“El Gobierno está abierto. Es importante buscar ese consenso«. La definición de Patricia Bullrich durante su paso este sábado en Mar del Plata enmarca el sentido que el Gobierno le imprimirá desde esta semana a la reapertura de las negociaciones en el Senado para acelerar en febrero la sanción del proyecto de reforma laboral de la Casa Rosada. La ex ministra de Seguridad y actual titular del bloque libertario en la Cámara alta anticipó, en esa línea, que desde este viernes se convocarán a representantes de sectores políticos y sociales a la comisión técnica que el oficialismo habilitará en el Senado en la apuesta de llegar a febrero con una amplio consenso sobre la iniciativa.
La gestión de Bullrich en el Senado se complementa con otra pata de la estrategia oficial para apurar la sanción de la reforma: se trata de tarea que comenzó a desplegar la semana pasada el ministro del Interior, Diego Santilli, para aceitar el vínculo con los gobernadores con el propósito de garantizar el apoyo de sus legisladores al proyecto. En ese plan el funcionario estuvo el último miércoles en Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio Torres, y prevé volver a la provincia esta semana junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para asistir en los operativos de contención del fuego en las zonas más afectadas por los incendios en ese distrito.
El raid de Santilli lo llevará, a su vez, este lunes a Resistencia, en donde mantendrá una reunión con el gobernador Leandro Zdero, aliado a La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas, mientras el miércoles recibirá en la Casa Rosada al pampeano Sergio Ziliotto. La agenda del funcionario incluye, además, una visita a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo el jueves 15, a la que podrían sumarse nuevas recorridas en otros distritos en los próximos días.
En esa ronda de encuentros Santilli buscará contener el creciente malestar que varios mandatarios expusieron en los últimos días contra parte del capítulo tributario incorporado en el proyecto de reforma laboral, especialmente por el impacto del artículo 191 de la iniciativa del Gobierno que introduce modificaciones en la aplicación del impuesto a las Ganancias para empresas. Según advirtieron algunos mandatarios, esos cambios incluyen un recorte de la alícuota del tributo, lo que redundaría en una reducción de su recaudación y, por lo tanto, de los fondos que se coparticipan a las provincias. Según diversos informes, por ese cambio las provincias podrían perder ingresos por alrededor de $ 5.000 millones mensuales.
A la estrategia planificada por el Gobierno para conseguir adhesiones para el trámite legislativa de la reforma se contrapondrá, por su parte, el despliegue que también proyecta el actor más crítico de la iniciativa: la conducción de la CGT. Luego de la multitudinaria movilización del 18 de diciembre a Plaza de Mayo, previa al anuncio de Bullrich de postergar para febrero el tratamiento del proyecto en la Cámara alta, los jefes cegetistas decidieron profundizar en su propio plan para bloquear los aspectos que consideran «inaceptables» de la reforma.
En esa línea, y a la par que apuestan fuerte a la vía judicial (interpretan que la Justicia dispondrá la inconstitucionalidad de algunos puntos centrales como la limitación del derecho a huelga, como lo hizo en instancias previas), pondrán en marcha su propia recorrida en las provincias con la intención de convencer a los gobernadores de que no acompañen el proyecto de la Casa Rosada. «Ellos ya reclamaron por el recorte de los fondos coparticipables, y creemos que muchos comparten nuestras críticas sobre otros puntos», enfatizó uno de los referentes de la cúpula de la central sobre los propósitos de la recorrida que preparan en el interior, y que arrancará en los próximos días con la visita al Norte (Tucumán, Salta y Catamarca, en principio) y luego seguirá en Córdoba.
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