Diario HOY | Asisten a familias afectadas por el desborde del río Pilcomayo

Varias casas se vieron afectadas por el intenso caudal que está desarrollando el río Pilcomayo, por lo que la SEN envió un contingente con asistencia.

Asimismo, se coordinó con el Ministerio de Salud el envío de una ambulancia para reforzar la atención médica en la zona.

Paralelamente, la SEN continúa con las tareas de verificación y monitoreo de la situación, trabajando de manera articulada con la Comisión Pilcomayo, la Gobernación y la Municipalidad local, a fin de dar seguimiento al evento y garantizar una respuesta oportuna a las comunidades afectadas.

El río Pilcomayo registró hace una semana un nuevo repunte en su caudal, cuando la regla hidrométrica marcó 5,85 metros en la zona de Pozo Hondo – Misión La Paz, en la frontera entre Paraguay y Argentina, según el informe oficial de la Comisión Trinacional del Pilcomayo (CTP).

Esta crecida también generó complicaciones en el lado argentino, específicamente en el norte de la provincia de Salta, donde el agua ingresó a la ruta provincial 54, a la altura de Misión La Paz, afectando la circulación y a unas 60 familias de la comunidad wichí de Misión Km II.

Esto lo manifestaron durante la audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados, como antesala al estudio de la iniciativa previsto para el jueves 5 de febrero, a las 10:00, en sesión extraordinaria.

Los representantes cuestionaron el establecimiento de una edad mínima obligatoria para acceder a la jubilación, el aumento de años de servicio sin alternativas flexibles y la falta de un mayor compromiso financiero del Estado para sostener la Caja Fiscal, actualmente deficitaria.

Desde las fuerzas públicas, Blas Méndez, de la Coordinadora de Fuerzas Públicas, señaló que el sector viene analizando desde hace meses el sistema previsional y recordó que ya fueron acercadas propuestas a distintas comisiones de la Cámara Baja.

Indicó que, si bien aceptan discutir un incremento de cinco años en el tiempo de servicio y el aumento del aporte al 19 %, rechazan de manera categórica la imposición de una edad mínima para jubilarse, por considerar que desconoce las particularidades de las funciones desempeñadas.

En la misma línea, José Achucarro propuso incorporar nuevas fuentes de financiamiento para fortalecer la Caja Fiscal, como la aplicación de una tasa al usufructo y explotación de tierras por parte de grandes productores agrícolas, con el objetivo de ampliar los ingresos sin trasladar todo el peso del ajuste a los trabajadores.

Desde el sector docente, Corina Falcón, representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), enfatizó que la Constitución Nacional garantiza una jubilación digna y advirtió que la edad planteada en el proyecto resulta excesiva para los educadores.

Planteó eliminar la exigencia etaria y permitir que el docente pueda jubilarse con 30 años de aporte, incluso desde los 55 años, además de cuestionar que el Estado pretenda equiparar el esquema paraguayo con modelos de otros países sin asumir el mismo nivel de responsabilidad financiera.

A su turno, María del Carmen Carrizo, docente universitaria de la UNA, sostuvo que los sectores afectados deben ser parte de una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación y Ciencias, y propuso que el Estado realice un aporte del 14 % a la Caja Fiscal. También pidió suprimir la edad mínima, mantener el aporte actual del 16 % y contemplar una jubilación extraordinaria.

Aunque el personal de salud no está incluido en la propuesta, la Dra. Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos, alertó sobre la situación de más de 30.000 profesionales contratados que aún no están incorporados plenamente al régimen previsional. Sugirió que comiencen a aportar desde este año como una medida concreta para oxigenar la Caja y avanzar hacia un sistema más equitativo.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó los principales fundamentos técnicos y advirtió que la Caja Fiscal, integrada por seis “columnas”, constituye uno de los mayores problemas de estabilidad fiscal del país.

Recordó que la última reforma integral se realizó en 2003 y que, posteriormente, se aprobaron leyes especiales que ampliaron beneficios sin un análisis del impacto global.

Según precisó, el déficit actual alcanza los USD 380 millones, financiados parcialmente con el superávit del sector administrativo y con recursos provenientes de impuestos.

“El gran problema es que en pocos años ese superávit del sector administrativo se va a acabar, y el 100 % del déficit tendrá que ser cubierto con impuestos”, subrayó.

El titular del MEF explicó que el proyecto propone ajustes paramétricos, como la fijación de una edad mínima de jubilación, cambios en los años de aporte y modificaciones en las tasas de sustitución. Si bien reconoció que estas medidas no eliminan totalmente el déficit, afirmó que permitirían estabilizarlo y evitar su crecimiento acelerado.

Entre los principales ejes, la propuesta plantea:

Edad mínima de 57 años y 25 años de aporte para Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales.

Tasa de sustitución inicial del 78 %, con incrementos graduales hasta el 100 % a los 62 años.

Para fuerzas públicas, acceso al haber de retiro a los 57 años, con al menos 20 años de aporte.

Aumento de la tasa de aporte del 16 % al 19 %, con un aporte adicional del 3 % por parte del Estado.

Fernández Valdovinos aseguró que el MEF está abierto a analizar alternativas, siempre que sean “sensatas y sostenibles”, y enfatizó que la edad mínima jubilatoria es indispensable para garantizar la sostenibilidad de cualquier caja.

A su vez, los economistas Manuel Ferreira y Daniel Correa coincidieron en que el déficit de la Caja Fiscal tiene un impacto significativo en las finanzas públicas y en el conjunto de la ciudadanía.

Ferreira destacó el elevado costo acumulado del desequilibrio, mientras que Correa sostuvo que cualquier reforma debe encararse con responsabilidad y gradualidad, considerando tanto el impacto fiscal como la situación de los sectores involucrados.

Durante el procedimiento, llevado a cabo por funcionarias fiscales y personal policial del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros, fueron hallados e incautados diversos documentos y objetos vinculados con el hecho investigado.

Según los antecedentes de la causa, la denuncia fue formulada por la Comisión Vecinal Oga Porã Recavo, de Ypané, contra un grupo de personas que habría ofrecido y prometido realizar gestiones ante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para el acceso a viviendas sociales. Para tal efecto, supuestamente habrían solicitado a los interesados asociarse a la cooperativa Yvyrusu Ltda., recibiendo el pago de aportes.

No obstante, autoridades de dicha cooperativa desconocen las operaciones realizadas en su nombre y, además, el proyecto en cuestión no se habría concretado. Se estima que más de 300 familias fueron víctimas del hecho y que el monto del perjuicio sería millonario.