La creación de la «Oficina de Respuesta Oficial» por parte del gobierno de Javier Milei, diseñada para «desmentir activamente la mentira» en redes sociales, encendió las alarmas entre especialistas en verificación del discurso público. Según un informe del Equipo de Chequeado, la iniciativa carece de la independencia necesaria para ser considerada una herramienta de fact checking válida y podría derivar en mecanismos de persecución.
Si bien el Gobierno busca «dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política», los expertos señalan que el Estado no puede auditarse a sí mismo bajo las reglas del periodismo de datos.
Las organizaciones de verificación independientes se rigen por el Código de Principios de la International Fact Checking Network (IFCN), que exige transparencia en la metodología, el financiamiento y una política de corrección abierta.
El informe destaca una paradoja en la gestión actual: mientras promete combatir la desinformación «brindando más información», la administración de Milei modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública introduciendo nuevas restricciones. De hecho, datos oficiales indican que esta gestión es la que «más pedidos de acceso a la información dejó sin responder» en comparación con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
