El Centro de Defensa Comercial solicitó al intendente, Mauricio Davico, se arbitren los medios para controlar la venta en espacios donde se comercializarían producto e insumos que –según el CDCI- generan “una competencia desleal frente a los comercios debidamente habilitados”.
El CDCI informó esta mañana a sus socios que en el día de ayer autoridades de la entidad mantuvieron una reunión de trabajo con funcionarios del municipio, encabezados en esta ocasión por el Secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.
“El encuentro tuvo como objetivo abordar los requerimientos recibidos el pasado 28 de enero por parte de comerciantes locales, vinculados a situaciones de competencia desleal y al desarrollo de actividades comerciales que no se ajustarían a la normativa vigente” indica la nota.
Y agrega “en dicho marco, tanto el Municipio como el Centro coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta y articulada para analizar las situaciones planteadas y avanzar en acciones de control y verificación, garantizando igualdad de condiciones para todos los comercios que desarrollan su actividad de forma regular en la ciudad”.
En otro párrafo, la entidad señala que “el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú pone a disposición de los comerciantes y de la comunidad en general un canal de contacto directo, a través del WhatsApp 3446 379208, con el objetivo de recibir consultas, inquietudes o denuncias vinculadas a situaciones de comercio desleal”.
“Las presentaciones recibidas serán canalizadas por esta institución ante los organismos municipales y, de corresponder, ante otros organismos competentes, en el marco del trabajo coordinado que se encuentra actualmente en desarrollo” destacan.
“El Centro reafirma su compromiso de continuar trabajando junto al Municipio y otros organismos para fortalecer el comercio formal, promover la transparencia y defender los intereses de los comerciantes que cumplen con las normativas vigentes” concluye.
Qué negocios son cuestionados por el Centro
El reclamo fue ratificado en las últimas horas con la presentación de una nota donde se reitera la solicitud al Ejecutivo municipal.
Allí, el CDCI apunta directamente a los galpones que comercializan productos importados de China, conocidos popularmente como «mega outlets» o bazares. Estos espacios se destacan por ofrecer precios bajos, venta directa al consumidor y gran variedad de productos de electrónica, hogar, indumentaria o librería.
La nota que lleva la firma de la presidenta del Centro, Eugenia Garbino, indica que “En los últimos tiempos se ha tomado conocimiento de la existencia de ventas irregulares e ilegales de productos e insumos tales como bicicletas, artículos vinculados a la salud (entre ellos tensiómetros), proyectores, impresoras, monitores, electrodomésticos (cocinas, lavarropas, entre otros), entre una amplia variedad de bienes, los cuales se comercializarían desde galpones que no contarían con habilitación comercial, operando fuera de los marcos normativos vigentes y exigiendo, con seguridad, pagos exclusivamente en efectivo, lo que refuerza la presunción de informalidad y de dudosa procedencia de la mercadería” señala la nota a la que accedió R2820.
Según el Centro de Defensa Comercial, “esta operatoria genera una competencia desleal frente a los comercios debidamente habilitados, que cumplen con todas las exigencias legales, impositivas, sanitarias y de seguridad, afectando no solo al sector comercial sino también a la recaudación y al ordenamiento de la actividad económica local”.
“En ese marco, corresponde señalar que se ha observado que ciertos establecimientos contarían con habilitaciones comerciales otorgadas para rubros que no se corresponderían con las actividades efectivamente desarrolladas, verificándose la comercialización de productos que exceden o difieren de lo autorizado, situación que resulta pasible de revisión por parte de las autoridades competentes sostiene el pedido” describen.
Y concluye “en virtud de lo expuesto, solicitamos se arbitren los controles, verificaciones y medidas correspondientes, a fin de que dichas actividades sean regularizadas conforme a la normativa vigente o, en su defecto, se adopten las acciones que correspondan, garantizando igualdad de condiciones para todos los comerciantes”.
