A una semana del inicio del debate en el Congreso de la reforma laboral, el Gobierno retoma su mesa política para ajustar detalles con vistas a las negociaciones para una normativa que el Ejecutivo considera fundamental para la recuperación de la actividad y la sustentabilidad misma del modelo económico.
Este lunes el jefe de gabinete, Manuel Adorni, convocará al ministro del Interior, Diego Santilli, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la senadora Patricia Bullrich, entre otros dirigentes, para ultimar detalles con vistas a la reapertura de la actividad legislativa en la que el Ejecutivo intentará aprobar la denominada «modernización laboral».
Durante las sesiones extraordinarias del Parlamento, que se extenderán entre el 2 y el 27 de febrero, el Ejecutivo pondrá a consideración también otros tres temas: la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares (Ley 26.639), el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la solicitud de acuerdo para designar al ex diputado Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.
Pero el tema prioritario, a la postre, seria la reforma laboral. Bullrich trabaja en el Senado para que este proyecto y la modificación a la Ley de Glaciares se voten en el recinto de la Cámara alta el 12 de febrero con la esperanza de que obtengan la media sanción y luego pasen a Diputados donde serían tratadas antes de finalizado el mes.
Mientras tanto, en el Gobierno siguen intentando acercar posiciones con los gobernadores con el objetivo de contar con el apoyo de los legisladores que les responden para sumar adhesiones a la modernización laboral. El último viernes Adorni y Santilli recibieron en Casa Rosada al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien habría respaldado el proyecto con la esperanza que contribuya a la generación de empleo genuino y asegure el crecimiento económico.
Lo cierto es que los mandatarios posan para la foto, se muestran dispuestos a dar el debate porque consideran que es una normativa vetusta y en líneas generales acompañan. Y necesitan que se genere más empleo formal y privado en sus distritos. Sin embargo, salvo los aliados electorales directos del Gobierno -como el entrerriano Rogelio Frigerio y el mendocino Alfredo Cornejo- los demás no quieren firmar un cheque en blanco. Es que los mandatarios temen, que de aprobarse la normativa, podrían perder cuantiosos recursos en materia de recaudación durante este año. «Recién sería en el ejercicio 2027. No impacta ahora«, adujo a Clarín una espada política del oficialismo.
Los artículos referidos a cambios fiscales y el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que podría desfinanciar a la propia Anses, son cuestionados por los caciques provinciales que vienen pidiendo «compensaciones» a cambio del voto favorable. En el Ejecutivo, en tanto, les sugieren que en 2027 recuperarían la virtual pérdida por la posible mejora de la actividad que gatillaría el esperado crecimiento del empleo. Hoy un escenario utópico.
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