Este año, el Congreso se convertirá nuevamente en un campo de batalla. Son múltiples las iniciativas que el Gobierno nacional pretende aprobar, pero una de las que más polémica generó es la denominada “modernización laboral”. El tratamiento de este proyecto quedó postergado al menos hasta el 10 de febrero, luego de que fracasara el intento de aprobarla durante el período de sesiones extraordinarias que se desarrolló desde el 10 al 31 de diciembre.
Lo cierto es que el tratamiento de la iniciativa que se incluyó entre los seis temas enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso se suspendió por la falta de consensos. Sin embargo, la senadora libertaria Patricia Bullrich ponderó que se logró avanzar con la firma de un dictamen sujeto a modificaciones con el objetivo de sumar apoyos antes de llevar el proyecto al recinto, aunque esta posibilidad no termina de saldarse en la mesa chica del presidente.
Debate pospuesto
La postergación se resolvió en una jornada de fuerte resistencia sindical y política. Ese día, la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales, se movilizó hacia la Plaza de Mayo y las calles aledañas para expresar un contundente rechazo a la iniciativa oficial. “Sigan sin escucharnos y se encontrarán en una profundización de este plan de lucha”, advirtió Jorge Sola, uno de los triunviros de la CGT, ante la multitud concentrada frente a la Casa Rosada.
Ahora, el Gobierno inició una serie de negociaciones para reunir los porotos necesarios en el Senado y evitar un nuevo fracaso legislativo. Según trascendió, el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó una ronda de diálogo con gobernadores y entre los puntos que podrían sufrir modificaciones está el capítulo tributario, que genera preocupación entre los mandatarios provinciales por la rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, un tributo coparticipable que impacta directamente en las finanzas provinciales.
