Un fallo sin precedentes en el mundo del agro. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena a Ricardo Nicolás Prieto, el productor responsable de fumigar con agrotóxicos su campo, causar la muerte de un chico y provocar lesiones en otra menor en marzo de 2011.
La sentencia condena a Prieto a cumplir tres años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas. La medida fue tomada luego de que la Justicia provincial rechazara la apelación presentada por la defensa del acusado.
“Todos los elementos de prueba valorados han brindado el grado de certeza necesaria en la decisión del juzgador, para dictar una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que el hecho se encuentra acreditado y demostrada sin ninguna duda la culpabilidad”, consta en la resolución.
Pasaron casi 15 años desde el fallecimiento de Nicolás Arévalo y de los daños provocados a su prima, Celeste Estévez. Por entonces, los niños se encontraban en las inmediaciones de una chacra de tomates y hortalizas ubicada en Puerto Viejo, en Lavalle, una finca a cargo del condenado.
A Prieto se le adjudica haber desplegado una conducta indebida e imprudente en la utilización del organoclorado alfaendosulfan. El agrotóxico se encontraba en el barro de la zanja (junto a los desechos). Fue allí donde, por accidente, el niño cayó y entró en contacto directo con la sustancia. Tras el imprevisto, su prima intentó ayudarlo y terminó perjudicada.
Para las autoridades, fue el agrotóxico el que provocó un edema agudo de pulmón que ocasionó, al tiempo, la muerte del niño y las lesiones graves en la pequeña.
Para la Justicia, los menores de 5 y 4 años también inhalaron los plaguicidas colocados por el productor agropecuario: «Desplegó una conducta negligente. Hizo fumigar las plantaciones con sus operarios no controlando en forma personal el proceso, ya que las mismas se realizaron con las cortinas de los tendaleros levantadas, situación que permitió que los tóxicos que contienen los productos plaguicidas utilizados se propagaran por la acción eólica en zonas aledañas, lugar donde se encontraban los menores Celeste Abigail Estévez y Santiago Nicolás Arévalo”.
El caso marca un antecedente histórico sobre el empleo de agroquímicos. Diferentes organizaciones ambientales, vecinos y familiares de afectados llevan tiempo reclamando mayores controles, sanciones y actualización de la normativa vigente por el excesivo uso de agrotóxicos en las áreas rurales y alrededores.
En paralelo, otro caso busca justicia en Pergamino
Esta condena es la primera, pero no sería la única que está en marcha. En Pergamino, al norte de la Provincia de Buenos Aires, comenzó en febrero un juicio oral contra siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación.
Una de las querellantes en este caso es Sabrina del Valle Ortiz, quien dice haber perdido un embarazo de seis meses en 2011 a causa de las fumigaciones constantes. «El aire se volvió irrespirable, el veneno estaba en mi casa, empecé a tener complicaciones, vómitos, mareos; se me quemaron las fosas nasales y la garganta, se me inflamó el cuerpo y finalmente falleció mi bebé», relató sobre su padecimiento.
Por primera vez se imputa a funcionarios públicos como responsables del delito ambiental: «Están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber controlado las fumigaciones», aseguraron diferentes fuentes.
