(ANSA) BUENOS AIRES – La Cámara de Diputados argentina dio media sanción al proyecto de ley enviado por el gobierno de Javier Milei que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años.
El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra y ahora deberá ser debatido en el Senado nacional para convertirse en ley.
La iniciativa constituye una de las reformas más debatidas en el Congreso en los últimos años, y se inscribe en el marco de la política de seguridad impulsada por el presidente Javier Milei y su gabinete.
La propuesta original enviada por el Gobierno al Parlamento en febrero contemplaba una reducción aun más profunda: establecer la edad de imputabilidad en 13 años.
Ese texto, que tenía explícitamente la intención de “evitar la impunidad de crímenes cometidos por menores”, fue presentado al inicio del tratamiento legislativo.
Sin embargo, ante la falta de consenso político en las comisiones y las presiones de aliados parlamentarios, la iniciativa fue modificada. El oficialismo terminó retirando la versión inicial y acordó con bloques como la Unión Cívica Radical (UCR) y el Propuesta Republicana (PRO) avanzar con una versión que fija en 14 años la edad mínima para ser juzgado penalmente.
El texto que obtuvo media sanción no solo modifica el piso de imputabilidad, sino que establece un esquema integral de sanciones para adolescentes que cometan delitos graves.
Entre sus ejes: Adolescentes de 14 y 15 años podrían ser procesados penalmente y recibir penas de hasta 15 años de prisión, dependiendo del delito; para infracciones de menor gravedad, el régimen prevé sanciones alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico o prohibiciones de acercamiento; el debate parlamentario también incluyó discusiones sobre el financiamiento de la nueva normativa y sobre mecanismos para asegurar el tratamiento diferenciado de menores.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y una de las principales articuladoras del proyecto, defendió que la ley actual, de 1980, “no previene ni resocializa” y que su actualización era necesaria para adecuar la legislación a la realidad social.
Durante el debate del proyecto, la coalición oficialista destacó que la medida pone foco en la responsabilidad y la seguridad, mientras que críticos aseguran que una reducción de la edad no aborda las causas de fondo de la delincuencia juvenil, como la falta de políticas sociales, educativas y de salud.
Organizaciones internacionales como UNICEF también han señalado que el uso rutinario del encarcelamiento no ha demostrado ser eficaz para reducir la criminalidad juvenil y que las políticas preventivas basadas en educación, deporte y acompañamiento social suelen ser más efectivas.
Con la media sanción parlamentaria, el proyecto ahora pasará al Senado argentino, donde deberá ser tratado en los próximos días. La expectativa es que pueda convertirse en ley en las próximas semanas, antes de que concluya el período legislativo extraordinario.
Para muchos, este debate no solo redefine la forma en que el Estado argentino aborda el crimen juvenil, sino que también se inserta en una tendencia regional en la que varios países discuten la edad de imputabilidad en función de los índices de violencia y de la seguridad pública.
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