El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad que comanda Alejandra Monteoliva, informó que reforzará los controles migratorios en todo el territorio argentino para “garantizar” el cumplimiento de la ley y “proteger” a los ciudadanos. De esta manera, la cartera nacional busca replicar las políticas en esa materia que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos, al mando del presidente Donald Trump.
“Las normas migratorias en Argentina se endurecieron”, sostiene Monteoliva, en un video publicado por la cuenta oficial del ministerio que conduce tras la salida de Patricia Bullrich. Además, la titular de Seguridad afirma en el audiovisual que las personas que intenten ingresar de manera ilegal o posean antecedentes penales “no podrán hacerlo”.
“El extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar. La ley se cumple sin excepciones”, sentenció, mientras que llamó a quienes estén de manera ilegal a “regularizar su situación” o “abandonar el país”.
En tanto, el ministerio de Seguridad informó que toda persona extranjera que intente ingresar o permanecer en la Argentina de manera ilegal será “identificada, puesta a disposición de la autoridad competente y expulsada del país, con la correspondiente prohibición de reingreso”.
En un comunicado de prensa, esa cartera detalló que, junto con la Dirección Nacional de Migraciones, trabajan para “intensificar los controles en pasos fronterizos, rutas, terminales y zonas estratégicas, utilizando herramientas de identificación y verificación de antecedentes”.
El plan migratorio de Milei replica el modelo de ICE
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que la eventual creación de una Agencia de Seguridad Migratoria y los cambios que ya viene implementando el gobierno de Javier Milei no responden a una crisis real, sino a un giro ideológico que transforma a la migración en una amenaza y convierte a los migrantes pobres en un “chivo expiatorio”. El diálogo con El Destape, Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del organismo, advirtió que replicar un esquema similar al del ICE estadounidense constituye “un paso enorme hacia un Estado mucho más autoritario”.
Según Tufró, el Ejecutivo modifica la política migratoria sin cambiar la ley, mediante decretos y resoluciones que alteran el espíritu de la norma vigente. “El Estado antes buscaba a personas migrantes sin papeles para ayudarlas a regularizar su situación. Ahora las persigue como si fueran una amenaza a la sociedad”, señaló, y destacó la orientación “securitaria” del nuevo modelo y la influencia del gobierno de Trump como referencia para las medidas.
El especialista también criticó la dimensión social del cambio al advertir que la política migratoria apunta a construir un «chivo expiatorio», especialmente entre migrantes de países limítrofes y sectores vulnerables. Tufró planteó que la normalización de estas prácticas y discursos no busca resolver problemas reales, sino generar miedo, disciplinamiento y obtener rédito político.
