tiene sentido que Uruguay explore hidrocarburos en su plataforma continental?, ¿qué puede razonablemente esperarse de ese proceso?, ¿y cómo dialoga esa eventualidad con el contexto energético y climático global?

Planteada en abstracto, la exploración no constituye una anomalía ni una excepción. Es natural y esperable que un país busque conocer y explotar su dotación de recursos naturales, reducir las asimetrías de información sobre su subsuelo y evaluar opciones de diversificación productiva orientadas a un mayor desarrollo económico y social. La exploración, entendida como generación de conocimiento, a priori sería una práctica extendida y legítima para identificar estas oportunidades.

La cuestión central, es qué preguntas estratégicas deben discutirse de manera informada antes de generar expectativas económicas, productivas o fiscales a partir de actividades que, por definición, se desarrollan en un marco de alta incertidumbre.

Uruguay ha desarrollado actividades de exploración hidrocarburífera offshore desde comienzos de los años 2000. A través de sucesivas rondas de bloques exploratorios en la plataforma continental se incorporó información sísmica que permitió caracterizar el margen atlántico desde el punto de vista geológico.

Este proceso permitió avanzar desde una situación de conocimiento prácticamente nulo hacia una comprensión preliminar de las cuencas offshore, sus estructuras y sus posibles sistemas petroleros. El hito más relevante fue la perforación del pozo Raya X-1 en 2016, en aguas ultra profundas, que no registró hidrocarburos comercialmente explotables.

Desde una perspectiva técnica, este resultado no invalida la continuidad de los estudios. La exploración petrolera es, por definición, un proceso secuencial y probabilístico, en el que los pozos sin hallazgos forman parte del aprendizaje. Sin embargo, sí ubica con claridad a Uruguay dentro de la categoría de frontera exploratoria, donde el principal resultado esperado en el corto plazo es la generación de información, y no la producción.

La primera pregunta, entonces, es sencilla pero fundamental: ¿qué resulta razonable esperar de la exploración offshore en Uruguay en los próximos años? Si la respuesta es conocimiento geológico y reducción de incertidumbre, el proceso resulta coherente. Si, en cambio, la expectativa es la producción, ingresos derivados de la producción y sustitución de importaciones de crudo en el corto plazo o mediano plazo, la evidencia disponible sugiere cautela.

Una referencia frecuente en los argumentos es Namibia, país que en los últimos años anunció descubrimientos relevantes de petróleo offshore. La comparación se sustenta en una base geológica real: Uruguay y Namibia forman parte de márgenes conjugados, con una historia tectónica común previa a la apertura del océano Atlántico.

Este tipo de analogías es una herramienta habitual en exploración, ya que permite formular hipótesis razonables y justificar campañas exploratorias. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que la analogía no es sinónimo de equivalencia. Compartir un origen geológico no garantiza que todos los elementos críticos de un sistema petrolero —roca generadora activa, migración, reservorios de calidad y trampas efectivas— estén presentes o hayan evolucionado de la misma manera.

En el caso de Namibia, los descubrimientos recientes fueron precedidos por múltiples campañas exploratorias, perforaciones sucesivas y una acumulación progresiva de evidencia. Aun así, esos hallazgos no se tradujeron automáticamente en producción.

Esto conduce a una segunda pregunta clave: ¿cómo interpretar los anuncios exploratorios sin confundir potencial geológico con producción efectiva?

Los descubrimientos realizados en Namibia se concentran principalmente en la cuenca Orange, frente a la costa suroeste del país. Los pozos exploratorios perforados por empresas como Shell, TotalEnergies y Eni se ubican en profundidades de agua que oscilan entre los 2.000 y 3.000 metros, con reservorios localizados a varios miles de metros por debajo del lecho marino.

Se trata de desarrollos técnicamente complejos, comparables a los proyectos offshore más exigentes a nivel global. Esta complejidad condiciona tanto los costos como los plazos de desarrollo.

Los principales anuncios de descubrimientos se realizaron entre 2022 y 2024. Desde entonces, los proyectos ingresaron en una fase de evaluación y delimitación de reservas, que incluye perforaciones adicionales, estudios de ingeniería, análisis económicos y evaluaciones ambientales.

De acuerdo con información pública de las propias empresas y de las autoridades namibias, el inicio de la producción comercial no se prevé antes de 2029–2030, y ello sujeto a la confirmación de volúmenes comercialmente explotables y a la adopción de decisiones finales de inversión. Este desfase temporal —del orden de una década entre el descubrimiento y la producción— es estructural en proyectos offshore de aguas profundas.

La tercera pregunta estratégica emerge con claridad: ¿resulta razonable esperar que una exploración iniciada hoy tenga impacto productivo en un horizonte compatible con las transformaciones del sistema energético global?

Las áreas con mayor potencial exploratorio identificadas en Uruguay se ubican, al igual que en Namibia, en aguas profundas y ultra profundas. Este dato técnico es determinante para evaluar la viabilidad económica de cualquier eventual desarrollo.

Los proyectos offshore en estas condiciones presentan costos de desarrollo elevados. En términos generales, los costos de equilibrio —es decir, el precio mínimo del petróleo necesario para cubrir los costos totales de producción— suelen ubicarse en rangos de entre 60 y 85 dólares por barril, dependiendo del tamaño del yacimiento, la productividad de los pozos y la infraestructura disponible.

En regiones con infraestructura consolidada y grandes volúmenes, como el presal brasileño, estos costos han logrado reducirse de forma significativa. En áreas de frontera exploratoria, sin economías de escala ni infraestructura previa, los costos tienden a ubicarse en el extremo superior de ese rango.

Esto introduce una dimensión adicional: la competencia global y regional por capital. A nivel mundial, los inversores evalúan simultáneamente proyectos offshore en Brasil, Guyana, Surinam, África Occidental y otras regiones. En América del Sur, Brasil ofrece proyectos de gran escala, con menor riesgo geológico y cadenas de suministro ya establecidas. Guyana, por su parte, combina descubrimientos de gran magnitud con costos competitivos.

En ese contexto, Uruguay competiría por capital con proyectos que presentan menor riesgo y mayor rentabilidad esperada. La pregunta no es si Uruguay puede atraer inversión exploratoria —algo que ya ocurre— sino qué probabilidad real existe de escalar hacia un desarrollo productivo frente a alternativas más competitivas.

Otro eje central del debate es el ambiental. La exploración offshore, incluso en su fase inicial, genera preocupaciones legítimas por parte de organizaciones ambientales y actores de la sociedad civil. Estas preocupaciones no son marginales ni ideológicas: se vinculan con la protección de los ecosistemas marinos, las actividades pesqueras, el turismo y los riesgos de incidentes, aun cuando su probabilidad de ocurrencia sea baja.

Reconocer la legitimidad de estas demandas es un punto de partida indispensable. La exploración no es una actividad neutra, y su evaluación ambiental debe ser rigurosa y basada en evidencia científica.

Al mismo tiempo, el desafío consiste en evitar la polarización del debate, donde la exploración se presenta como una amenaza existencial o, en el extremo opuesto, como una solución automática a problemas estructurales del país y un mecanismo inmediato para la atracción de inversiones.

El sistema energético global atraviesa un proceso de descarbonización gradual, no lineal y heterogéneo. Incluso en los escenarios más ambiciosos de mitigación, el petróleo continuará formando parte de la matriz energética durante varias décadas, aunque con una participación decreciente.

Sin embargo, el ritmo del cambio tecnológico, regulatorio y financiero es acelerado. Esto plantea una cuestión estratégica de fondo: ¿cómo se alinean proyectos con horizontes de maduración de entre 15 y 20 años con un mundo que avanza hacia menores emisiones y una descarbonización progresiva?

Para los países productores consolidados, esta transición implica gestionar un eventual declive y asegurarse no retener reservas comercialmente explotables en subsuelo. Para los países en frontera exploratoria, implica evaluar si el momento de ingreso al mercado resulta compatible con las tendencias globales.

Más que ofrecer respuestas categóricas, el debate sobre Uruguay y la exploración petrolera offshore plantea un conjunto de preguntas que merecen ser discutidas de forma abierta e informada:

¿Qué objetivos persigue Uruguay con la exploración offshore en esta etapa?
¿Cómo se gestionan las expectativas generadas en la sociedad frente a un proceso de alta incertidumbre?

¿Qué horizonte temporal de producción resulta razonable para evaluar resultados y tomar decisiones alineadas con un modelo de desarrollo para el país?

¿Cómo se posiciona Uruguay frente a una competencia global por capital cada vez más selectiva?

¿Cómo dialoga todo ello con la trayectoria de transición energética y el posicionamiento del país?

Plantear estas preguntas no supone ni rechazar la exploración ni promoverla de forma acrítica. Supone, más bien, asumir la complejidad del debate y la necesidad de encararlo con rigor técnico, evidencia sólida y coherencia en términos estratégicos. En última instancia, más que preguntarse si Uruguay puede o no convertirse en un país petrolero, la discusión de fondo es cómo cada decisión se integra en una visión de desarrollo de largo plazo. Una visión que reconozca y preserve los principales activos del país: la solidez y credibilidad de sus instituciones, la previsibilidad de sus reglas de juego, la coherencia entre las políticas energéticas, ambientales y productivas, y una marca país asociada a la confianza. Cuidar estos activos, junto con la capacidad de construir diálogos sociales genuinos, informados y transparentes, es una condición central para sostener un modelo de desarrollo consistente y creíble en el tiempo.

– El autor, Alfonso Blanco, es Director del Programa de Transiciones Energéticas y Clima del Diálogo Interamericano. Ex Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).