En la economía, la confianza se construye en años y se destruye en minutos. El lunes 2 de febrero de 2026 quedará marcado en el calendario financiero no por un movimiento de tasas o una corrida cambiaria, sino por una decisión administrativa sobre el INDEC que resucita los peores fantasmas de la historia estadística argentina: la manipulación de la realidad para acomodar la narrativa política.
El Gobierno decidió suspender la implementación de la nueva metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, para regresar al vetusto esquema de base 2004. Lo que se presentó oficialmente como una «postergación técnica», es interpretado como una intervención de facto.
La cronología de los hechos es inapelable. El 14 de octubre pasado, el INDEC había confirmado la hoja de ruta: enero de 2026 sería el mes debut del nuevo IPC, una actualización necesaria para dejar de medir el consumo de los argentinos con una canasta de hace 22 años. Durante todo el mes de enero, el organismo realizó la medición bajo los nuevos parámetros. Sin embargo, con los números sobre el escritorio y evidenciando un salto inflacionario mayor al estimado por el consenso, la orden política fue abortar la misión.
La «caja negra» de enero y el peso de los servicios
Para entender la gravedad de la medida, hay que diseccionar la diferencia técnica entre ambas canastas. El IPC base 2004 refleja una Argentina analógica y con un consumo más primario, donde los bienes tienen una ponderación predominante. La canasta basada en la ENGHo 2017-2018, en cambio, captura una economía más moderna, donde el peso de los servicios (comunicaciones, entretenimiento, tarifas, transporte) ganó terreno significativo en el presupuesto familiar.
El problema para el Palacio de Hacienda no es metodológico, sino de timing político. Tras un 2025 electoral donde se pisaron los precios regulados para anclar las expectativas, 2026 se perfilaba como el año del sinceramiento tarifario.
La aritmética es cruel para el Gobierno:
- Si aumentan las tarifas de luz, gas y transporte en un contexto de regularización.
- Y se utiliza un índice (2017-2018) donde esos servicios tienen una ponderación mucho más alta que en el índice viejo (2004).
- El resultado es una inflación general (headline) significativamente más alta.
Al volver a la canasta de 2004, el Gobierno elige medir la inflación con un instrumento que subrepresenta el gasto en servicios públicos. Es una maniobra de dilución estadística: el aumento de tarifas ocurre en la realidad, los hogares lo pagan, pero el IPC lo capta con una intensidad amortiguada.
La falacia de la «temperatura controlada»
Se admite que la nueva metodología se aplicará «una vez que termine el ciclo de ajuste de tarifas». En términos médicos, esto equivale a decir que se utilizará el termómetro de precisión solo cuando el paciente ya no tenga fiebre. Mientras la temperatura sea alta, se usará el termómetro viejo que marca, sistemáticamente, un par de grados menos.
Esta decisión tiene un costo inmediato: la obsolescencia del dato. Hoy, el IPC informa sobre una estructura de consumo que ya no existe. No pondera correctamente el peso de la conectividad, las plataformas digitales ni la nueva estructura de costos de la vivienda. Seguimos midiendo la inflación de una Argentina que consumía más carne y menos gigabytes.
Marco Lavagna – INDEC
El costo invisible: desanclaje de expectativas
Para el mercado de capitales, el dato de inflación no es una curiosidad académica; es el precio más importante de la economía. Es la variable que indexa billones de pesos en deuda soberana (Bonos CER, Duales), define la tasa de interés real, ajusta los contratos de alquiler y sirve de base para las negociaciones paritarias.
Cuando el árbitro cambia las reglas a mitad del partido porque el resultado no le favorece, los jugadores dejan de confiar en el juego.
- Mercado de bonos: los tenedores de títulos ajustados por CER (inflación) son los perdedores inmediatos. Al subreportarse la inflación real por una cuestión de ponderación, el rendimiento real de estos activos cae. Esto inyecta una prima de riesgo político a toda la curva de pesos: el mercado empezará a exigir tasas más altas para cubrirse no solo de la inflación futura, sino de la «incertidumbre de medición».
- Negociaciones salariales: sin un IPC creíble, los sindicatos y las empresas pierden la referencia común. Esto lleva a una mayor conflictividad y a negociaciones «por las dudas», donde los agentes económicos incorporan márgenes de cobertura más altos, retroalimentando la inercia inflacionaria.
La dispersión de expectativas y el ancla perdida
La consecuencia más peligrosa de debilitar el indicador oficial no es solo estadística, sino comportamental: se pierde la capacidad de coordinar expectativas. El IPC funciona como un «faro» que alinea las decisiones de millones de agentes económicos. Si ese faro se apaga o su luz se vuelve difusa, cada barco navega con su propio mapa.
Al perder credibilidad el dato del INDEC, los agentes económicos —desde grandes empresas formadoras de precios hasta pymes— comienzan, inevitablemente, a buscar referencias alternativas. Ya no se trata solo de medir lo que pasó, sino de proyectar lo que vendrá. Sin un ancla oficial robusta, las proyecciones privadas se dispersan, generando un escenario de mayor incertidumbre.
Esto complica dramáticamente la lucha contra la inflación. Si el mercado cree que la inflación real es superior a la informada (porque percibe el aumento de tarifas que el índice viejo disimula), fijará precios preventivos basándose en sus propias estimaciones y no en la pauta oficial. El gobierno pierde así su herramienta más valiosa: la capacidad de influir sobre el futuro mediante la credibilidad del presente.
El espejismo del corto plazo
El Gobierno ha comprado, quizás, unos meses de titulares con un índice de inflación marginalmente menor al que hubiera arrojado la nueva metodología. Pero el precio pagado es desproporcionado.
La postergación de la actualización de la ENGHo 2017-2018, que llevaba más de dos años lista para implementarse, confirma que la tecnocracia ha perdido la batalla contra la política electoralista, incluso en un año no electoral.
Al final del día, volver al indicador anterior no hace que la inflación baje; simplemente la hace menos visible en los papeles oficiales. Es la política del avestruz aplicada a la macroeconomía: esconder la cabeza en una canasta de 2004 para no ver la realidad de 2026. El problema es que los inversores, a diferencia de los funcionarios, no tienen el lujo de operar con ficciones estadísticas. Ellos sienten la temperatura real, y cuando el termómetro oficial insiste en que no hay fiebre, lo primero que hacen es vender los activos del hospital.
