La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora será tratado en el Senado.
El texto aprobado establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser penalmente imputables en casos de delitos graves, y fija un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas, en reemplazo del régimen vigente.
En el marco del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, ex juez de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y profesor de la Universidad Fasta, Dr. Esteban Ignacio Viñas, analizó el proyecto de reforma desde una perspectiva jurídica y técnica.
Viñas explicó cómo funciona actualmente el sistema de responsabilidad penal juvenil en la Argentina, cuáles son los cambios que propone la iniciativa y los desafíos que plantea para el Poder Judicial y las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia.
Actualmente, el régimen penal juvenil se rige por el Decreto-Ley 22.278, que establece distintos niveles de imputabilidad según la edad. Los menores de 16 años son considerados absolutamente inimputables, mientras que los adolescentes de entre 16 y 18 años se encuentran alcanzados por un régimen especial de responsabilidad penal, con límites específicos en la aplicación de penas.
Según explicó Viñas, este marco legal responde a un modelo tutelar que ha sido objeto de severos cuestionamientos desde el punto de vista constitucional y de los derechos humanos. “Se trata de un sistema que permite la intervención coactiva del Estado y, en algunos casos, la privación de la libertad incluso respecto de menores inimputables”, señaló.
“Tras la reforma constitucional de 1994, el régimen debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece principios como el trato diferenciado, la especialidad, la proporcionalidad y la excepcionalidad del encierro” explicó.
En ese sentido, el especialista señaló que, si bien algunas provincias avanzaron en sistemas procesales más acordes a estos estándares, el principal déficit continúa siendo estructural. La falta de infraestructura, recursos y políticas públicas integrales limita seriamente la posibilidad de aplicar un sistema penal juvenil orientado a la reintegración social.
Respecto del proyecto de reforma en discusión, el especialista explicó que el proyecto se trata de “bajar el límite de inimputabilidad y habilitar la aplicación de penas desde los 14 años, extendiendo el sistema de responsabilidad penal juvenil a niños y adolescentes más jóvenes”. Sin embargo, advirtió que la iniciativa no está acompañada de un refuerzo presupuestario ni de un plan concreto para fortalecer la infraestructura institucional, lo que podría derivar en un aumento del encierro en condiciones precarias.
De este modo, el debate deja de centrarse únicamente en la edad de imputabilidad y se traslada a las condiciones reales del sistema judicial y de las instituciones encargadas de aplicar la ley. Para Viñas, el interrogante principal es operativo: si el Estado cuenta hoy con las herramientas necesarias para implementar una reforma de estas características sin vulnerar derechos.
Asimismo, el Dr. advirtió que: “una eventual baja de la edad de imputabilidad tendría un fuerte impacto sobre un sistema ya tensionado, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde crece la población privada de la libertad y los establecimientos operan al límite de su capacidad, muchas veces sin cumplir estándares mínimos de dignidad”.
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