La Corte Suprema de EEUU podría pronunciarse este viernes sobre el uso que el presidente norteamericano, Donald Trump, hizo de la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer unilateralmente aranceles generalizados a la mayoría de los socios comerciales del país. Se trata de una decisión que tendrá importantes implicancias para la Casa Blanca, mientras que cientos empresas reclaman por una compensación.
Los tribunales inferiores dictaminaron en septiembre del año pasado que Trump se había excedido en sus competencias al utilizar la IEEPA como mecanismo para promulgar rápidamente esas tasas de importación, lo que llevó al Tribunal Supremo a tramitar el caso por vía urgente el año pasado.
El martes pasado, el tribunal indicó en su sitio web que este viernes será día de dictamen, lo que sugiere que publicará las decisiones en los casos discutidos. Esta será la primera oportunidad para que el tribunal emita un fallo sobre los aranceles del «Día de la Liberación» de Trump. De todas maneras, se espera que la decisión se dicte a más tardar en junio.
Escepticismo judicial
Durante la defensa oral, los jueces del Tribunal Supremo -incluidos los nombrados por el propio Trump- se mostraron escépticos ante la afirmación del Gobierno de que la IEEPA otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles de forma unilateral. Esto dejó abierta la cuestión de qué podría suceder si el máximo tribunal falla en contra del mandatario.
Trump calificó el asunto como «una cuestión de vida o muerte», mientras que altos funcionarios del Gobierno llevan meses advirtiendo sobre las graves consecuencias económicas que tendría que el Tribunal Supremo anulara los aranceles, que permanecieron vigentes mientras los tribunales examinaban el fondo del caso.
Miles de demandas en curso
En los meses transcurridos desde que el Tribunal Supremo revisó el caso, más de 1.000 empresas presentaron demandas contra la administración en relación con la IEEPA con el objetivo de recuperar los aranceles de importación que debieron soportar.
Según datos publicados el mes pasado por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, a mediados de diciembre el país había recaudado más de u$s133.000 millones en aranceles aduaneros en virtud de la IEEPA.
El problema es que suponiendo que el Tribunal Supremo no describa específicamente en su fallo las medidas correctivas que debe adoptar el Poder Ejecutivo, los casos se remitirán nuevamente a los tribunales inferiores para que tracen el camino a seguir, según afirmaron los abogados de los demandantes.
Por otra parte, si se determina que los aranceles son ilegales, el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) se encargará de gestionar estos miles de demandas y muchas otras que puedan surgir.
Donald Trump
El déficit comercial sostenido de EEUU es para Trump un problema que justifica la Ley IEEPA.
Foto: The White House
Trump critica el eventual fallo adverso
Trump criticó duramente ese posible resultado, que describió en una publicación en Truth Social como una «catástrofe para la seguridad nacional».
Los abogados de su administración argumentaron ante el tribunal que la IEEPA permite al presidente actuar ante «amenazas inusuales y extraordinarias» y en casos donde se declaró una emergencia nacional. Trump sostuvo que los déficits comerciales profundos y «sostenidos» constituyen una emergencia nacional, lo que le permite invocar la ley.
Los demandantes replicaron que, en los 50 años transcurridos desde su aprobación, ningún presidente utilizó esta ley para imponer aranceles. Argumentan que permitir a Trump emplear la norma para promulgar aranceles ampliaría drásticamente sus poderes a expensas de otras ramas del Gobierno.
Otras vías disponibles
Sin embargo, según explicaron expertos en la prensa norteamericana, un fallo adverso para la Casa Blanca no cambiaría mucho de inmediato y que, casi con certeza, implicaría más litigios. Además, por sí sola es poco probable que la sentencia impida que la administración Trump imponga aranceles.
Washington cuenta con otros mecanismos a su disposición, incluida la Sección 232 -que permite promulgar aranceles para todo el sector durante un período determinado- o la Sección 301, que faculta a la Oficina del Representante Comercial de EEUU a imponer tarifas por orden del presidente ante países con prácticas comerciales «discriminatorias» hacia las empresas estadounidenses.
