A días del debate en el Senado, el proyecto de modernización laboral que apura el Gobierno mantiene arriba las tensiones y divisiones no sólo en el ámbito del poder político sino que también se ve reflejado tanto en el mundo sindical como en el empresarial.
Quizás el único punto de coincidencia entre todos los protagonistas es la necesidad de avanzar en una reforma laboral que se ajuste a las actuales condiciones de trabajo. Pero el proyecto empujado por los libertarios, que será debatido el miércoles en el recinto del Senado, provocó el rechazo de plano de una debilitada CGT y un gesto de aprobación de las principales cámaras empresariales.
La CGT amenaza con la judicialización
Pero en concreto, qué es lo que cuestiona la CGT, más allá del rechazo global que transmitió este viernes Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y uno de los tres líderes de la central obrera, tras la reunión del Consejo Directivo.
En principio, desde los sindicatos rechazan el artículo que busca eliminar la obligación del empleador como agente de retención automática de cuotas sindicales, que pasaría a ser voluntaria, requiriendo el consentimiento expreso del empleado.
Otro de los puntos que genera tensión entre los gremios tiene que ver con la limitación de la ultraactividad a las cláusulas normativas, lo que obliga a los sindicalistas a negociar anualmente las cuotas solidarias. Este punto, como la prevalencia de los acuerdos por empresa, reduce el poder de los sindicatos.
Los artículos 98 y 99 de la propuesta original que reduce el derecho a huelga en sectores como transporte, educación, salud y otras actividades esenciales también es parte de la lista de reclamos de los gremios.
Esa normativa podría entrar en una disputa judicial, tal como anticipó Sola, porque según el proyecto establece mínimos de actividad durante las medidas de fuerza que van del 75% en servicios considerados esenciales y 50% en los trascendentales. Estas medidas ya fueron incluidas en el DNU 70/23 y rechazadas por la justicia.
La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores tampoco es avalada por la CGT porque fija que las empresas deberán aportar el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones, y como beneficio tendrán una rebaja del 3% en sus contribuciones patronales afectando el sistema previsional.
La central sindical también tiene el foco puesto en el artículo que baja del 6% al 5% las contribuciones patronales a las obras sociales sindicales, lo que según los gremios provocaría un desfinanciamiento de hasta US$ 700 millones anuales.
Dentro de los artículos que son rechazados por los gremios están los que flexibilizan las contrataciones y los despidos. Además de la creación del Banco de Horas, la extensión de jornadas a 12 horas y los cambios en el otorgamiento de las vacaciones.
La UIA dio un fuerte respaldo a la propuesta de Milei
En el sector empresario la ley fue bien recibida pero no dejó de generar algunos reclamos poniendo en evidencia las peleas internas entre las distintas cámaras.
La Unión Industrial Argentina (UIA) dio un fuerte respaldo a la propuesta del Gobierno y cuando se debatió en comisión en el Senado su presidente Martín Rappallini presentó un documento con 20 puntos en los cuales no sólo hizo referencia al estancamiento en la generación de empleo sino que además apuntó contra el fenómeno de la litigiosidad y los altos costos en los seguros de riesgo del trabajo.
En este sentido, la entidad industrial pidió por una modernización de las condiciones de trabajo y contratación para adecuarlas a nuevas realidades productivas. Y exigió una revisión de la ultraactividad de convenios colectivos.
También pidió avanzar en la reducción del costo no salarial del empleo formal y aplaudió la creación del FAL como un mecanismo para reducir los riesgos de contratación.
Tensiones entre las cámaras empresariales
Pero la reforma laboral también dividió a los empresarios y una de las principales diferencias se dio entre UIA y el sector mercantil y de la mediana empresa (CAC, CAME y ADMIRA) que rechazan las limitaciones a la ultraactividad, un punto que fue defendido por los industriales.
Además, tanto la CAC como CAME y ADIMRA presionan por la eliminación del artículo 128, que fue defendido en el Congreso por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), entre otros sectores.
Este artículo establece que los aportes a las cámaras empresarias sean voluntarios. Se estima que con esta medida, la CAC y CAME perderían unos $ 30.000 millones al año de aportes obligatorios que recaudan por capacitación. Para Ricardo Diab, de CAME, la medida marcaría «la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas».
Además, desde ese mismo sector cuestionaron que prevalezcan los convenios por empresa sobre los sectoriales como así también aquel que otorga al Estado la potestad de suspender convenios colectivos.
