Carolina Jiménez Sandoval: “Estados Unidos no puede construir un caso de defensa legítima para atacar a Venezuela”

—¿Cuál es la visión y el balance de lo que está sucediendo en Venezuela para la Washington Office on Latin America?

—Lo primero que hay que decir es que es un muy mal precedente el levantarnos en la madrugada del 3 de enero con las noticias de que una capital sudamericana, en este caso la ciudad de Caracas, está siendo bombardeada. Es una grave violación al derecho internacional y obviamente nos recuerda momentos muy oscuros de la historia de América Latina, sobre todo cuando se trata de intervención o injerencia militar de Estados Unidos. Por otra parte, también hay que decirlo, Venezuela ha estado sumida bajo un gobierno profundamente autoritario y represivo ya muchos años y creo que las y los venezolanos viven en este momento en un profundo estado de confusión, conmoción. Pero también hay cierta expectativa en las y los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, de que esto pudiese en algún momento convertirse en un camino hacia la transición democrática a la que las y los venezolanos aspiran. Entonces es un momento regional tremendamente delicado, pero también un momento de mucha tensión y confusión para las y los venezolanos.

—La Washington Office on Latin America ha documentado 32 ataques militares contra embarcaciones del Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre de 2025, con al menos 115 personas muertas, ¿qué elementos jurídicos y fácticos permiten calificar estos ataques como ejecuciones extrajudiciales y no como operaciones legítimas de seguridad o control del narcotráfico?

—Ningún país tiene la potestad bajo el derecho internacional de poder bombardear otros targets que no sean dentro del contexto de un conflicto armado como interés legítimo. Estados Unidos no está técnicamente en guerra ni con Venezuela, ni con Colombia, ni con ninguno de estos países que se encuentran en la zona de operaciones donde se llevan a cabo, hasta hace muy poco, esos operativos. Así que no podía, dentro de un contexto, calificarlos como objetivos de guerra. Por lo tanto, fueron sencillamente ataques militares contra embarcaciones que supuestamente traficaban drogas. De la misma manera, la excusa que se dio para esto fue que eran traficantes de cocaína u otras sustancias prohibidas. De ser así, pues aplican principios básicos del derecho, como la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera. Lo que siempre hizo Estados Unidos, porque estas lanchas y este tipo de formas de realizar el narcotráfico existen desde hace ya mucho tiempo, era a través de su Guardia Costera interceptarlas, tomar a los tripulantes como sospechosos, investigarlos y además así poder extraer información bastante importante para poder realizar investigaciones que además les ayudaba a desmantelar redes de narcotráfico. Sustituyó esa política, que era mucho más efectiva, por una política de bombardeos directos y por eso creemos que constituyen ejecuciones extrajudiciales y no algún tipo de defensa legítima del gobierno de Estados Unidos.

—El hecho de que esas acciones, de la misma manera que la falta de autorización explícita del Congreso de Estados Unidos a actuar en territorio venezolano, no cumplan con todos los aspectos jurídicos correspondientes y constitucionales, lo que usted mencionaba recién: directamente la destrucción de esas naves sin hacer la detención previa, ¿genera a los militares y a las fuerzas de seguridad norteamericanas cuestiones que, luego de que Trump deje de ser presidente, tengan consecuencias jurídicas con ellos?

—Justamente ha habido un debate dentro de Estados Unidos bastante intenso sobre ese tema. Hemos visto en los últimos meses renuncias muy importantes de altos funcionarios en el mundo militar a posiciones que son bastante deseables de tener dentro de la jerarquía militar, incluyendo, por ejemplo, el comandante del Comando Sur, que decidió renunciar a su cargo y que no ha hecho declaraciones al respecto, como suele ser el caso, porque los militares evitan pronunciarse públicamente sobre este tipo de decisiones. Pero creo que sí hay un debate en las Fuerzas Armadas sobre el cumplimiento o no de órdenes que ellos mismos consideran ilegales y, pareciera, lo que nos están indicando esas renuncias es que lo que prefieren es dejar de operar bajo ese esquema antes de seguir cometiendo acciones que ellos mismos consideran ilegales dentro del marco de su esquema constitucional.

“Fueron sencillamente ataques militares contra embarcaciones que supuestamente traficaban drogas.”

—En Argentina, el debate posterior a la dictadura militar dejó en claro que la obediencia debida no exime de responsabilidad frente a crímenes de lesa humanidad, y que cumplir órdenes ilegales tiene consecuencias penales individuales. En ese marco, y considerando que incluso en Estados Unidos legisladores con pasado militar han advertido públicamente a las Fuerzas Armadas sobre la obligación de no acatar órdenes ilegales, ¿cómo explica que un número tan significativo de miembros de las Fuerzas Armadas participe hoy en operaciones que podrían ser consideradas ilegales, como los despliegues y ataques en el mar Caribe, aun sabiendo que esas decisiones podrían acarrear responsabilidades personales en el futuro?

—Hay una diferencia entre los altos mandos, mandos medios y mandos menores. Efectivamente, los mandos menores, probablemente los soldados, la gente que está desplegada, al fin y al cabo sí son más propensos a cumplir este tipo de orden. Sobre los congresistas que firmaron un comunicado, fue una noticia realmente importante en su momento, haciendo un llamado a otros miembros de las Fuerzas Armadas a no cumplir con órdenes que se caracterizan como anticonstitucionales, creo que sí hizo eco en algunos militares. Insisto, en Estados Unidos, como en muchas otras partes, el mundo militar es bastante hermético, probablemente no estamos conociendo todos los debates o las preocupaciones que se dan allí. Pero tampoco creo que sea tan fácil para ninguna persona, y mucho menos para alguien que ha hecho su carrera en la vida militar por 15, 20, 25 años, renunciar de la noche a la mañana. A esta administración todavía le quedan tres años. Si el primer año ha sido tremendamente difícil, todavía es probable que muchos altos mandos militares estaban dando tiempo para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, pero sobre todo, estaban dando tiempo a ver cómo reaccionaba el propio Congreso en cuanto a limitar o no la extralimitación del Poder Ejecutivo. Y creo que en ese contexto, desgraciadamente, el Congreso no terminó reaccionando ni limitando al Poder Ejecutivo. Y habría que ver cómo este 2026 se desarrollan las relaciones cívico-militares en Estados Unidos.

“Hay un debate en las FF.AA. sobre el cumplimiento o no de órdenes que consideran ilegales.”

—¿Teme que finalmente la situación actual termine deslegitimando la lucha por los derechos humanos, es decir, que finalmente lo que realiza Trump logre el efecto contrario al buscado?

—Sí, es un temor real, sobre todo considerando lo que hemos visto en los primeros días. Siempre digo que es importante escuchar a Trump, no es un presidente con muchos filtros y muchas veces suelen subestimarse algunas cosas que él dice con mucha claridad y que muchas personas piensan que son distracciones, etcétera, pero que luego son amenazas que terminan cumpliéndose. En la primera rueda de prensa que el presidente Trump dio después del bombardeo del 3 de enero, la palabra democracia no salió de sus labios en ningún momento. Habló de la importancia de controlar el petróleo venezolano, de gobernar el país, pero en ningún momento habló de una transición democrática. El secretario Marco Rubio intentó, un poco, aclarar lo que sin duda hizo muchísimo ruido dentro y fuera de Estados Unidos, pero no han podido desarrollar realmente lo que sería un plan de transición para Venezuela. Entonces, lo que tememos es que pudiese darse una situación en la que al final del día lo que hay es una transición sin transición o un cambio de Poder Ejecutivo sin ningún tipo de vuelta a la democracia y eso terminaría siendo, obviamente, la permanencia de un statu quo en materia de violaciones de derechos humanos.

—¿Cuáles son los corresponsales que tiene Washington Office on Latin America en Venezuela? ¿Cuál es el contacto que usted tiene con su propia gente de Venezuela?

—Nosotros trabajamos de la mano, en toda América Latina, principalmente con la sociedad civil, dedicada a la defensa de los derechos humanos. En este momento en Venezuela hay organizaciones de derechos humanos dedicadas a documentar las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, acompañar a las víctimas y también a promover soluciones al conflicto. Pero también trabajamos de cerca con otros actores políticos, actores sociales como la Iglesia, actores incluso humanitarios porque, pues, justamente por el tema de Estados Unidos, Venezuela, el tema humanitario y la emergencia humanitaria que vive Venezuela también ha sido muy importante. El tema es que, en los últimos años, hemos visto un gran deterioro del espacio cívico y cada día que pasa nuestros colegas en Venezuela trabajan no solo con muchas más restricciones sino con mucha más censura, y se hace muy difícil obtener información, porque bajo cualquier circunstancia, siempre se debe garantizar su seguridad antes que cualquier otra cosa.

—¿La declaración de Donald Trump respecto de que Delcy Rodríguez está cerrando la cárcel de torturas más famosa de Caracas, el Helicoide, le resulta verosímil?

—No hay nada verosímil hasta que no se concreten acciones. Hemos insistido desde el día uno en que no hay transición posible sin justicia. Y uno de los pasos concretos que podrían darse en ese sentido es justamente la liberación plena de las y los presos políticos en Venezuela. Es un llamado casi unánime. Lo hacen los relatores de las Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidentes del mundo. Es algo en lo que hay un acuerdo generalizado, pero hasta el momento no hemos visto ningún plan o acción concreta para dicha liberación. Ojalá que se dé en los próximos días.

—Usted formó parte de Amnistía Internacional, una organización que tuvo un rol central en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura argentina, en un contexto en el que la política exterior de Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter, se presentaba como promotora de los derechos humanos, especialmente frente a las potencias adversarias de la Guerra Fría. ¿Estamos hoy frente a una paradoja histórica en la que Estados Unidos podría convertirse en objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos, y qué implicancias tendría ese giro para la credibilidad internacional del discurso de derechos humanos?

—Creo que eso ya cambió, considerando lo que ha sido este siglo y el papel que ha jugado Estados Unidos, por ejemplo en Irak, Afganistán y otros lugares. A raíz de la trágica situación que generó el 11 de septiembre, las leyes antiterrorismo promovidas por Estados Unidos generaron que haya violaciones de derechos humanos en cosas que jamás se pensó podrían hacer, que se parecían mucho a lo que eran las dictaduras latinoamericanas, los llamados black sites, en donde la CIA torturaba a personas en Rumania o en Tailandia. El uso de Guantánamo, por ejemplo, los bombardeos ilegales a diferentes países de África y de Medio Oriente. Estados Unidos tiene un récord de violaciones de derechos humanos graves, ya en este siglo, que no pueden decir que son exclusivamente de otras potencias. Lo que sí hay que decir es que Estados Unidos es un país democrático y eso sí lo diferencia mucho de países como Rusia, como China o como otras de las grandes potencias. Entonces, cuando se desvela la información relacionada, por ejemplo, con los centros de tortura de la CIA, la sociedad civil de Estados Unidos pudo exigir rendición de cuentas, pudo llevar al Congreso de la República la información y ponerlo en evidencia. Se discutió muchísimo el rol del propio presidente George Bush en lo que sucedió. Entonces, esa información, si al menos hay un poco de verdad, si bien claramente hay mucha impunidad sobre la comisión de estos crímenes, lo que preocupa hoy en día es que volvamos a una situación en que Estados Unidos nuevamente cometa crímenes muy graves fuera de sus fronteras pero, a diferencia de situaciones anteriores, no haya un espacio de deliberación democrática y de rendición de cuentas dentro de Estados Unidos para poder discutir, debatir y posteriormente procesar información judicial sobre estos crímenes.

“Desgraciadamente, el Congreso no terminó reaccionando ni
limitando al Poder Ejecutivo.”

—Por ejemplo, lo que sucede en Guantánamo no sería juzgado dentro de Estados Unidos. Lo que sucede en el Caribe o en el Pacífico cuando directamente bombardea lanchas presumiblemente con drogas no sería plausible que lo juzgase la Justicia norteamericana.

—Debería hacerlo. Pero para eso, obviamente, necesitamos que las víctimas puedan demandar al gobierno de Estados Unidos por lesión a sus derechos. Hay víctimas colombianas que han intentado interponer esas demandas, pero hasta donde sé, todavía no tenemos noticias sobre si han prosperado o no. Pero si usted es una víctima de violación de derechos humanos cometida por un Estado y, mucho más, un Estado que todavía tiene cierta apertura democrática, en donde todavía hay independencia de poderes, cualquier persona tendría…

—¿Existen casos de familiares que han iniciado demandas en ese caso, o puede ser la propia Washington Office on Latin America o Amnistía Internacional los que sean actores o amicus curiae para llevar adelante causas de este tipo?

—Sí, por supuesto. Han sido identificados los familiares de muchas de estas personas que han sido asesinadas extrajudicialmente en las lanchas. Ese trabajo lo han hecho principalmente los periodistas, porque hay que reconocer que es una información tremendamente difícil de conseguir. Cuando uno ve la única información disponible, ¿qué es lo que se ve? Un video, que coloca el secretario de Defensa o alguna cuenta de X del Comando Sur, de una lancha en el medio del mar siendo explotada. Muchas veces no hay ni siquiera información sobre la ubicación, en el Caribe, en el Pacífico oriental. O sea, saber quiénes son esas víctimas es tremendamente difícil. Fue mucho más fácil al principio, cuando se sabía que era cerca de las costas venezolanas, etcétera. Pero ha sido muy difícil la identificación de las víctimas. Entonces, estamos hablando de al menos 115 personas. ¿Cuántas víctimas han sido identificadas? Poquísimas. E insisto, todo ha sido realmente a través del trabajo periodístico. Entonces, esas víctimas que han sido identificadas tienen que querer buscar justicia, y por ejemplo, las víctimas en Venezuela que han sido identificadas, que son de una parte del oriente venezolano, casi todas han dado información a los periodistas de manera anónima. Porque una vez que ocurrió este ataque, fueron visitadas por las fuerzas de seguridad venezolanas, están bajo tremendo riesgo, entonces no es tan fácil en un contexto de este tipo, que las víctimas puedan sentirse lo suficientemente empoderadas para demandar a Estados Unidos, sobre todo las venezolanas. No solo por lo que implica esa demanda en Estados Unidos, sino por lo que también implica para ellos a nivel de su seguridad en la propia Venezuela. Y lo mismo puede ser en el caso de los trinitarios. Y habría que ver qué pasa con el caso de los colombianos, pero sí creo que sin duda alguna contaría con el apoyo de muchas organizaciones.

—¿Usted considera también víctimas extrajudiciales a las 32 personas de origen cubano que fue confirmado que fallecieron defendiendo en el momento de la extracción de Maduro como guardia pretoriana del presidente venezolano, y las otras veinte o treinta personas venezolanas que supuestamente fallecieron, que el gobierno de Venezuela todavía no dio sus nombres, las considera también, en ese caso, víctimas de actos ilegales por parte del gobierno norteamericano?

—Parto por el principio, y es que el bombardeo o el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela no es legal bajo el derecho internacional. Y partiendo de ese principio, pues se desprende que cualquier incursión, ya sea en el Fuerte Tiuna o en los otros lugares donde puedan haber ocurrido estas muertes, difícilmente puedan asumirse como legales. Uno de los grandes problemas que estamos viendo en este caso es la opacidad. O sea, todavía poco a poco se van apenas conociendo el nombre de quienes fallecieron, el número de personas, etcétera. Entonces, se hace muy difícil saber qué fue realmente lo que ocurrió, pero el ataque fue ilegal bajo el derecho internacional. No veo cómo podemos decir que las muertes fueron legales.

“No han podido desarrollar realmente lo que sería un plan de transición para Venezuela.”

—Concretamente, son asesinatos que van a ser juzgados por la Justicia penal en algún momento.

—Si llegáramos a ver una instancia judicial, sí, son ilegales estas muertes bajo el derecho internacional.

—¿Podríamos decir que el gran cambio de subjetividad se produjo con las Torres Gemelas? Usted mencionaba los ejemplos de barbarie en Irak, en menor medida en Afganistán, que tenga que ver con que por primera vez Estados Unidos vio que era atacado su territorio con las Torres Gemelas y que eso modificó la percepción de lo que es posible y lo que no es posible, intensificando incluso lo que se hacía en Guantánamo.

—Hay una gran diferencia entre lo que pueda considerarse defensa legítima y lo que no. Las Torres Gemelas probablemente constituyen hasta el día de hoy el mayor ataque experimentado dentro de Estados Unidos por fuerzas extranjeras. El tema con el ataque a las Torres Gemelas, que fue un ataque llevado a cabo por grupos terroristas, entonces es muy difícil, y así lo expresamos en su momento, equiparar a grupos terroristas con Estados. Y sin embargo, ya sabemos en qué terminó: siendo atacados Estados completos. En este caso, si bien podemos afirmar, y lo hemos dicho reiteradamente, que Venezuela es un país sumido en la realidad de vivir bajo una dictadura, nadie puede afirmar que Venezuela estaba atacando militarmente a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no puede construir un caso de defensa legítima para atacar militarmente a Venezuela.

—¿Qué expectativas tiene de que realmente se alcance la democracia en Venezuela? Un analista internacional consideraba que habría elecciones en Venezuela recién dentro de dos años, lejos de las expectativas de que volviese a asumir González Urrutia, el presidente electo supuestamente por el voto popular en las elecciones de 2024, o María Corina Machado. ¿Cuál es su propio pronóstico de lo que va a suceder en su país?

—Efectivamente, en este momento estamos lejos de la transición deseable y tenemos que intentar ver cuál es la transición posible. Delcy Rodríguez es la presidenta encargada, su hermano Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial está totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo. Entonces sí tenemos una situación en la que dos hermanos gobiernan un país, ¿que heredan políticamente Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez? Ilegitimidad. La ilegitimidad de origen que tenía Nicolás Maduro la hereda en este momento Delcy Rodríguez, como decía hace poco el defensor venezolano Rafael Uzcátegui. ¿Qué tendría que cambiar? Obviamente tendrían que cambiar las autoridades de facto y para eso es muy probable que se necesite un nuevo período, un nuevo evento electoral. Porque si algo quedó claro es que este grupo en el poder no acepta bajo ningún concepto el resultado electoral del 28 de julio de 2024. Entonces, muy probablemente tendremos que movernos hacia un período electoral que tiene que darse en condiciones justas y con un Consejo Nacional Electoral Independiente, que no fue el caso de 2024. Por eso es que justamente el Consejo Nacional Electoral no reconoció la victoria de González Urrutia. Nos preocupa que en el marco de este inicio de cambio no se haya hasta ahora tocado el sistema de represión. Los actores más importantes del sistema de seguridad, el sistema de represión, se mantienen más o menos en los mismos cargos, e incluso ahí fueron movidas algunas piezas en donde se ha colocado a antiguos represores en cargos aún más importantes. Entonces, va a ser muy importante ver no solo que haya un cronograma electoral y que se garanticen condiciones justas para esas elecciones, sino también que se comience a desmantelar el aparato represivo y a reconstruir algunas instituciones democráticas que están totalmente cooptadas por el poder de facto.

“No hay transición posible sin justicia y sin la liberación plena de las y los presos políticos.”

—¿Podríamos decir que la represión es mayor hoy de la que era cuando estaba Maduro? Entrevisté esta semana a un secretario del Sindicato de Periodistas de Venezuela que decía que en los últimos días hubo diez periodistas encarcelados cubriendo manifestaciones en la calle.

—Es la continuidad de una política sistemática de represión. Nicolás Maduro utilizó la represión para ejercer el poder justamente por su falta de legitimidad. Delcy Rodríguez está utilizando la represión para ejercer el poder justamente por su falta de legitimidad. Habrá días en que efectivamente veremos picos, como el que vimos hace poco, de diez o catorce periodistas y trabajadores de la prensa detenidos. Y habrá días en que veremos menos de esos picos, pero es más o menos una situación de continuidad de la represión.

—Usted decía que los hermanos Rodríguez, Delcy en el Ejecutivo y su hermano en el Legislativo, controlan el poder en Venezuela. ¿Es así, el poder lo pueden tener dos civiles o finalmente, de la misma forma que el poder no lo tenía Maduro, el poder lo tiene el ministro de Defensa o Diosdado Cabello?

—El poder en Venezuela, después de la muerte de Chávez, tuvo que dividirse en varios factores. Eso marca una gran diferencia, la llegada al poder de Maduro y la muerte de Chávez. Hugo Chávez fue el gran caudillo carismático de la historia contemporánea de Venezuela, militar además, como hay que recordar siempre. Tal vez uno de sus atributos políticos principales era la posibilidad de aglutinar a diferentes facciones bajo su control. Cuando Hugo Chávez muere y Maduro es básicamente elegido como su sucesor, nunca ha tenido ni el capital político ni el carisma de Chávez, además de no tener tampoco ningún tipo de rango militar, tuvo que administrar las dádivas para poder mantener el control del país y eso implicó tener una relación muy diferente con las Fuerzas Armadas. Consistió no solo en darle poder político, sino también mucho poder económico, tanto poder económico formal como acceso a las economías ilícitas, y también gestionar grandes diferencias dentro de su partido y dentro de su movimiento político. Eso llevó a la fragmentación del poder. Pero Nicolás Maduro intentaba administrarlo porque dependía de todos esos factores del poder para mantenerse él mismo en el poder, hasta que ya no pudo mantenerse más.

—Dado que el actual régimen no acepta el resultado de las elecciones de 2024, ¿cómo imagina el futuro de María Corina Machado en un eventual acto electoral, sea dentro de uno o dos años?

—En este momento, María Corina Machado es la líder más popular en el país, eso es innegable, y es la cara más visible de la oposición a nivel internacional. Una solución democrática y una transición hacia la democracia tienen que pasar por incluir tanto al presidente electo como a María Corina Machado en cualquier negociación. Es cierto que las diferencias y las tensiones políticas entre María Corina Machado y el actual grupo en el poder se sienten casi insalvables. Si María Corina Machado quiere estar en la tarjeta electoral, porque en este momento está ilegalmente inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, eso solo podría darse bajo un proceso de negociación. Y para que ese proceso de negociación ocurra, probablemente tendría que haber concesiones políticas de parte del movimiento político de Machado. Eso está por verse. Pero es lo que probablemente en este momento muchos venezolanos esperan, por el liderazgo que ella representa.

—De alguna manera, González Urrutia fue candidato porque ella no podía serlo, por esta misma inhabilitación que usted menciona, ¿podría volver a repetirse una situación así, que el candidato fuera alguien que represente a María Corina Machado, aunque ella esté inhabilitada?

—Eso sería un poco asumir que tengamos el mismo statu quo legal, y que estas inhabilitaciones ilegales se mantengan. Pero, si no hay un cambio o una mínima transformación del Poder Judicial, es probable que se mantengan inhabilitaciones a aquellos actores políticos que el grupo de facto en el poder considera representan la mayor amenaza a su sobrevivencia política. Por qué se ilegaliza la posible candidatura de María Corina Machado, porque representaba una enorme amenaza política. Otros políticos de Venezuela no representan esa amenaza política, por eso hablo de negociaciones. Solo cuando ella deje de representar esa amenaza política para un grupo como este, podría darse la oportunidad de que ella, como además tiene derecho, pueda ejercer su derecho a participar políticamente. Pero es cierto que en el contexto en el que vive Venezuela, quienes están en el poder van a exigir garantías para su sobrevivencia política. Y eso es lo que hasta el momento ha sido muy difícil, que esas garantías que en algún momento se les ofrecen sean suficientes para que ellos puedan salir del poder, y dejar que otros participen en la política venezolana.

“Estados Unidos tiene un récord de violaciones de derechos humanos graves, ya en este siglo.”

—¿Cree que el hecho de que María Corina Machado esté fuera de Venezuela era parte de la estrategia previa para que ella incluso no pudiera volver durante toda esta transición y no fuera un objeto de conflicto dentro de Venezuela en este momento?

—En reiteradas ocasiones desde su escape fuera de Venezuela, ha dicho que quiere volver. No sabemos si eso va a ocurrir, y en este momento permanecer fuera del país es parte de una estrategia de hacer mucho lobby e incidencia internacional para asegurarse de que varios actores de la comunidad internacional apoyen su causa. Pero también es cierto que para muchos venezolanos su presencia en Venezuela era un símbolo de resistencia. Entonces es bastante difícil medir qué estrategia es para ella y para su grupo político la más rentable a nivel político. Es importante su presencia fuera de Venezuela para hacer incidencia con actores internacionales. Pero también siento que en Venezuela hay una gran necesidad por ver a los liderazgos comprometidos. Lo que sí es cierto es que estando dentro Venezuela también sabemos que su seguridad ha estado muy comprometida. Ella tiene, sin duda alguna, decisiones muy difíciles que tomar en cuanto a ese tema.

—Entrevistamos a un analista venezolano en estos días que nos decía que estadísticas confiables indicaban que el chavismo tenía todavía el 30% de apoyo popular. Más o menos es lo mismo que tiene el correísmo en Ecuador, lo mismo que tiene el kirchnerismo en la Argentina. ¿Cuál es el futuro político que usted le ve al chavismo? ¿Si va a ser un jugador permanente, incluso una eventual recuperación democrática… siendo partido de oposición, por ejemplo?

—Los movimientos populistas de la región tienen un enorme poder de sobrevivencia política, de izquierda y de derecha. No necesariamente perecen, sino que se transforman y mutan y se mantienen en el juego político de manera más o menos activa en el tiempo. Y no veo que el chavismo vaya a ser diferente. Lo que será muy importante es que el ala más moderada del chavismo y el ala que pueda entender la importancia de la senda democrática sean quienes tomen las riendas del partido. No creo, honestamente, que ningún venezolano quiera votar por un Diosdado Cabello para ser presidente de Venezuela o para tener un cargo de elección popular.

—¿Pero por Delcy Rodríguez, por ejemplo?

—Es probable que Delcy Rodríguez, así como Nicolás Maduro recibió votos en 2024, recibiría votos en otro momento. Sí van a ser liderazgos que van a recibir votos, pero son obviamente una minoría. O sea, que dos tres de cada diez venezolanos voten por ellos representa una minoría. Pero para una transición democrática será necesario garantizar el futuro político del chavismo. De la misma manera que será necesario garantizar que ese chavismo se convierta en un movimiento democrático. De lo contrario, dentro de algunos años estaríamos volviendo a una situación en la que el chavismo querría controlar el poder y asfixiar cualquier tipo de disidencia.

“Es muy difícil, y así lo expresamos en su momento, equiparar a grupos terroristas con Estados.”

—¿Qué diferencias sustantivas observa entre el régimen venezolano y el régimen cubano en términos de estructura de poder y sostenimiento político, a la luz de declaraciones de dirigentes estadounidenses como el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Donald Trump, que sostienen que Cuba estaría “cayendo”? ¿Cómo evalúan desde la WOLA ese tipo de lecturas?

—Si algo ha demostrado Cuba después de 67 años, es que ha sabido sobrevivir todos los embates que ha tenido en su historia. O sea, cuando un régimen populista, autoritario, como el cubano logra sobrevivir casi siete décadas después del período especial, después del fin de la Unión Soviética. Ahora, después de la caída de sus principales aliados, demuestra un nivel de resiliencia política más allá de lo impensable. Estamos en otros tiempos. Qué puede hacer Trump para acelerar ese cambio está por verse. No sé si se atrevería en este momento a arriesgarse a otra aventura militar, considerando que este año ya vienen las elecciones de congresistas, y su base no es amiga de las aventuras militares o de las operaciones militares fuera. Pero no hay que subestimar la resiliencia política de la dictadura cubana, de la misma manera que no hay que subestimar las amenazas de Donald Trump. Hemos aprendido en estos últimos días la importancia de lo segundo. Y en estas últimas décadas, la importancia de lo primero. Sí, Cuba está muy asfixiada económicamente. La salida de Venezuela del juego de la cooperación económica hacia Cuba es importante. Pero México desde hace ya un tiempo había superado a Venezuela en cuanto a ser el principal suministro de petróleo, y hay otros Estados que mantienen una cooperación con Cuba, aunque la situación humanitaria puede generar mayor resistencia civil de la que se esperaba en la propia nomenclatura cubana.

—Distintos análisis sostienen que hitos como el 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera de 2008 y la pandemia marcaron un cambio de época, erosionando certezas sobre la paz, la globalización y el sistema económico, y contribuyeron al surgimiento de liderazgos de derecha y extrema derecha. En ese nuevo contexto, ¿cree que organizaciones históricas de derechos humanos como la Washington Office on Latin America o Amnistía Internacional corren el riesgo de ser percibidas como portadoras de valores del siglo XX que ya no interpelan plenamente la subjetividad política del siglo XXI?

—Lo que hace es que simplemente nos redefinamos, no que nos apeguemos exclusivamente a los principios de trabajo del siglo XX. Nosotros seguimos manteniendo nuestro apego a los principios fundamentales de los derechos humanos. No desaparecieron simplemente porque hubo un bombardeo sobre Caracas el 3 de enero de 2026. Pero sí, es cierto y creo que es una reflexión que está teniendo el movimiento de derechos humanos a nivel mundial y ciertamente en América Latina, que la verdad importa mucho menos hoy en día de lo que importaba hace veinte años. Las comunicaciones se manejan de una manera muy distinta. Y la creencia que teníamos muchos de que la democracia era un bien común, deseado por todos, no es la realidad que todos pensamos. Eso implica que tenemos que reformarnos nosotros también como sociedad civil, aprender a utilizar las comunicaciones de una manera muy distinta, pero también a comprender que el desencanto que viven muchas poblaciones, sobre todo la población joven, por ejemplo personas que se sienten totalmente fuera de las ganancias, de una democracia que no les rindió frutos, también tienen que ser escuchadas por nosotros los defensores de derechos humanos, por las organizaciones de la sociedad civil, por las y los políticos tradicionales, por los actores políticos tradicionales, desde la Iglesia hasta los partidos y los sindicatos. Y si no hay una verdadera escucha para entender ese desencanto y ese enorme descontento y transformarlo en nuevas maneras de relacionarnos con diferentes grupos poblacionales, allí sí creo que estaríamos todas las organizaciones pereciendo en el cambio de época. Pero a medida que nos vamos transformando, estamos intentando también cambiar con los tiempos.

“Nadie puede afirmar que Venezuela estaba atacando militarmente a Estados Unidos.”

—Algunas voces críticas, como la del exdiputado Armando Armas, han expresado que organizaciones de derechos humanos, mecanismos internacionales y tribunales como la Corte Penal Internacional parecen aplicar un doble estándar cuando comparan casos como los de Vladimir Putin, por el cual la CPI ha emitido órdenes, y el de Nicolás Maduro, sobre quien aún no se ha actuado en ese sentido. ¿Existe, desde su perspectiva, una autocrítica que deban hacer las propias organizaciones de defensa de derechos humanos o los organismos internacionales sobre posibles dobles estándares?

—Los dobles estándares existen de ambos lados. Y sí creo que la autocrítica es absolutamente necesaria. Las dictaduras existen en la extrema izquierda, en la extrema derecha, y la violación de derechos humanos que ambos extremos cometen deberían ser condenadas de la misma manera y con la misma contundencia por todos. Y lo cierto es que no ha sido ese el caso con Venezuela, con Cuba y con otros. Esa es una realidad, y así lo hemos dicho en miles de ocasiones. Los dobles estándares también se dan desde el otro lado, también tenemos presidentes de derecha elegidos democráticamente que no quieren, por ejemplo, criticar a Nayib Bukele por las violaciones graves de derechos humanos que está cometiendo en El Salvador. Entonces, los dobles estándares existen de ambos lados, y al final del día siempre impactan negativamente a las víctimas. Entonces, sí se necesita una reflexión sobre lo que ha ocurrido. El caso venezolano efectivamente muestra las limitaciones del propio derecho internacional, y eso no hay que esconderlo. Por un lado, fue muy difícil lograr que muchas de las recomendaciones que habían dado diferentes organismos de derechos humanos para que Venezuela pudiese primero detener y cesar la política de represión, pero también transitar a la democracia, se pudieran implementar. Muchos países latinoamericanos prefirieron hacerse ciegos ante la realidad. Pero también se muestran las limitaciones del derecho internacional cuando Estados Unidos se arroga la facultad de ir a bombardear Caracas el 3 de enero. Entonces, las limitaciones del derecho internacional han estado presentes desde que el derecho internacional existe, y este siglo parece ponerlas de relieve de una manera que es mucho más retadora. Pero no por eso hay que descartar el derecho. Lo que creo es que hay que tener una reflexión profunda sobre cuáles son los mecanismos actuales que tenemos para implementarlo y cómo tienen que transformarlo para hacerlo real y cercano a la gente, y no necesariamente solo a las discusiones que tenemos en tribunales o en organismos internacionales.

Producción: Sol Bacigalupo.