Diario HOY | Piden comparecencia de autoridades del IPS ante la Comisión Permanente

La iniciativa busca realizar un diagnóstico técnico, administrativo y financiero sobre la situación actual de la previsional.

El documento solicita la presencia del titular del IPS, Dr. Jorge Brítez, y del gerente de Salud, Dr. Derlis León, a fin de “propiciar un análisis institucional serio y responsable sobre la situación de la entidad, fundamental para el sistema de seguridad social y sostén sanitario de miles de trabajadores”.

Los parlamentarios argumentan que, en las últimas semanas, se intensificaron las denuncias ciudadanas y reportes sobre deficiencias críticas en la prestación de servicios.

Entre los puntos señalados en la misiva figuran las demoras excesivas en estudios diagnósticos y tratamientos; la postergación de intervenciones quirúrgicas; la falta de insumos hospitalarios básicos; y el desabastecimiento de medicamentos esenciales.

Se espera que el titular de la Comisión Permanente dé curso al pedido en los próximos días.

Cabe recordar que, según el reglamento interno, el presidente de este órgano tiene la atribución de convocar a reuniones informativas durante el receso parlamentario.

La Comisión Permanente se encuentra en funciones desde el 21 de diciembre de 2025 y extenderá su mandato hasta el 1 de marzo de 2026.

El objetivo de la evaluación es determinar el nivel del daño ocasionado por el incendio y avanzar hacia una pronta y efectiva restauración del emblemático edificio religioso.

Las tareas incluirán relevamientos técnicos, análisis estructurales, extracción de muestras y ensayos laboratoriales de los materiales afectados; además de estudios específicos sobre hormigón, mampostería y madera.

Para llevar adelante estos estudios se procedió a la contratación de un especialista, el ingeniero Sergio Gavilán, profesional reconocido como uno de los principales patólogos de la construcción del país, con amplia experiencia en evaluación de estructuras de hormigón y madera, explicó Luís Vellacich, de la Superintendencia de Obras de la Dirección Técnica de la Binacional.

El especialista elaborará un informe técnico detallado en un plazo de 15 días.

“Entre los aspectos a analizar se encuentran la posibilidad de recuperación de las piezas de madera, así como la resistencia de los componentes de hormigón y mampostería. Los trabajos comenzaron este lunes y se extenderán durante las próximas dos semanas, agregó Vellacich.

El proceso busca garantizar un diagnóstico preciso que permita encarar una restauración segura y sustentada en criterios científicos. Una vez entregado el informe final, se evaluarán las alternativas de intervención estructural necesarias para la recuperación del templo.

El agente fiscal Ever Ariel García, imputó al sargento por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso y apropiación. 

De acuerdo al acta de imputación, los hechos se habrían desencadenado la noche del 6 de febrero de 2026. El imputado se habría trasladado desde Encarnación hasta el domicilio de la víctima, identificada como Félix Masao Kanasawa Makino, con el fin de consultar sobre el alquiler de una habitación.

Tras una discusión en la vivienda, la víctima se habría ofrecido a trasladar al militar hasta una parada de ómnibus en Capiatá a bordo de su camioneta, sin embargo, durante el trayecto se produjo un forcejeo dentro del vehículo.

El imputado utilizó un objeto punzante hallado en el habitáculo para herir mortalmente a Kanasawa en el cuello.

La investigación señala que el 9 de febrero, Llano habría vendido los dispositivos móviles a un tercero por la suma de 500.000 guaraníes. Además, se presume que utilizó cuentas bancarias de la víctima para realizar transferencias por un valor total de 27.000.000 de guaraníes para la adquisición de nuevos equipos de alta gama.

Tras el hallazgo del cuerpo, el médico forense de turno diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por traumatismo penetrante en el cuello por arma blanca.

El suministro intervenido se encuentra a nombre de Pedro Benítez, sobre el cual se constató una conexión directa con medidor para el funcionamiento de equipos de consumo intensivo especial.

Esta irregularidad detectada representa un daño patrimonial estimado en G. 32.325.472, monto que deberá ser abonado por los responsables sumado a los gastos por intervención y multas, conforme a lo establecido en la Ley N° 966/64.

Ante la irregularidad detectada se presentó una denuncia formal en la Fiscalía Penal N° 7 de Luque, a cargo de la fiscal Cecilia Nuñez. Las acciones se realizan en el marco de la Ley N° 7300/2024, que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a hechos punibles y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 – Código Penal.

Es importante recordar que, conforme a la Ley N° 7300/24, el robo de energía eléctrica está tipificado como crimen, con penas de hasta 10 años de cárcel. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la web institucional www.ande.gov.py o mediante la aplicación MI ANDE.