Tras un fallo que intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la normativa en un plazo acotado, desde el entorno presidencial aseguran que no existen recursos suficientes y analizan alternativas legislativas para modificar la ley vigente.
El Poder Ejecutivo dejó trascender que no avanzará con la implementación completa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aun después de la resolución judicial que lo obliga a hacerlo. Desde la Casa Rosada argumentan que el Estado no cuenta con los fondos necesarios para cumplir en su totalidad con lo establecido por la norma aprobada por el Congreso.
La advertencia surge luego de la sentencia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien dispuso que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad informen, en un plazo de cinco días, el estado de avance de los trámites destinados a ejecutar la ley. La resolución incluye la exigencia de respaldar cada paso con documentación oficial y advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento.
En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo una reunión de más de una hora con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada. Aunque no hubo declaraciones públicas tras el encuentro, fuentes cercanas al Presidente señalaron que, si el Gobierno se ve obligado a acatar la orden judicial, lo hará de manera limitada, utilizando únicamente los recursos disponibles.
En los despachos oficiales reconocen que se evalúa una estrategia de cumplimiento parcial, que permita mostrar avances formales sin concretar la aplicación integral de la ley. El argumento central se repite puertas adentro: la falta de recursos presupuestarios. En ese marco, también se analiza el envío de un nuevo proyecto de ley al Congreso para modificar la normativa vigente y redefinir las obligaciones financieras del Estado.
Cabe recordar que, durante el debate del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, el oficialismo intentó derogar tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como la de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la oposición bloqueó esa iniciativa y logró excluir los artículos que anulaban ambas leyes. Ahora, el Gobierno considera que avanzar con una ley nueva podría resultar más viable que insistir con una derogación directa.
La sentencia judicial establece que, de no cumplirse lo dispuesto en el plazo de dos semanas, el jefe de Gabinete y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar sanciones económicas y medidas judiciales. Pese a ello, en Balcarce 50 minimizan el impacto de esas posibles represalias y sostienen que, en el peor de los casos, se trataría de descuentos salariales a funcionarios.
Mientras tanto, organizaciones que representan a personas con discapacidad expresan su preocupación por la postura oficial y advierten que miles de familias continúan percibiendo pensiones inferiores a los 300 mil pesos, insuficientes para afrontar tratamientos y prestaciones básicas. El conflicto, por ahora, sigue abierto y con un fuerte cruce entre el Poder Ejecutivo y la Justicia.
