Por Redacción Vive Caba 22 de enero de 2026
En una decisión que promete escalar hasta la Corte Suprema, el Gobierno nacional oficializó este jueves la intervención administrativa y operativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses. La medida, ejecutada a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), marca un nuevo pico de tensión entre la administración de Javier Milei y las provincias.
Los argumentos de la Casa Rosada
Desde el organismo nacional, justificaron la intervención tras los resultados de inspecciones técnicas realizadas durante 2025. Según el informe oficial, se detectó un «deterioro estructural grave» en los muelles y sistemas de seguridad, con una ejecución de obras de apenas el 1,3% del presupuesto asignado.
Además, la Nación acusa a la provincia de Tierra del Fuego de utilizar el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) en lugar de reinvertir los fondos en infraestructura portuaria, lo que violaría el convenio de transferencia vigente.
La reacción de Tierra del Fuego
El gobernador Gustavo Melella no tardó en responder, denunciando que la medida carece de fundamentos técnicos reales y que busca «apropiarse de un recurso estratégico». Desde la gobernación aseguran que el puerto es superavitario y que está operando al máximo de su capacidad.
«Es una intervención arbitraria y extorsiva que utiliza la seguridad como excusa para avanzar sobre nuestra autonomía», señalaron fuentes provinciales, confirmando que ya preparan una presentación judicial para frenar la medida.
Temporada de cruceros y soberanía
Un punto clave de la resolución es que, si bien se suspende la habilitación del puerto por un año, la aplicación de esta sanción quedó diferida. El objetivo es no interrumpir la actual temporada de cruceros 2025-2026 ni afectar el abastecimiento de la región, aunque el control de la caja y la maquinaria ya pasó a manos de la Nación.
La intervención se da en un contexto geopolítico sensible, donde el Gobierno nacional busca estrechar lazos logísticos y estratégicos en el Atlántico Sur, lo que ha despertado suspicacias sobre el destino final de la administración de la terminal más austral del mundo.
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