La Cámara Empresaria de Transporte Automotor de Pasajeros de Tandil presentó este lunes una nota formal ante el Concejo Deliberante solicitando el mecanismo de «pronto despacho» para que se trate de manera urgente la actualización de la tarifa del boleto de colectivos, que permanece trabada desde hace más de dos meses.
Desde el sector advierten que la continuidad del servicio público «está en riesgo» por el deterioro financiero provocado por la demora administrativa y el recorte de subsidios provinciales.
El reclamo fue elevado al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y apunta a destrabar un expediente iniciado el 12 de noviembre de 2025, en el que las empresas habían solicitado un reajuste del 29% en la tarifa. Sin embargo, la discusión quedó empantanada por diferencias políticas entre los bloques y nunca llegó al recinto para su votación.
El conflicto se originó en la última sesión del año pasado, cuando La Libertad Avanza se negó a convalidar el dictamen de la Comisión de Transporte que fijaba el valor del boleto plano en $1.506, alegando un error de cálculo por arrastre de actualizaciones anteriores, y proponiendo un valor de $1.466. Aunque el oficialismo y Fuerza Patria contaban con los votos para aprobar el dictamen, decidieron no avanzar y devolver el tema a comisión, donde desde entonces permanece sin resolución.
Mientras tanto, la situación económica del sistema se agravó de manera significativa. Según explicaron desde la Cámara Empresaria, el pedido original de aumento se había calculado con la expectativa de recibir un subsidio provincial (CCP) de unos $242,5 millones mensuales, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 272/25 del Ministerio de Transporte bonaerense. No obstante, el monto efectivamente transferido fue de apenas $159,7 millones.
Ese faltante de más de $80 millones mensuales, señalan, generó un fuerte desequilibrio en la ecuación entre ingresos y costos. «La necesidad técnica de actualización tarifaria se elevó al 46,3% para cubrir los costos de explotación», indicaron las empresas, aunque aclararon que no están solicitando formalmente ese porcentaje, sino que lo mencionan para dimensionar la gravedad de la crisis.
En la nota presentada ante el Concejo, el sector advierte que la prolongación del atraso tarifario y el incumplimiento de los subsidios provinciales «afectarán, sin lugar a dudas, la continuidad y eficiencia del servicio público esencial que utilizan diariamente los ciudadanos de Tandil».
El «pronto despacho» es una herramienta prevista en la Ordenanza General 267 de la Provincia de Buenos Aires, que obliga a la administración pública a expedirse cuando se han vencido los plazos legales para resolver una petición, especialmente en servicios públicos esenciales. De persistir la demora, podrían generarse responsabilidades administrativas.
Las empresas esperan ahora una definición inmediata del Concejo Deliberante para evitar, según advirtieron, «el colapso del sistema de transporte urbano» en la ciudad.
