Por Redacción Vive Caba 22 de enero de 2026
La tensión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia sumó un nuevo capítulo este jueves. A pesar de que el juez federal Adrián González Charvay intimó al Gobierno nacional a poner en plena ejecución la Ley de Emergencia en Discapacidad para la primera semana de febrero, el oficialismo ratificó su postura de no avanzar con la reglamentación, bajo el argumento de la falta de presupuesto.
Un conflicto que no da tregua
La ley en cuestión, que fue aprobada por el Congreso tras un complejo proceso de vetos y rechazos legislativos, busca garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas y fortalecer el sistema de prestaciones básicas, hoy en crisis por la inflación y los recortes.
Desde el Gobierno sostienen que la norma no especifica el origen de los recursos para su financiamiento. No obstante, el fallo judicial calificó este argumento como «falaz», señalando que la propia ley faculta a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para priorizar a este sector vulnerable.
Puntos clave del fallo:
- Fecha límite: El 4 de febrero de 2026 la ley debe estar en plena ejecución.
- Efecto devolutivo: Aunque el Gobierno apeló la medida, la Justicia determinó que la apelación no suspende la obligación de cumplirla mientras se tramita en instancias superiores.
- Impacto social: Organizaciones de familias y prestadores denuncian que la falta de aplicación de la norma pone en riesgo tratamientos, traslados y la subsistencia mínima de miles de beneficiarios.
El reclamo en las calles
En los últimos días, las inmediaciones del Congreso nacional fueron escenario de movilizaciones de personas con discapacidad y jubilados. En la Ciudad, la preocupación crece entre los prestadores de salud, quienes advierten que el desfasaje en los aranceles y la mora en los pagos estatales están llevando al cierre de centros terapéuticos.
«Estamos ante un principio de no regresividad que el Estado debe respetar. Los derechos de las personas con discapacidad no pueden quedar sujetos a una planilla de Excel», señalaron desde uno de los colectivos que impulsan la medida judicial.
Por ahora, el escenario es de incertidumbre. Con el 4 de febrero marcado en el calendario como el «día D», la mirada está puesta en si el Ejecutivo acatará la orden judicial o si el conflicto escalará hacia nuevas sanciones legales en medio de un clima social efervescente.
