Por: Redacción Vive Caba
La previa del paro general convocado por la CGT se vive con la intensidad de una partida de ajedrez jurídico. En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, lanzó una ofensiva administrativa directa contra dos pilares del movimiento obrero: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el gremio ferroviario La Fraternidad. La orden es clara: abstenerse de cualquier medida de fuerza.
La estrategia de la «conciliación» como barrera
El argumento del Gobierno se basa en la vigencia de la conciliación obligatoria que ambos sindicatos mantienen por conflictos salariales previos. Según la cartera oficial, plegarse al paro general implicaría una violación de estas normas legales. Sin embargo, detrás del tecnicismo jurídico, se asoma una intención política evidente: debilitar el impacto de la protesta contra la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.
Esta maniobra plantea un dilema sobre la naturaleza de los derechos sindicales. ¿Puede un conflicto sectorial previo anular el derecho constitucional de un trabajador a adherirse a una medida de fuerza de carácter general? Para el oficialismo, la respuesta es sí; para los gremios, es un intento de disciplinamiento que busca garantizar que la Ciudad no se detenga por completo, restándole visibilidad al reclamo social.
El impacto en el pulso porteño
Para el habitante de Buenos Aires, el transporte no es solo un servicio; es el sistema circulatorio de la Ciudad. Una huelga de colectivos y trenes garantiza la efectividad de cualquier paro general, simplemente porque imposibilita el desplazamiento hacia los puestos de trabajo. Al intimar a la UTA y a La Fraternidad, el Gobierno apuesta a fracturar la unidad de la protesta y asegurar que, al menos parcialmente, el ritmo urbano no se quiebre.
A pesar de las advertencias y las posibles sanciones, la UTA ya ha manifestado su decisión de adherir, calificando la reforma laboral como un «cercenamiento de derechos». Esta postura deja a los trabajadores y usuarios en medio de una zona gris legal y logística que se resolverá en las próximas horas en las calles y estaciones.
Una tensión que no cede
La decisión oficial de presionar mediante intimaciones es leída por diversos analistas como un endurecimiento de la postura oficial ante el movimiento obrero. En lugar de canales de diálogo sobre los puntos críticos de la reforma, la respuesta parece ser el uso de herramientas administrativas para limitar la expresión del descontento.
En este escenario, la Ciudad de Buenos Aires se encamina a una jornada de incertidumbre. Entre comunicados oficiales y ratificaciones sindicales, lo que está en juego es algo más profundo que un día sin transporte: es la pulseada por el alcance de la protesta social en un contexto donde los derechos laborales parecen estar en el centro de una disputa que recién comienza.
