Para muchas familias migrantes, el primer lugar donde se siente el país es la escuela. Allí se aprende el idioma, se forman amistades y se construye pertenencia. Pero también allí puede instalarse el miedo, especialmente ahora que la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump ha trastocado ciudades como Chicago, en Illinois.
Por eso, es importante conocer la ley HB 3247, conocida como Safe Schools for All. La norma, promulgada tras la firma del gobernador JB Pritzer, prohíbe que se niegue el acceso a la educación pública gratuita (desde preescolar hasta la secundaria) a cualquier alumno por el estatus migratorio real o percibido del niño/a o de sus padres o tutores.
La ley también incorpora reglas para evitar que la información vinculada a su estatus sea tratada como un “dato de directorio” y establece restricciones fuertes contra amenazas o la divulgación de información por percepciones no verificadas.
Uno de los puntos que más interesan a las familias inmigrantes es el enfoque sobre la interacción con los agentes federales. El texto de la HB 3247 es claro: las instituciones educativas no deben permitir el ingreso de agentes de inmigración a las instalaciones escolares, salvo que exista un marco legal que lo exija.
También se limita la recopilación o solicitud de documentación sobre ciudadanía o estatus, reforzando el principio de que la escuela no es una oficina migratoria.
Además, la norma busca frenar prácticas que, aunque no fueran “expulsiones”, sí funcionaban como intimidación: sugerir que se reportará a una familia, pedir papeles “por si acaso”, o tratar a un estudiante como excepción por su origen. El impacto práctico es que las escuelas deben ajustar protocolos y formar al personal para que la política no dependa del criterio individual del empleado de turno.
Para comunidades latinas y migrantes, el beneficio inmediato puede ser de confianza: que la asistencia a la escuela, una reunión con maestros o una actividad escolar no se sienta como un riesgo existencial. La ley no elimina los desafíos migratorios, pero sí marca un límite institucional claro: la educación pública debe ser accesible y no puede condicionarse por estatus.
Es una norma que busca que el derecho a estudiar no quede en un principio abstracto, sino en reglas que limiten las situaciones de abusos o presiones por parte de agentes de inmigración.
