Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, sabían que no habían conseguido mover un ápice la determinación de Donald Trump a anexionarse la isla ártica tras su reunión del pasado miércoles en la Casa Blanca. Pero las conversaciones habían sido, decían, constructivas. Copenhague y el territorio semiautónomo se comprometían a trabajar junto al resto de países aliados para reforzar la seguridad groenlandesa. Apenas tres días más tarde, el sábado, Trump lanzó una bomba de acción retardada, su anuncio de aranceles hasta del 25% para las ocho naciones de la OTAN que participan en maniobras militares de la isla. Una carga de dinamita que hace temblar los cimientos de la alianza. Una nueva puñalada a ese orden internacional que detesta y al que a lo largo de su año de mandato tanto ha hecho por derribar.
Han bastado 12 meses para que un Trump desencadenado, blandiendo el estandarte del “Estados Unidos primero” o “la doctrina Donroe” (variación lingüística con el nombre del líder republicano a partir de la doctrina apadrinada por el expresidente James Monroe en el siglo XIX), haya puesto patas arriba el orden internacional que Estados Unidos forjó tras el fin de la II Guerra Mundial y que tanto ha beneficiado a la potencia durante 80 años.
Vuelven el intervencionismo y la ley del más fuerte. Se imponen las prácticas transaccionales, en las que todo tiene un precio. Este fin de semana, la agencia Bloomberg publicaba que Trump ha puesto precio a los asientos en el Consejo de Paz para Gaza: mil millones de dólares cada uno, una cantidad que estará gestionada por él. Regresa también la práctica carpetovetónica del tributo al líder: Qatar le ha regalado un avión Boeing de 400 millones de dólares; Suiza, un lingote de oro; María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, su medalla del Premio Nobel de la Paz.
“Lo que estamos viendo ahora no solo carece de precedentes en la política exterior de Estados Unidos, sino en la historia: una superpotencia en activo que desmantela el mismo sistema que la ha hecho poderosa e influyente”, explica Rebecca Lissner, del centro de análisis Council for Foreign Relations, en una videoconferencia organizada por el Carnegie Endowment for Peace.
Los cambios en un año han sido tan drásticos como violentos. Ha desaparecido a todos los efectos la agencia estadounidense de cooperación al desarrollo, USAID; el Departamento de Estado ha quedado completamente reestructurado; Washington se ha retirado de docenas de instituciones internacionales. Mientras presume de pacificador y de haber puesto fin a ocho conflictos —y desarrolla una contumaz campaña para conseguir el Nobel de la Paz—, su Administración ha lanzado operaciones militares en media docena de países, desde Irán hasta Venezuela, pasando por Yemen, Siria, Nigeria y Somalia.
Amenaza con más intervenciones mientras aprieta las tuercas, ningunea o insulta a sus aliados. No solo los europeos: México y Colombia se han visto acusados de estar gobernados por los carteles de la droga. Por otro lado, sí escucha a sus dadivosos socios en Oriente Próximo —ha parado, de momento, sus amenazas de ataque a Irán a instancias de las monarquías del Golfo—, mientras se muestra permisivo con Rusia y China, sus teóricos rivales.
En ningún otro continente es más palpable el cambio que en América, donde Trump declara ahora la gran prioridad de su política exterior y una zona en la que Estados Unidos debe ser la potencia dominante. “Este es NUESTRO Hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”, proclamó el Departamento de Estado en un tuit que hubiera sido impensable 12 meses atrás. De norte a sur del continente, de Groenlandia a Argentina, todos los países y territorios se han visto afectados —para bien o para mal, según sea el grado de afinidad ideológica con Washington— por lo que la Administración republicana describe en su Estrategia de Seguridad Nacional como el “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
El continente se percibe como una región de donde emanan algunos de los problemas más graves de Estados Unidos, y a la que Washington conmina a colaborar para que Estados Unidos cumpla sus metas: el recorte drástico de la migración, la “neutralización” de los carteles de la droga y la delincuencia transnacional, y la desaparición de las inversiones de China que florecen en la región. Por las buenas —mediante incentivos de colaboración económica, que le ganaron que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cediera a sus exigencias—, o por las malas, desde la imposición de aranceles punitivos, como intentó con Brasil, a la intervención y el tutelaje.
En Venezuela, tras la espectacular intervención del 3 de enero, Estados Unidos mantiene su presión —entre otras cosas, con el enorme despliegue militar estadounidense en el Caribe— sobre el Gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, a la que amenaza con repetir el ataque de hace dos semanas si no acata a pies juntillas las órdenes que recibe de Washington.
Venezuela es el caso más emblemático de esta doctrina Donroe. La intervención culminó meses de hostigamiento, con el argumento de una lucha contra el narcotráfico en la que Washington desplegó el 20% de su poderío naval movilizado en todo el mundo para la Operación Lanza del Sur, el bombardeo de dudosa legalidad contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales que ha matado a más de un centenar de personas en el Caribe y el Pacífico oriental.
En la política hacia Venezuela se cruzan “las posiciones de halcón” de personalidades como el secretario de Estado, Marco Rubio, contra los regímenes autoritarios de izquierda en América Latina, “enlazadas con el proyecto de política interior y exterior de Stephen Miller”, el consejero de política interna e ideólogo de Trump, “que recurre a la premisa de una guerra contra la droga para utilizar tácticas de la guerra contra el terrorismo para una guerra contra la inmigración. Un proyecto global, pero también de política interna”, describe Lissner.
A la combinación hay que sumarle el interés del presidente por el petróleo venezolano, en el que ve, de un lado, la oportunidad de abundantes ingresos; de otro, la posibilidad de reducir el precio de la gasolina, cuando este año afronta unas elecciones de medio mandato en las que la oposición demócrata quiere hacer de la gestión económica la cuestión central.
No todo son palos. La Estrategia Nacional de Seguridad de esta Administración Trump también promete zanahorias para los gobiernos, partidos y movimientos “alineados grosso modo” con sus “principios y estrategia”.
Y lo cumple: el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha puesto sus cárceles a disposición del programa de deportaciones masivas estadounidenses, ha sido recibido en el Despacho Oval. La Argentina de Javier Milei ha obtenido un rescate de 20.000 millones de dólares [unos 17.178 millones de euros]; Trump ha recortado aranceles a esos dos países y al Ecuador de Daniel Noboa. Su Administración se ha deshecho en elogios hacia el nuevo presidente derechista en Bolivia, Rodrigo Paz.
No le duelen prendas a la hora de intervenir en procesos electorales: condicionó la ayuda a Argentina al triunfo de Milei en los comicios del 26 de octubre, y declaró su apoyo expreso al candidato derechista en Honduras Nasry Asfura. Allí también indultaba en vísperas de los comicios al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico. A lo largo de este año, se ha acentuado el giro hacia la derecha en América Latina: el boliviano Rodrigo Paz y el chileno José Antonio Karst son algunos de los representantes más recientes de esta tendencia, mientras la región aguarda elecciones este año en Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú y Haití.
Trump tiene por delante aún tres años más de mandato. Uno de los grandes interrogantes que se plantean es si mantendrá este intenso nivel de intervención en el exterior. Y qué formato tendrá, en ese caso. La paciencia no es la mayor virtud del republicano, que apuesta por medidas rápidas y espectaculares pero se preocupa menos por los detalles del día después.
Es un método que tiende a producir resultados poco duraderos. En Gaza, el presidente acaba de proclamar el comienzo de la segunda fase del proceso de paz. Pero el desarme de Hamás y la retirada completa de Israel, dos elementos clave, siguen sin visos de resolverse. En Ucrania, sus bandazos solo parecen haber servido para que Moscú se enroque en sus posiciones. Sus declaraciones de pacificación en conflictos como el de Ruanda y la República Democrática del Congo, o la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya se demostraron prematuras.
Pero con sus acciones en política exterior ha conseguido llevar la conversación pública a su terreno. El bombardeo de los objetivos nucleares en Irán en junio difuminó la polémica sobre su política de deportaciones masivas y el envío de la Guardia Nacional para sofocar las protestas contra ella. La intervención en Venezuela, y las amenazas contra Irán y Groenlandia, han evaporado de los titulares los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein.
“[Trump] está dominando la agenda en cualquier área a la que se dedique. No habíamos visto nada parecido desde los tiempos de la Gran Depresión tras 1928. Trump sigue dominando y controlando nuestros pensamientos. ¿Podríamos haber imaginado estar hablando de conquistar Groenlandia? ¿Podríamos haber imaginado unos Estados Unidos no pro-Ucrania y favorable a Rusia? Son cosas inimaginables, pero también parecía inimaginable que Trump fuera a ser sometido a dos juicios políticos y aún así fuera a recuperar la Casa Blanca. No fueron los políticos quienes le votaron. Fue la mayoría del voto popular”, apunta el analista de opinión pública republicano Frank Luntz.
