En tensión con los gobernadores, el oficialismo encara la segunda tanda de sesiones extraordinarias con la Reforma Laboral como objetivo principal. Quieren votarla el 11 de febrero, pero antes deben resolver el capítulo fiscal con los mandatarios que alertan sobre la caída de recaudación de las provincias.
En Diputados, los focos se centran en la aprobación del Régimen Penal Juvenil. En el medio, La Libertad Avanza deberá sortear la negociación por el armado de comisiones y las amenazas opositoras para voltear el DNU de Inteligencia.
Esta semana, Martín Menem, titular de Diputados, tendrá reuniones clave con jefes de bloque para acordar la conformación de comisiones y sus presidencias, necesarias para poder activar los debates. En el Senado no tienen tanta urgencia, porque las principales ya están conformadas, pero iniciarán el mismo trabajo.
En la primera parte de extraordinarias Javier Milei planteó seis temas de los cuales consiguió sancionar solo dos, pero de peso: el Presupuesto 2026 -aunque sin el capítulo XI- y la Ley de Inocencia Fiscal.
Ahora va con un ambicioso plan de cinco temas más: la Modernización Laboral; la modificación de la Ley de Glaciares -resistida por organizaciones ambientales-; el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que aún no fue remitido al Congreso; la designación de Fernando Iglesias como embajador y el Régimen Penal Juvenil, que se incorporó más tarde tras el impacto del caso Jeremías Monzón.
Si bien el Ejecutivo declaró por DNU la emergencia ígnea, no lo sumó el tema a extraordinarias y en la oposición señalan que utilizarán la negociación por fondos para las provincias del Sur como herramienta para conseguir votos para los proyectos.
La Reforma Laboral tuvo dictamen en diciembre pero la jefa libertaria del Senado, Patricia Bullrich, no quiso votarla en ese momento. A sabiendas de que faltaban acuerdos sólidos, pateó la discusión a febrero para escuchar reclamos e incorporar modificaciones. Este martes se vuelve a reunir con jefes de bloques aliados.
En la bancada libertaria descuentan que la aprobación en general estaría garantizada pero en particular, el capítulo fiscal que reclaman los gobernadores sigue trabado. «Está en manos del Ejecutivo», reconoció Bullrich.
Ley de Glaciares
La modificación a la Ley de Glaciares fue empujada por los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca, quienes tienen actividad minera y aseguran que esa norma está frenando inversiones millonarias. El presidente Javier Milei se había comprometido a mandarla al Congreso. Ya fue dictaminada, también en diciembre, aunque hubo firmas de senadores provinciales en disidencia.
Este cambio enfrenta un alto rechazo de organizaciones ambientales y científicos que aseguran que se desprotegen recursos naturales y advierten sobre la función esencial de los glaciares como reservas naturales de agua.
Acuerdo Unión Europea – Mercosur
El tratado de libre comercio negociado entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ya fue firmado pero el Gobierno todavía no lo remitió al Congreso. Los legisladores están esperando la letra chica para decidir su acompañamiento, aunque la mayoría estaba a favor.
En el peronismo señalan que las industrias y economías regionales están preocupadas por el impacto que tendrá. Se estima que la discusión empezará por Diputados. El debate tendrá que darse primero en la comisión de Relaciones Exteriores y la del Mercosur que todavía no están conformadas.
La designación de Iglesias como embajador
La Cámara alta también debe aprobar el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. Eso lo vota solo el Senado. Pero antes, deben darle dictamen en la comisión de Acuerdos, que aún no está conformada.
Es clave porque por ahí después deben pasar todos los pliegos de jueces. Si bien la norma indica que salvo que haya una denuncia grave se aprueban a los elegidos como representantes en el exterior por el Gobierno, en el peronismo no confirman si avalarán la designación del exdiputado PRO.
Régimen Penal Juvenil
El proyecto que baja la de edad de imputabilidad es la prioridad del oficialismo en Diputados. El año pasado ya se había discutido y logrado un texto de consenso que obtuvo dictamen pero tras el recambio de legisladores perdió vigencia y debe iniciar el camino parlamentario de cero.
De las cuatro que intervienen en la discusión hay dos que ya se integraron en diciembre: Legislación Penal, presidida por la cordobesa bullrichista Laura Rodríguez Machado; y Presupuesto, comandada el también libertario, «Bertie» Benegas Lynch. Falta que se constituyan las de Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia.
