Las denuncias contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia atraviesan las jurisdicciones y ahora se inició una causa también en los tribunales de La Plata: el empresario Leandro Camani -dueño de Secutrans, firma vinculada al negocio de las fotomultas y denunciado por extorsión hace una semana- acusó al dirigente del futbol por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito”.
No tiene relación con su actividad al frente de la principal institución del deporte más popular de la Argentina. Tapia está denunciado como presidente de la CEAMSE, por haber interrumpido -de manera irregular-el suministro eléctrico de equipos de control de velocidad en el Camino del Buen Ayre, una autopista que administra la coordinadora ambiental.
La presentación se hizo ante la fiscalía platense que dirige Alvaro Garganta. Por el momento no tiene más movimientos que el sello de la mesa de entradas. Se parece a una reacción de Camani luego de una presentación que hizo Tapia el 27 de enero, en la que acusó al empresario y a dirigentes de la Coalición Cívica de una maniobra de extorsión.
El dirigente de fútbol presentó una denuncia penal contra el concejal de Pilar, Matías Yofe, al legislador porteño de la CC, Facundo Del Gaiso y a Camani por una presunta “maniobra de extorsión”. El contenido de esa presentación sostiene que todas las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA que se iniciaron a fines de noviembre de 2025, no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a una supuesta represalia por haber impedido un negocio millonario relacionado con las fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.
Tapia sostiene -a través de un escrito que presentó si abogado, Gregorio Dalbón– que Camani le pidió ampliar su participación con sistemas de control de exceso de velocidad en la autovía y que el titular de CEAMSE se negó. Entonces -dice Tapia- Camani lo habría amenazado -a través de intermediarios- con que, si no se aprobaba el negocio, se lanzarían falsas denuncias penales en su contra. Es lo que ocurrió en los últimos meses del año pasado, sostiene esa carpeta que llegó a los tribunales de San Isidro.
La “contradenuncia” del dueño de Secutrans
El escrito que presentó el propietario de Secutrans en La Plata quedó en la misma oficina donde se investiga la “megacausa” de las fotomultas. Es por una supuesta maniobra de abogados y jueces de faltas que facilitaban a algunos estudios reducciones o directamente la eliminación de las infracciones detectadas con los cinemómetros en rutas bonaerenses.
Ese escándalo le costó el puesto al ex ministro de Transporte de la provincia, Jorge D`Onofrio, quien había llegado a ese lugar por el acuerdo entre Kicillof y el Frente Renovador de Sergio Massa.
En el fuero penal de La Plata dijeron a Clarín que “la nueva denuncia no quedará asociada a la causa que tiene como involucrados a D´Onofrio y otros ex funcionarios y jueces de faltas. Es una causa aparte”.
En este flamante proceso contra el jefe de la AFA, los denunciantes sostienen que la interrupción del funcionamiento de los radares instalados en la autopista del Buen Ayre “fue ejecutada sin acto administrativo previo y más allá de la competencia legal de la empresa interjurisdiccional CEAMSE”. Camani considera que se trató de “un exceso de funciones y un perjuicio directo al dominio público y a la normativa vigente”.
Camani asegura que todos los equipos que estaban instalados en el Buen Ayre tenían habilitación de los municipios que atraviesa la vía. Y la convalidación del ministerio de Transporte provincial. Pero que Tapia los interrumpió sin motivo razonable. Y produjo un perjuicio económico a su empresa.
Tapia y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, están envueltos en sospechas que derivaron en procesos judiciales. Algunos los involucran de manera directa. Otras son indicios serios. ARCA y DGI los acusan por no efectuar aportes laborales por cerca de 20.000 millones de pesos y la utilización de facturas apócrifas por 375 millones.
La Coalición Cívica denunció la compra de una mansión en Pilar por parte de una empresa con socios (Luciano Pantano y Ana Lucía Conte) que no justificarían sus ingresos y se sospecha que serían testaferros de Toviggino.
Otra madeja que deberá desentrañar la Justicia tiene que ver con los millonarios movimientos de fondos de la empresa Sur Finanzas y otras causas que podrían constituir de lavado de activos y en las que habría nexos con los máximos conductores de la asociación que agrupa a todos los clubes de futbol argentino.
Sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Tapia, la denuncia de Camani no presenta elementos para probarlo. Solo considera que tuvo un “exorbitante crecimiento de su patrimonio”, sin incorporar indicios.
