La iniciativa oficial propone eliminar los 80 juzgados nacionales y las 10 salas de la Cámara del Trabajo para transferir la competencia a un fuero porteño aún inexistente. Magistrados, gremios y especialistas advierten sobre el impacto en la estabilidad judicial y el acceso a la justicia de trabajadores y trabajadoras.
La discusión parlamentaria sobre la reforma laboral volvió a encender la alarma en el ámbito judicial. Más allá de los cambios en materia de derechos individuales y colectivos, uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, un fuero con más de siete décadas de funcionamiento especializado.
La propuesta contempla la eliminación de los 80 juzgados de primera instancia y de las 10 salas que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En su lugar, se prevé la transferencia de las competencias a un nuevo esquema en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que —según reconocen distintas fuentes— aún no se encuentra operativo.
La camarista laboral Andrea García Vior expresó públicamente su preocupación por lo que considera “la desaparición del fuero del Trabajo”. Desde su perspectiva, no se trata de un mero traspaso administrativo, sino de un rediseño estructural que implicaría reemplazar tribunales consolidados por otros de reciente creación.
Protestas y reclamos gremiales
La reacción no se hizo esperar. Trabajadores judiciales, magistrados y sindicatos realizaron asambleas, cese de actividades y movilizaciones en distintos edificios del microcentro porteño. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) sostuvo en un comunicado que la reforma afectaría “el sistema institucional de tutela que garantiza la protección efectiva de los derechos laborales”.
En la misma línea, representantes gremiales señalaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación —como cabeza del Poder Judicial— debería pronunciarse respecto de la estabilidad de los cargos y la continuidad de la carrera judicial.
El alcance del acuerdo de transferencia
El proyecto incorpora la aprobación de un convenio firmado entre autoridades nacionales y del Gobierno porteño que habilita la transferencia de la función judicial en materia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este punto genera controversia porque la llamada “Ley Cafiero” (Ley 24.588), que reglamentó la autonomía porteña tras la reforma constitucional de 1994, establece que la justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad mantiene su jurisdicción bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.
Especialistas consultados señalan que, hasta ahora, cualquier transferencia requería acuerdos específicos y condiciones institucionales previas. De hecho, cuando la Ciudad intentó poner en marcha un fuero laboral propio el año pasado, una medida cautelar suspendió la iniciativa hasta tanto se firmara un convenio formal.
Reducción drástica de la estructura
Actualmente, el fuero laboral tramita cerca de 695 mil causas activas, más de la mitad vinculadas a accidentes de trabajo. En la Cámara se registran alrededor de 32 mil expedientes. El proyecto prevé que los juzgados nacionales dejen de recibir nuevas causas y funcionen solo como tribunales residuales hasta su extinción.
Además, se plantea eliminar 30 juzgados vacantes y una sala sin jueces titulares, reduciendo la estructura a una decena de juzgados y apenas dos salas. La incógnita se extiende también a la situación de más de 1.500 empleados, funcionarios y secretarios que accedieron a sus cargos por concurso público.
Desde el ámbito judicial advierten que una reducción de esa magnitud podría generar un colapso en la tramitación de expedientes y demoras significativas en reclamos por despidos, indemnizaciones o accidentes laborales.
Litigiosidad en debate
Uno de los argumentos oficiales es la necesidad de frenar la denominada “industria del juicio”. Sin embargo, abogados laboralistas sostienen que las estadísticas no respaldan esa afirmación. Señalan que el porcentaje de trabajadores que inicia demandas judiciales es bajo en relación con el total de asalariados, incluso considerando el alto nivel de empleo no registrado en el país.
En este contexto, el debate trasciende la cuestión administrativa y adquiere una dimensión institucional: la eventual disolución de la Justicia Nacional del Trabajo redefine el esquema de protección de derechos laborales y reabre la discusión sobre el equilibrio entre modernización, autonomía porteña y garantías constitucionales.
