Entre el 10 y el 30 de diciembre, el Congreso nacional llevó adelante un nuevo período de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo con un temario acotado pero de alto impacto político, económico y social. Si bien el oficialismo logró avanzar con algunos de los proyectos centrales, otros quedaron empantanados por falta de consensos y se espera que vuelvan a la agenda en un posible segundo llamado en febrero.
El temario oficial incluía seis iniciativas clave. Sin embargo, solo dos lograron superar el trámite parlamentario y convertirse en ley.
Lo que se aprobó
El principal logro del Gobierno fue la sanción del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, una herramienta clave para definir el rumbo económico del año. Se trata de una ley esperada por todos los sectores, luego de que el presupuesto se prorrogara durante dos años consecutivos.
También, se aprobó el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones relevantes en materia tributaria. La norma actualiza los umbrales que determinan cuándo una infracción pasa del ámbito administrativo al penal, acota los plazos de prescripción de las facultades del fisco para determinar o exigir tributos y establece reducciones de hasta el 90 por ciento en multas administrativas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas en determinados casos.
Lo que no avanzó
Entre los proyectos que quedaron pendientes se encuentra la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que propone que el Presupuesto nacional proyecte resultados equilibrados o superavitarios y establece un mecanismo automático de ajuste ante caídas de ingresos o incrementos del gasto.
Tampoco avanzó el Proyecto de Modernización Laboral, uno de los puntos más sensibles del temario. La iniciativa incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cambios en el régimen de vacaciones, modificaciones en los contratos por tiempo indeterminado y la introducción de los llamados “salarios dinámicos”. Su tratamiento fue postergado al menos hasta el 10 de febrero, en busca de consensos con bloques dialoguistas y gobernadores.
En la misma situación quedó la Reforma del Código Penal, que propone endurecer las penas para delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, además de ampliar las sanciones por corrupción, delitos contra la familia y accidentes de tránsito por imprudencia.
La cuarta iniciativa que no prosperó es la modificación a la Ley de Glaciares (26.639), que apunta a flexibilizar las restricciones vigentes sobre actividades económicas en zonas glaciales y periglaciales. La iniciativa generó resistencia en sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas.
Con este escenario, el Gobierno apuesta a un nuevo llamado a sesiones extraordinarias en febrero, con el objetivo de retomar los proyectos que quedaron en suspenso y volver a intentar avanzar con su agenda legislativa.
