«Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, expresó la funcionaria.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, adelantó que el Gobierno del presidente Javier Milei apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes”, una medida impulsada originalmente por su antecesora en el cargo, la actual senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, expresó la funcionaria a través de su cuenta en la red social X, según constató la Agencia Noticias Argentinas.
En ese sentido, Monteoliva aseguró que el Ejecutivo no retrocederá en su postura: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”. Además, remarcó que la iniciativa “es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, y sostuvo que el Gobierno la defenderá “a toda costa”.
La ministra también salió al cruce del fallo judicial y cuestionó al magistrado que lo dictó. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, afirmó.
En otro mensaje publicado en redes sociales, Monteoliva sostuvo que “los perjudicados son siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y concluyó con una advertencia: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.
El fallo al que hace referencia el Gobierno fue dictado este lunes por el juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, quien dispuso frenar la vigencia del protocolo destinado a contener movilizaciones sociales y cortes de calles, a partir de una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
