La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un nuevo informe de la represión a la protesta. Allí, analizó el accionar de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones públicas que se realizaron durante todo el 2025. El documento se suma a otros dos relevamientos especiales elaborados por el organismo: el primero, al cumplirse un año de gestión del Gobierno nacional en diciembre de 2024, y, el segundo, al cierre del primer semestre de 2025.
Lo cierto es que la CPM comenzó a monitorear sistemáticamente los operativos de seguridad desplegados en las protestas sociales desde que se dictó la Resolución 943/2023, conocida como “protocolo antipiquetes”. El objetivo es, exclusivamente, controlar el accionar policial y prevenir violaciones a los derechos humanos.
Represión en ascenso
Según el nuevo informe, entre el 10 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025 se monitorearon 139 movilizaciones y protestas sociales en todo el país y en 51 de ellas se registraron hechos represivos, lo que representa un 37 por ciento del total. Como consecuencia de estos operativos, se contabilizaron 2.585 personas heridas y 258 personas detenidas de manera arbitraria.
Pero el documento advierte que la represión se intensificó de manera significativa durante 2025, segundo año de gestión del Presidente Javier Milei. En ese período, se monitorearon 79 movilizaciones, de las cuales 34 registraron episodios represivos, lo que equivale al 43 por ciento del total.
El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, durante 2024, se reprimieron 17 de las 60 movilizaciones monitoreadas, es decir un 28 por ciento. De este modo, la Comisión concluyó que en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones reprimidas en comparación con el año anterior.
Personas afectadas
En ese marco, el informe puso el foco en las personas y grupos especialmente afectados y precisó que, solo durante 2025, se registraron 1.369 personas heridas, de las cuales 184 son trabajadores y trabajadoras de prensa, 20 son defensores y defensoras de derechos humanos, 155 son adultos mayores y cinco son menores de 16 años.
Asimismo, se detalló que las personas heridas presentaron lesiones de distinta gravedad, producto del uso intensivo y desproporcionado de la fuerza. Entre las principales lesiones relevadas se encuentran:
-Impactos de postas de goma en rostro, cabeza, cuello y tórax, muchas veces disparadas a corta distancia o a quemarropa, en violación de los protocolos vigentes.
–Quemaduras e irritaciones por gas pimienta y gas lacrimógeno en ojos, boca y rostro, en numerosos casos arrojados de manera directa sobre las personas.
-Lesiones provocadas por el uso de armas Byrna, que disparan municiones químicas.
–Traumatismos de cráneo.
–Dificultades respiratorias agudas, broncoespasmos, crisis de angustia, ataques de epilepsia y descompensaciones por presión.
-Golpes con escudos y tonfas en brazos y piernas.
Movilizaciones pacíficas
En ese sentido, la Comisión subrayó que la represión no fue generalizada, sino selectiva. “El uso de la violencia directa se registró en 34 oportunidades, con variaciones en el tipo de fuerza desplegada, la cantidad de efectivos y el grado de hostigamiento, pese a que todas las manifestaciones monitoreadas fueron pacíficas en cuanto al accionar de los manifestantes”, suscribieron.
Así, se incluyó un cuadro en el que se señaló con fecha cada una de las movilizaciones realizadas y se especificó cuáles de ellas registraron episodios represivos y cuáles no. Entre las que sí contaron con represión, están las movilizaciones de jubilados y jubiladas, en distintas fechas del año, marchas de organizaciones sociales y sindicatos, protestas vinculadas a ATE, CTA y CTERA y manifestaciones en defensa de la educación y la salud pública.
El 12 de marzo, un punto de inflexión
De esta manera, el informe dedica un apartado especial a la jornada del 12 de marzo. Según consideró la CPM, ese día se llevó a cabo el “mayor despliegue represivo de las fuerzas de seguridad desde el 2001”. Durante el operativo, se produjeron 114 detenciones, entre ellas las de “dos menores de 12 y 14 años que salían de la escuela y fueron acusados de arrojar piedras contra la Casa Rosada”.
Además, durante esa misma jornada se registraron 672 personas heridas, el número más alto relevado en una sola movilización desde que la CPM realiza los monitoreos. Entre los casos más graves, se destacó los de Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes «perdieron la visión de un ojo por el impacto de balas de goma».
“Ese mismo día ocurrió el caso que reviste mayor gravedad hasta la fecha: la herida provocada al fotógrafo Pablo Grillo, afectado por el impacto de una granada de gas lacrimógeno arrojado por un efectivo de la Sección de Empleo Inmediato de GNA, identificado posteriormente como Héctor Jesús Guerrero, que le provocó un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica”, añadió el texto. Grillo estuvo 83 días en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y actualmente se encuentra en un proceso de rehabilitación.
Acciones judiciales
Frente a este escenario, la Comisión Provincial por la Memoria remarcó que, desde 2014, se han impulsado diversas acciones judiciales: 37 denuncias penales, 3 presentaciones e informes ante organismos internacionales de derechos humanos, 1 habeas corpus preventivo colectivo, 1 ampliación de habeas corpus, 1 presentación como amicus curiae.
