Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral, le siguió la baja de imputabilidad las dos obteniendo media sanción. No fue casualidad ni error: fue una decisión política consciente, sostenida por quienes votaron para que pase. La UCR, el PRO y el Peronismo fueron cómplices directos del gobierno. Todos ellos votaron para avanzar contra la clase trabajadora y contra el futuro de nuestra juventud.
No se trata de medidas aisladas. Es un plan integral. Mientras flexibilizan las condiciones laborales para que trabajemos más por menos, avanzan con la criminalización de la juventud. Mientras garantizan negocios para los grandes grupos económicos, intentan disciplinar a quienes se organizan. Buscan instalar el miedo, dividirnos, hacernos creer que no hay alternativa.
El plan es claro: destruir nuestros derechos conquistados durante décadas de lucha, precarizar nuestras vidas y desmoralizar a toda nuestra generación. Quieren un país donde estudiar sea un privilegio y no un derecho. Donde trabajar signifique explotación sin límites ni estabilidad. Donde protestar sea sinónimo de persecución. Quieren retrocedernos al siglo XIX, borrar nuestra memoria colectiva y convencernos de que nada puede cambiar.
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Pero se equivocan si creen que vamos a quedarnos quietos.
Como juventud tenemos una responsabilidad histórica. Somos quienes más vamos a sufrir las consecuencias de esta reforma: contratos basura, despidos más fáciles, salarios de miseria, menos posibilidades de proyectar una vida digna. Y además pretenden criminalizarnos, bajar la edad de imputabilidad y llenar las cárceles con pibes mientras los verdaderos responsables de la crisis siguen intocables.
No vamos a permitir que nos roben el futuro.
No vamos a permitir que metan en cana a nuestra generación para garantizar negocios a unos pocos.
No vamos a aceptar la precarización permanente como destino.
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La respuesta no puede ser el silencio ni la resignación. La respuesta es organización y lucha en las calles. Cada derecho que hoy existe fue conquistado con huelgas, movilizaciones y unidad entre estudiantes y trabajadores. Nada fue regalado. Y cada intento de retroceso solo se frenó con movilización masiva.
Debemos tomar el ejemplo de las grandes huelgas en Italia, donde los trabajadores bloquearon la producción y demostraron que cuando la clase obrera se mueve, la economía se detiene. Y debemos retomar nuestra propia historia, recordar el Cordobazo, esa enorme unidad obrero-estudiantil que hizo temblar al régimen de Ongania. Cuando el estudiantado se puso al frente junto a los trabajadores, se abrió una crisis política de magnitud. Esa es la tradición que tenemos que recuperar: la unidad en las calles, la acción directa y la organización desde abajo.
Hoy más que nunca necesitamos asambleas en cada facultad, en cada escuela, en cada lugar de trabajo. Necesitamos debatir, votar planes de acción, coordinar entre ciudades y sectores. Necesitamos que la bronca se transforme en fuerza organizada.
El próximo 19 de febrero, cuando la reforma laboral se trate en la Cámara de Diputados, tenemos que estar ahí. No como espectadores pasivos, sino como protagonistas activos. Tenemos que llenar las calles, convocar a nuestros compañeros de cursada, de laburo. Impulsar plenarios abiertos, cortes, movilizaciones masivas. Que se sienta que la juventud está de pie y que no va a entregar su futuro.
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En este escenario, incluso la CGT se vio obligada a reaccionar. El Consejo Directivo convocó de urgencia a un paro general de 24 horas para el día en que se trate la reforma en Diputados. No lo hicieron por convicción ni por coherencia: lo hicieron porque el malestar crece desde abajo, porque miles ya enfrentaron la represión mientras ellos se borraban, porque la presión de las bases empieza a superar a la burocracia.
Que hayan anunciado una huelga es una muestra de que cuando el pueblo se mueve, incluso las direcciones más conservadoras tienen que responder. Pero también es claro que un paro “sin movilización” busca vaciarlo de contenido, reducirlo a un gesto testimonial que no ponga en jaque al poder. Una huelga general que no llene las calles, que no rodee el Congreso, que no paralice efectivamente la economía, es una oportunidad desperdiciada.
Por eso no podemos delegar nuestra fuerza. Si hay paro, tiene que ser activo. Si la economía se detiene, que se detenga con millones en las calles. Si las conducciones dudan, que las bases impongan asambleas, plenarios y coordinación real. Hay que garantizar el acatamiento, el transporte para movilizar, la organización en cada lugar de trabajo y de estudio. No se trata de confiar en acuerdos de cúpula: se trata de confiar en nuestra propia capacidad de organizarnos desde abajo.
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Esta reforma no tiene legitimidad social. La media sanción no significa que esté escrita en piedra. Depende de la fuerza que seamos capaces de construir en las calles. Superar la pasividad de la burocracia, unir a estudiantes y trabajadores, convertir el paro en una jornada masiva y combativa puede torcer el rumbo de esta historia.
El 19 no puede ser un día más. Tiene que ser el comienzo de un plan de lucha sostenido, en el camino de una verdadera huelga general que haga retroceder este plan de ajuste.
Si atacan nuestro futuro, respondemos con rebelión organizada.
Y si intentan disciplinarnos con miedo, responderemos con unidad, con paro activo y con millones en las calles hasta derrotar esta reforma.
