El Gobierno reunió por primera vez en el año a su Mesa Política para empezar a definir la estrategia de cara a la segunda tanda de sesiones extraordinarias que tendrá a la Reforma Laboral como plato fuerte. Si bien discutieron sobre los reclamos recibidos -como el de los gobernadores por los cambios en Ganancias- no confirman modificaciones al texto y esperan el poroteo fino del Senado.
Sin el presidente Javier Milei, el encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; su par de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Ratificaron que las extraordinarias empezarán en los primeros días de febrero –Bullrich apuesta a conseguir la media sanción de la Reforma Laboral el 11 de febrero– y analizaron la posibilidad de sumar al temario el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se firmará este sábado en Paraguay.
Por su parte, gana peso la idea de postergar para marzo la reforma del código penal. «No tiene sentido discutir 800 artículos a las apuradas en dos semanas», reconocen. Prefieren concentrar la energía en la Reforma Laboral, que ya tiene dictamen de comisión y está lista para ser votada en el recinto.
Más allá de la CGT -que se opone al proyecto en su totalidad y está moviéndose para convencer a legisladores- los interlocutores del oficialismo recibieron sugerencias y reclamos de bloques aliados y de un grupo de gobernadores que está preocupado por la caída en la recaudación que sufrirán en sus provincias si se modifican las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades.
En efecto el artículo 190 del proyecto propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3, bajando el porcentaje del 30% al 27% y el del 35% por una alícuota del 31,5%.
Sin embargo, este viernes los funcionarios decidieron que van a insistir con el proyecto tal como está y salir a defenderlo con números. «Si no pasa es un problema para nosotros pero para ellos también. Para todos«, presionan.
Desde la Rosada señalan que con el proyecto tal como está las provincias van a perder un 0,15 % del PBI en recaudación, pero buscarán convencerlos de que con el crecimiento económico que generará la modernización laboral lo van a recuperar con creces, aunque reconocen que el impacto se verá recién en 2027.
«Hoy muchas provincias tienen más del 50 % de la economía en negro. Pero con que 400 mil trabajadores entren en la formalidad ese 0,15 % ya se recupera. No es una cifra inalcanzable», recalca Santilli.
El mendocino Alfredo Cornejo, que se reunió el jueves con el ministro de Interior, parece haberse convencido. «Puede implicar menos recaudación en el corto plazo pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales», declaró.
Pero los demás mandatarios están pidiendo una «compensación» para sobrevivir al 2026. «Hasta ahora no tuvimos propuesta y por supuesto que hay preocupación y se están evaluando distintas alternativas porque los gobernadores no están para ceder en semejante cantidad», señala una fuente que trabaja en la coordinación entre mandatarios de distintas provincias.
Esa postura choca con la de otros oficialistas que creen que es necesario tomar en cuenta las sugerencias de los aliados, para garantizarse la aprobación de esta ley pero también para mantener unido al grupo de los 44 senadores (el oficialismo más los dialoguistas) de cara a las reformas que vengan.
En el debate en comisión del proyecto los senadores también apuntaron contra la falta de precisión sobre el 3% que se destinará a los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que afectan directamente a la ANSeS y plantearon críticas por las múltiples derogaciones de leyes y estatutos que incluye la norma.
La semana que viene Patricia Bullrich estará de vacaciones, pero conformó una mesa técnica, que se puso en marcha este viernes y coordina su asesora, la abogada laboralista Josefina Tajes, para que ella junto a los consejeros de los demás senadores hagan una primera rueda de conversaciones sobre aspectos específicos de la norma.
Desde el lunes 26 será la propia Bullrich quien se instalará en su despacho para coordinar reuniones con los legisladores para en base a lo conversado con asesores avanzar con el siguiente paso: las negociaciones políticas.
