Elecciones en América Latina (2026): del “giro a la derecha” y el voto de castigo al factor Trump

Mensajes clave

• Electoralmente hablando, 2026 va a ser un periodo intenso en América Latina con cinco elecciones presidenciales y dos locales.
• Habrá elecciones presidenciales en dos grandes democracias de la región (Brasil y Colombia) más Costa Rica, Perú y Haití. También habrá comicios locales en Bolivia y Paraguay.
• Cuatro tendencias predominantes en 2025 continuarán en 2026: (a) el voto de castigo a los oficialismos, que convivirá con la ratificación de determinados liderazgos; (b) la pérdida de relevancia del centro político, con mayor polarización y fragmentación; (c) la presencia e influencia del “factor Trump”; y (d) el bajo crecimiento económico y el alza del coste de la vida, por un lado, y la inseguridad, por el otro, que centrarán las campañas e incidirán de forma decisiva en el voto.

Análisis

Introducción

2026 será un periodo intenso, desde el punto de vista electoral, en América Latina ya que tendrán lugar cinco comicios presidenciales (más legislativos), dos locales y el arranque de cinco precampañas para 2027 (Argentina, Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua). Costa Rica, Colombia, Perú, Haití y Brasil elegirán presidentes y a sus parlamentos. Habrá elecciones subnacionales (locales y departamentales) en Bolivia y municipales en Paraguay.

El nuevo contexto electoral latinoamericano

Las elecciones presidenciales de fines de 2025, las legislativas en Argentina y las presidenciales en Honduras y Chile han consolidado algunas de las tendencias político-electorales de América Latina, que probablemente continúen en 2026. En primer lugar, el contundente voto de castigo a los oficialismos. En Honduras, el 80% se inclinó por dos candidatos opositores (Nasry Asfura y Salvador Nasralla), mientras sólo menos del 20% apoyó a la oficialista Rixi Moncada. En Chile, la victoria de José Antonio Kast fue contundente, casi 20 puntos. En esta ocasión, el voto de castigo se tradujo en el apoyo de los electores a candidatos de la derecha, mientras el respaldo se extendió a aquellos gobiernos exitosos en materia social (México), seguridad (El Salvador) y lucha contra la inflación (Argentina).

Segundo, se ha confirmado la pérdida de relevancia y poder institucional del centro. Salvo el caso excepcional de Bolivia, donde se impuso un candidato de centro derecha (Rodrigo Paz), los partidos más centrados han quedado fuera de juego. El voto se ha decantado hacia la derecha o la izquierda más extremas. En Chile, Evelyn Matthei acabó quinta (12,7%) y Harold Mayne-Nichols no llegó al 2% En Honduras, la Democracia Cristiana sumó sólo el 0,18%. En las legislativas argentinas Provincias Unidas fracasó como alternativa a la polarización entre mileísmo y kirchnerismo.

Tercero, se ha incrementado el “factor Trump” como elemento para tener en cuenta en los comicios, con apoyo a candidatos determinados, próximos a su línea de acción. Esto ha permitido la emergencia de candidatos de estilo trumpista, como Nasralla en Honduras y Johannes Kaiser en Chile. Su apoyo pesó en los comicios argentinos, ya que el préstamo de Washington estaba condicionado a una victoria de Javier Milei. También marcó el tramo final de la campaña en Honduras, aunque resulte complejo medir cuál fue su incidencia en el resultado y en el ascenso de Asfura en votos, lo que las encuestas no señalaban. La sombra de Trump planea ahora sobre algunas elecciones de 2026, Colombia en especial. Es posible que aparezcan con fuerza candidatos de estilo y mensajes similares a los de Trump, como Rafael López Aliaga en Perú o Abelardo de la Espriella en Colombia. Tras la incursión militar de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela, que permitió la extracción de Nicolás Maduro, habrá que ver si un potencial reverdecer de sentimientos nacionalistas y antiimperialistas afecta negativamente a los candidatos apoyados por Trump. De momento, en varios países latinoamericanos, como Argentina y Perú, las encuestas respaldan la acción estadounidense.

Cuarto, el bajo crecimiento económico, el alza del coste de la vida y la inseguridad han marcado las campañas en 2025 y han decidido el voto de argentinos, hondureños y chilenos. Esos temas incidirán también en la agenda de 2026.

Quinto, la polarización, la fragmentación y la elevada oferta de candidatos condicionarán las elecciones. Esto se verá en algunas primeras vueltas, como en Perú, donde la dispersión del voto puede permitir que quien consiga entre el 15 y el 20% pase a la segunda, permitiendo enfrentamientos a priori impensables. Los presidentes electos tendrán difícil formar mayorías parlamentarias y deberán pactar con otras fuerzas más o menos afines. Caso contrario, su presidencia quedaría bloqueada y no podrían avanzar en sus agendas reformistas. En Chile, Kast intenta formar una amplia coalición de derecha y centroderecha. En Honduras, las derechas del Partido Liberal y Nacional deberán negociar para asegurar la gobernabilidad. Es lo que hizo Paz en Bolivia para contar con el apoyo de la bancada de Samuel Doria Medina. Los ganadores de 2026 no tendrán amplias mayorías y se verán obligados a formar coaliciones presidenciales negociando en parlamentos muy fragmentados.

Finalmente, en 2025 las encuestas han vuelto a fallar. En Bolivia no previeron que Paz pasaría a segunda vuelta y ganaría el balotaje, ni que Milei vencería ampliamente en las legislativas en Argentina ni anticiparon en Honduras la lucha entre Asfura y Nasralla. En Chile se acercaron más a los resultados finales, pero no advirtieron del fenómeno Franco Parisi, al subestimar su intención de voto. Más allá de las dinámicas nacionales, estos seis factores estarán presentes en las citas de 2026.

Figura 1. Elecciones de 2026

Costa Rica

El 1 de febrero Costa Rica elige presidente entre 20 candidatos, frente a 25 en 2022, y la Asamblea de 57 escaños. La segunda vuelta presidencial, de producirse, será el 5 de abril, ya que para evitar el balotaje hay que obtener al menos el 40% de los votos. El gran protagonista es el presidente Rodrigo Chaves que no puede ser reelegido. Su gobierno ha estado marcado por su especial forma de gobernar basada en la crispación política continuada y el enfrentamiento institucional. De hecho, estas elecciones se celebran tras un conflicto con el Tribunal Supremo Electoral, que en octubre de 2025 solicitó a la Asamblea Nacional levantar la inmunidad del presidente para investigarlo por violación de las normas electorales, incluyendo su participación en la campaña. Sin embargo, la votación del 16 de diciembre no alcanzó la mayoría de dos tercios para quitarle la inmunidad. Era la segunda vez que superaba una votación semejante en 2025, después de que también fracasara en septiembre la propuesta de investigarlo por corrupción.

Chaves mantiene una alta popularidad (63% de aprobación) gracias a su discurso anticasta y antiestablishment. La candidata de su partido (Pueblo Soberano), Laura Fernández, fue su jefa de gabinete y ministra de Planificación y Política Económica y busca perpetuar el legado chavista. Las encuestas sitúan en cabeza a la candidata oficialista, algunas ya le dan el 41% (suficiente para ganar en primera vuelta), pero también hablan de una alta indecisión del electorado, en torno al 45% en un contexto de fragmentación y sobreoferta de candidatos. El prestigioso sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, sitúa a Laura Fernández con el 30% de apoyo, lejos de los otros 19 aspirantes empezando por Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN) 8%, Ariel Robles (Frente Amplio) 5% y la ex primera dama, Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) 4%. El resto está por debajo del 2,3%. En 2022, Costa Rica, respaldando a Chaves, dio un voto de castigo no sólo al gobierno de entonces sino a los partidos en los que se apoyaba la democracia costarricense en el siglo XXI. En 2026 la dinámica es similar: el voto a Laura Fernández supone ratificar el apoyo a Chaves y a su mensaje de corte trumpiano, de ataque permanente a los adversarios y a la institucionalidad.

Los dos temas que marcan la campaña son la polarización chavismo vs. antichavismo y la inseguridad. Según el CIEP, dos de cada tres costarricenses consideran que la situación de la seguridad es “peor” que hace un año. El país, considerado un oasis de paz, atraviesa una crisis sin precedentes. El crimen organizado, alimentado por el narcotráfico, ha penetrado en barrios del sur de San José, Limón y Puntarenas. En 2024, se registró una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, el octavo país con mayor tasa en América Latina, superando a Guatemala y cerca de México.

Colombia

Como en Costa Rica, las elecciones estarán marcadas por la polarización, la fragmentación (hay 22 aspirantes frente a los seis de hace cuatro años) y por la herencia de Gustavo Petro. Se presentan como una pugna polarizada entre izquierda y derecha, entre petrismo y antipetrismo. Además de la polarización, el fracaso del gobierno en materia de seguridad y los problemas económicos del país (déficit fiscal) marcarán la campaña, sobre la cual sobrevolará la sombra de Trump. Después de Venezuela, la Casa Blanca ha tenido en Petro a uno de sus objetivos preferidos, acusándolo de “aliado del narcotráfico”. Trump y Petro parecen haberse reconciliado, pero en la Casa Blanca predomina el deseo de que el próximo presidente no sea oficialista, caso de Iván Cepeda, cuya carrera se basó en abanderar el antiuribismo y el diálogo con la guerrilla.

El petrismo tiene un candidato único, Cepeda, el preferido por el presidente. Este se deberá medir en las primarias del 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, al expresidente del Congreso Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero, quienes han ratificado su intención de competir en la selección de un único candidato de izquierda. Se formaría así una gran coalición, el Pacto Amplio, con el Pacto Histórico, la coalición de Petro unificada con el Frente Amplio. Cepeda es el rival a batir, es quien encabeza las encuestas tras imponerse claramente en el Pacto Histórico, con un millón y medio de votos. Lidera la última encuesta con una intención de voto del 31,9%, muy por delante de los otros candidatos de derecha.

Las elecciones girarán en torno a Petro y su legado. Y más tras sus fuertes decisiones electoralistas, en diciembre de 2025: apoyar la convocatoria de una Asamblea Constituyente y elevar el salario mínimo cuatro veces por encima de la inflación. También decretó el estado de emergencia económica como forma de impulsar una reforma tributaria con mayor presión fiscal sobre los sectores de mayores ingresos.

A diferencia de la izquierda, la derecha está más dividida y posiblemente llegue a las elecciones con tres candidatos que van del centro a la derecha radical. El centrista Sergio Fajardo busca la presidencia por tercera vez, en contra de la polarización. El uribismo, aún pendiente del proceso de primarias, tiene en Paloma Valencia a su mejor candidata, aunque busca conformar una amplia coalición con un único aspirante. Por el puesto compiten Valencia con otros potenciales dirigentes de la coalición: la periodista Vicky Dávila, el exsenador de Cambio Radical David Luna, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Juan Daniel Oviedo, el director del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán, y el exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas. En la extrema derecha destaca el fulgurante ascenso Abelardo de la Espriella con su discurso trumpista, ultranacionalista, ultraconservador y bukelista. Las últimas encuestas le conceden la mayor intención de voto y lo colocan como favorito en una segunda vuelta.

Perú 

Perú aspira en estas elecciones legislativas y presidenciales a acabar con su década político-institucional perdida. Desde 2016 hubo siete presidentes y, si bien en esta oportunidad también se elegirán senadores (Cámara que fue reinstaurada tras la reforma constitucional de 2024), las características de estos comicios son similares a los celebrados en 2016 y en 2021, que condujeron a una mayor inestabilidad. Como en esas otras ocasiones, la fragmentación domina con 36 candidatos presidenciales (frente a 18 hace cinco años atrás). De momento, el exalcalde de Lima, López Aliaga, encabeza las encuestas, aunque no supera el 15%. Esta fragmentación le permitió en 2021 a Pedro Castillo acceder a la segunda vuelta con sólo el 19% de los votos y a Keiko Fujimori con el 13%.

Esta vez se juntan la fragmentación y la polarización. La segunda vuelta de 2021 la disputaron Fujimori y Castillo, apoyado por un partido que en sus estatutos se declaraba marxista-leninista-mariateguista. En 2011, 10 años antes, la pugna fue entre Keiko y el entonces “chavista” Ollanta Humala. Esta vez, de acertar las encuestas, llegaría a segunda vuelta un representante de la extrema derecha, López Aliaga, que podría enfrentarse a un candidato de la derecha, como Fujimori, o a alguno de la izquierda, como Alfonso López Chau, Ronald Atencio o Roberto Sánchez. En el centro está el hermano del expresidente Martín Vizcarra, Mario, que no repunta en las encuestas. De todas formas, dada la historia peruana, no hay que descartar que en el último momento aparezca un candidato sorpresa, algún emergente o outsider, como Fujimori en los 90, Humala en la segunda década de este siglo o Castillo en 2021. Hasta ser inhabilitado como candidato por participar en un golpe de Estado, el ultranacionalista y etnocacerista Antauro Humala encabezaba las encuestas. La última encuesta de Datum, de mediados de enero, sitúa en los tres primeros lugares a López Aliaga (12%), Fujimori (8%) y el comediante Carlos Álvarez (6%), manteniéndose la alta fragmentación y más de un 40% de indecisos.

Si siempre son importantes las elecciones legislativas, y más cuando los presidentes carecen de mayorías, en este caso lo son aún más. Perú atraviesa, desde fines del gobierno de Alberto Fujimori, un progresivo proceso de parlamentarización. El margen de acción del Congreso, su capacidad de marcar la agenda y su poder de veto a través de la “vacancia” ha aumentado desde 2016 debido a la debilidad e inestabilidad presidencial (Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra y Castillo) y a la falta de legitimidad de ejercicio de figuras como Dina Boluarte. Ésta se mantuvo en el cargo más que ningún otro mandatario desde 2016 gracias a un pacto no escrito con el Congreso que la sostuvo a cambio de incrementar su cuota de poder. Un parlamento fragmentado, que a partir de 2026 volverá a ser bicameral, es el objetivo de grupos e intereses vinculados a la minería ilegal y a otros mercados ilícitos, que tratan de mantener sus privilegios gracias a su capacidad para cooptar a diputados y al control de grupos parlamentarios claves. 

Perú acude a las urnas con la inseguridad como tema relevante, ante el incremento de robos, asaltos, extorsiones y la penetración del narcotráfico y la economía ilegal. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el semestre enero-junio de 2025 el 52,2% de la población consideró la delincuencia como uno de sus principales problemas, un 12,8% más que en 2024, con siete muertes violentas por día. Ese año se contabilizaron 2.083 homicidios y en 2023, 1.511. Esto justifica las demandas de mano dura y a aplicar el modelo de Bukele, lo que mejora las opciones de López Aliaga.

Brasil

La polarización chavismo vs. antichavismo en Costa Rica, fujimorismo vs. antifujimorismo en Perú (si Fujimori pasa a la segunda vuelta) o petrismo vs. antipetrismo en Colombia se replicará en Brasil en torno al eje izquierda-derecha, que podría sintetizarse en el enfrentamiento entre Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, presente desde 2018, pero que podría continuar. Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022, no puede participar en estas elecciones, aunque ha respaldado la candidatura de su hijo Flavio, quien parte sin muchas opciones. Pese a ello, el bolsonarismo es un actor de peso con el que hay que contar y negociar. Entre bambalinas surge la posibilidad, de momento remota, de la candidatura de su esposa Michelle. Es popular, al ser mujer tiene un plus en el electorado femenino y encima es evangélica neopentecostal. Los gobernadores de derecha con aspiraciones presidenciales deberán negociar con el bolsonarismo. El mejor situado es Tarsício de Freitas (São Paulo), aliado de Bolsonaro, pero de perfil más moderado y capaz de llegar al votante centrista. Pero, también están Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Jr. (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás) y Romeu Zema (Minas Gerais).  

Entre bambalinas se mueve un gran “hacedor” de presidentes: Gilberto Kassab. Es líder del ascendente Partido Social Democrático (PSD), con ministros en el gobierno federal y en el paulista. Su partido es clave en el Centrão, una amalgama de fuerzas de centro que aporta gobernabilidad a cambio de importantes contrapartidas. Kassab no será candidato presidencial, pero desempeñará un papel de peso para elegir al candidato del centro o de la derecha y será esencial en el futuro gobierno, con independencia de quien lo presida.

El futuro de la izquierda está atado a Lula da Silva que con 80 años será candidato por séptima vez. Las encuestas lo sitúan como favorito. En un eventual balotaje contra Flávio Bolsonaro, Lula obtendría un 46% frente al 36% de su rival. También saldría victorioso ante otros postulantes: de Freitas (45% vs. 36%); Ratinho Jr. (45% – 36%); Caiado (45% – 32%) y Zema (44% – 36%). La estrategia de defensa de las instituciones democráticas frente al “peligro” bolsonarista y las reformas tributarias están favoreciendo a Lula, que simultáneamente busca el voto evangélico y centrista. El 1 de enero sancionó una ley que exime del impuesto sobre la renta a quienes ganan menos de 5.000 reales mensuales (800 euros), lo que se une a la subida del salario mínimo que pasó de 1.518 reales a 1.621 (250 euros), lo que representa un aumento de 6,79%. La exención de este impuesto impacta de manera directa sobre 10 millones de trabajadores. Otros seis millones de contribuyentes, con ingresos mensuales entre 5.000 y 7.350 reales (800 a 1.200 euros) también serán favorecidos. El aumento del salario mínimo beneficia directamente a 34 millones de trabajadores y a 62 millones de jubilados, pensionistas, personas con discapacidad y beneficiarios del seguro de desempleo.

El factor Trump posiblemente no desempeñará un papel tan relevante como en Colombia ya que, tras un periodo de alta tensión entre Brasilia y Washington, ambos mandatarios han escenificado una reconciliación y aparentan vivir un momento de buenas relaciones.

Haití

Haití no celebró las elecciones presidenciales de 2025 por su colapso político e institucional. En gran parte su territorio está controlado por bandas criminales. Está previsto que se celebren en 2026, después de que el Consejo Presidencial de Transición (CPT) –con funciones de Poder Ejecutivo– aprobara una ley electoral para las generales. Serán las primeras desde 2016, cuando ganó Jovenel Moïse, asesinado en 2021. Pese a las dificultades, el contexto parece ligeramente más favorable para votar que en 2025. En septiembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión de 5.500 miembros que reemplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), cuyo mandato expiró el 2 de octubre sin detener el avance de los grupos armados. Además de la inseguridad, la pugna institucional entre el Consejo Electoral y el CPT son otro peligro que puede hacer descarrilar el proceso. El CPT se disuelve en febrero y el Poder Ejecutivo quedará en manos del primer ministro, que será clave.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas se celebrará el 30 de agosto. Los comicios locales y regionales coincidirán con la segunda vuelta del 6 de diciembre. La campaña electoral para la primera vuelta comenzará el 15 de marzo, un mes después del fin del mandato del CPT y finalizará el 29 de agosto y sus resultados finales se publicarán el 3 de octubre.

Locales en Bolivia y Paraguay y renovación de cortes y fiscalía en Guatemala

También habrá comicios locales y regionales (subnacionales) en Bolivia y locales en Paraguay. En Bolivia se elegirá alcaldes y gobernadores, y otros cargos representativos de ámbito subnacional, el 22 de marzo. Estas elecciones pueden consolidar la reconfiguración del mapa político tras las últimas presidenciales. Pese a sus características eminentemente locales es una forma de medir fuerzas entre los partidos para confirmar la continuidad del cambio producido con la victoria de Paz y la debacle del Movimiento al Socialismo (MAS). Asimismo, es una manera de las diferentes fuerzas de centroderecha (Paz y Doria Medina) y de la derecha (Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga) de mostrar poder local. Paz conformó la alianza política Patria, integrada por su partido Primero la Gente, Unidad Nacional (UN) de Doria Medina, Sol.bo, Creemos y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) del expresidente Paz Zamora.

Un objetivo principal de estas elecciones, por su peso económico y político, es el departamento de Santa Cruz. Los principales aspirantes son el gobernador Luis Fernando Camacho y Juan Pablo Velasco, candidato a vicepresidente de Bolivia por Libre, con Quiroga. Estos comicios también representan la oportunidad de que algunos viejos caudillos, como el alcalde de Cochabamba y líder de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, que aspira a la reelección, mantengan sus cuotas de poder. Por el mismo frente político, Sergio Rodríguez, el Vikingo, busca controlar la gobernación del Departamento.

En Paraguay, los comicios municipales se celebrarán el 4 de octubre. Se elegirán intendentes (alcaldes) y juntas municipales para el período 2026-2031. El 7 de junio serán las elecciones internas simultáneas de los partidos, movimientos políticos y concertaciones para elegir los candidatos. Las locales de 2021 reforzaron la hegemonía del oficialismo colorado, que se adjudicó la victoria en el 60% de los municipios. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor de la oposición, sólo conquistó el 24%. En Asunción, ganó el Partido Colorado.

Guatemala es un caso especial. Si bien las presidenciales serán en 2027, este año renueva el estamento judicial, un proceso clave para que las próximas elecciones, a diferencia de 2023, se desarrollen con normalidad. Será esencial la identidad de los futuros integrantes de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas y de los órganos de gobierno de la Universidad de San Carlos. De su composición y de las fuerzas políticas que influyan en ellos dependerán los equilibrios de poder del próximo ciclo democrático. Los magistrados del TSE no son elegidos por voto ciudadano sino por una votación de segundo grado que inicia una Comisión de Postulación. Este órgano evalúa perfiles y envía al Congreso una nómina de 20 candidatos, de la cual saldrán los magistrados del TSE hasta 2032. La Comisión de Postulación es clave. Sus integrantes serán decisivos para evaluar los perfiles que considerará el Congreso. También será importante la elección en mayo del Fiscal General. El Congreso deberá convocar a los integrantes de la Comisión de Postulación para Fiscal General para conformar una nómina de seis candidatos que será remitida al presidente Bernardo Arévalo, encargado de elegir a la nueva fiscalía. La actual Fiscal General, María Consuelo Porras, no sólo se ha opuesto frontalmente a Arévalo, sino también trató de impedir su toma de posesión.

Camino a 2027

Argentina, Guatemala, México y Nicaragua iniciarán las precampañas rumbo a 2027. 2026 será clave en Argentina, donde se dan por descontadas las aspiraciones reeleccionistas de Milei. Su éxito al controlar la inflación y la victoria en las legislativas de 2025 han reforzado sus opciones junto a los problemas internos de la oposición, en especial el peronismo.

En México tendrá lugar el proceso de selección interna de candidatos con la reforma electoral que regularía las elecciones de 2027, la mayor desde 2024. Claudia Sheinbaum ha planteado una reforma electoral para 2026 que incluye la eliminación de las circunscripciones plurinominales y modificaciones en la financiación, los tiempos y los procesos electorales. Además, se someterá en 2027 a un referéndum revocatorio. La revocación de mandato fue introducida por Andrés Manuel López Obrador como vía de relegitimación. Por eso se sometió a un referéndum en 2022. En 2027 se pondrán en juego 17 gobernaciones, más de 1.000 diputaciones locales, cientos de alcaldías, diputados federales y cargos judiciales. Los comicios serán muy disputados en estados importantes como el bastión panista de Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas.

Conclusiones

El año 2026 será clave para comprobar si América Latina opta por la derecha, como en 2025 con los triunfos de Daniel Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, Kast en Chile y Asfura en Honduras. Sin embargo, en Brasil y Colombia podrían ganar los candidatos de izquierda y refutarían la percepción del giro. Lula es favorito frente a cualquier rival y en Colombia, si bien la derecha aún no se ha ordenado, si de la Espriella pasa a la segunda vuelta aumentaría las opciones de la izquierda por el rechazo que suscita entre los votantes de centro. De vencer Lula, los dos principales países de la región, México y Brasil, quedarían fuera de esta tendencia. Una tendencia que tampoco validan la victoria de Paz en Bolivia, de centroderecha, o la derrota de Noboa en el referéndum ecuatoriano. Actualmente prevalece más la volatilidad del voto, que hace un lustro castigaba a la derecha y ahora lo hace a la izquierda.

Otra vez emergerán los problemas de la centroderecha y del centroizquierda para ser competitivos, ya que la polarización puede dejarlos en fuerzas minoritarias. Los candidatos con un discurso anticasta y apariencia de outsiders (López Aliaga en Perú y Fernández en Costa Rica) parten como favoritos. Este contexto de fragmentación permite que candidatos con baja votación pasen a segunda vuelta o incluso conquisten la presidencia. La fragmentación obstaculiza la gobernabilidad y obliga, como en Bolivia, a conformar alianzas con otras fuerzas. Hay un exceso en la oferta de candidatos, que, en algunos casos, como Colombia o Perú, han batido los récords anteriores sobre el número de partidos, movimientos y aspirantes. Ello no pronostica nada bueno. El futuro anticipa la fragmentación parlamentaria, lo que complicará, y mucho, la gobernabilidad. Como en todos los casos habrá probablemente segunda vuelta, la dispersión del voto puede conducir a enfrentamientos a priori impensados con resultados insospechados.

El voto de castigo seguirá siendo una realidad no generalizable, al depender del grado de polarización de cada país y de las circunstancias internas. Los oficialismos son favoritos en Costa Rica y Brasil. Todas las elecciones presidenciales son a doble vuelta, aunque en Costa Rica sólo se necesita conquistar más del 40% para evitarla mientras en Brasil, Colombia y Perú el umbral sube al 50%. El voto es obligatorio en Costa Rica, Perú y Brasil, pero no en Colombia, aunque en todos los casos dada la desafección de un amplio sector social con la política no sería descartable una gran abstención. Los inciertos enfrentamientos del balotaje, marcados por una extrema polarización (la excepción sería Perú) podrían conducir a una mayor participación.

En el nuevo año electoral planeará sobre los comicios un elemento nuevo, presente desde finales de 2025, el factor Trump. Su posición y apoyo a algún candidato (una vez que la Casa Blanca y el Departamento de Estado decidieron intervenir abiertamente en la política interna de algunos países) puede tener mucho peso. Sobre todo, en Perú y Colombia para evitar la victoria de un candidato de la izquierda (como en 2021 con Castillo) o un heredero del petrismo. El peso de Donald Trump puede verse alterado por las elecciones de medio término en EEUU con consecuencias sobre su estrategia basada en el corolario Trump de la Doctrina Monroe. A la vista de un posible renacer del nacionalismo antiimperialista, tras la incursión militar en Venezuela, del apresamiento de Nicolás Maduro y del manejo de una “transición” centrada en el petróleo habrá que ver cómo estos factores afectan a los candidatos apoyados por Trump. ¿Los beneficiarán o los perjudicarán?

2026 presiona a América Latina en múltiples direcciones. Hay muchos intereses convergentes, aunque con propósitos diferenciados, que inciden en una coyuntura donde uno de los grandes interrogantes es si, como avanzaba el último Informe del Latinobarómetro, ¿primará la democracia resiliente o seguirán avanzando los populismos y las fuerzas iliberales? Y si bien mucho de lo que ocurre en la región también pasa en otras partes del planeta, hay problemas específicos. ¿Se consumará el giro a la derecha o a la extrema derecha, que muchos vaticinan, o seguirán presentes diversas opciones políticas, en un contexto marcado por la fragmentación? ¿Cuánto incidirá el apoyo de Trump? ¿Qué peso tendrán la búsqueda de ley y orden, en línea con el modelo de Bukele (más Chile y Ecuador) y o las demandas de mayor rigor fiscal y económico tras los pasos de Milei?