(Ciudad de México) – Varios gobiernos de América Latina y el Caribe han violado los derechos de extranjeros a instancias de la administración Trump, mientras que otros están utilizando las políticas y la retórica de Trump como excusa para cometer abusos contra sus propios ciudadanos, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026.
En la 36.ª edición, el informe mundial de 529 páginas de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Philippe Bolopion señala que revertir la marea de autoritarismo que envuelve al mundo es el desafío de una generación. Ante la amenaza sin precedentes que supone para el sistema de derechos humanos la administración Trump y otras potencias globales, Bolopion insta a las democracias que respetan los derechos y a la sociedad civil a construir una alianza estratégica para defender las libertades fundamentales.
El ataque militar de la administración Trump contra Venezuela a principios de 2026 podría consolidar el gobierno represivo del país, y servir a los intereses políticos y comerciales de Estados Unidos. Durante 2025, varios gobiernos limitaron el acceso al asilo y cometieron abusos contra migrantes deportados de Estados Unidos. Numerosos gobiernos latinoamericanos han llevado aún más lejos las políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, uso excesivo de la fuerza y despliegues militares para combatir el “terrorismo”. Si bien el gobierno estadounidense ha criticado a menudo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ha ignorado los graves abusos en El Salvador, Ecuador y Perú que, entre otros, restringen la labor de periodistas y organizaciones de derechos humanos.
“Durante su primer año en el cargo, la administración Trump ha tenido una influencia indudablemente negativa en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Pero en última instancia, los gobiernos latinoamericanos tienen la responsabilidad de defender la democracia y garantizar que esta beneficie a sus ciudadanos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca”.
- Venezuela, Cuba y Nicaragua reprimen sistemáticamente la crítica y el disenso, detienen a críticos y opositores y han obligado a muchos a exiliarse. En Venezuela, las autoridades liberaron a algunos detenidos a principios de 2026, pero muchas personas siguen encarceladas por motivos políticos. Los gobiernos latinoamericanos deben presionar para que se libere a todos los presos políticos en estos países y promover transiciones pacíficas hacia la democracia, señaló Human Rights Watch. También deben oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, en lo que constituyen ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional de derechos humanos.
- Los grupos del crimen organizado representan una amenaza crucial para los derechos humanos en América Latina y el Caribe, siendo el caso más extremo el de Haití, donde grupos criminales controlan el 90 % de Puerto Príncipe, se han expandido a otras partes del país y han cometido miles de asesinatos.
- Gobiernos como los de El Salvador y Ecuador han cometido graves violaciones de derechos humanos en su respuesta al crimen organizado. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro resultó en 122 asesinatos, en lo que forma parte de un patrón más amplio de uso abusivo de la fuerza. En México, el gobierno ha combinado la ampliación de la recopilación de información de inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la prisión preventiva obligatoria. Durante la implementación de la estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro en Colombia, los grupos armados y el crimen organizado han ampliado su control sobre las comunidades. Gobiernos como los de Honduras, Perú, El Salvador y Ecuador han suspendido injustificadamente derechos fundamentales durante largos períodos en su lucha contra el crimen organizado.
- Panamá y Costa Rica han detenido arbitrariamente a ciudadanos de terceros países deportados de Estados Unidos. Por su parte, El Salvador sometió a venezolanos deportados por Estados Unidos a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sistemáticas. La República Dominicana ha intensificado la deportación de haitianos, devolviéndolos a situaciones de alto peligro, en violación del derecho internacional de los derechos humanos.
- Mientras Estados Unidos recortó la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Argentina ha creado un entorno cada vez más hostil para los medios de comunicación. La fiscal general de Guatemala detuvo arbitrariamente a funcionarios gubernamentales, defensores de derechos humanos y críticos. Las autoridades de Salvador detuvieron a críticos, entre ellos la reconocida abogada anticorrupción Ruth López.
“Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas independientes siguen siendo un bastión clave para proteger la democracia en América Latina y el Caribe”, dijo Goebertus. “Los gobiernos deberían respaldarlos, ya que están trabajando bajo enormes riesgos para promover los derechos humanos y denunciar la corrupción y los abusos de poder”.
