Foto de archivo: Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en sesión extraordinaria, un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo y previamente ratificado en el Senado, que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (n° 19.574). El texto había superado ya la instancia de discusión en particular y obtuvo respaldo transversal, con la única excepción de los representantes de Identidad Soberana, Gustavo y Nicole Salle.
La jornada registró tensiones entre bancadas en varios tramos del debate. El articulado incluyó cambios en la redacción de la normativa vigente, la incorporación de nuevos delitos precedentes del lavado de activos —entre ellos la introducción de desechos tóxicos, fraude en entidades del sistema financiero y ciberdelitos por montos superiores a 100.000 unidades indexadas— y la incorporación de nuevos sujetos obligados no financieros.
El proyecto, una vez promulgado, modificará más de 30 artículos de la ley en vigor. Su texto regresará ahora al Senado, donde deberá ser votado con las modificaciones introducidas en la Cámara baja antes de adquirir rango definitivo de ley.
Fractura interna en el Partido Colorado en torno al límite de efectivo
Uno de los artículos que concentró el debate fue el referido al tope máximo de operaciones en efectivo. Previo a la sanción de la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante la administración anterior, el límite estaba fijado en 40.000 unidades indexadas. Con la LUC, ese tope escaló a 1.000.000 de unidades indexadas, equivalente a aproximadamente US$ 160.000.
El proyecto aprobado este lunes establece un máximo de 200.000 unidades indexadas —cerca de US$ 33.000 al valor actual— o el 5% del valor total de la operación, sin exceder las 450.000 unidades indexadas.
Siete diputados del Partido Colorado —Maximiliano Campo, Walter Cervini, Paula de Armas, Matías Duque, Giovani Peres, Conrado Rodríguez y Walter Verri— acompañaron la postura del Frente Amplio, permitiendo que la modificación se aprobara con 55 votos. Rodríguez expresó en conferencia de prensa: «No es racional que una persona pueda ir con US$ 164.000 en efectivo a hacer una compraventa; que se pueda bajar ese umbral nos parece correcto».
Verri, por su parte, fundamentó su posición señalando: «Yo milité y defendí la LUC. Ahora, ¿es infalible? No, no es infalible. Que la ciudadanía la haya avalado con su voto no le da rango de inamovible. No es lo mismo US$ 100 mil, que ya de por sí algunos podemos considerar que es un límite alto, que casi el doble o un 75% más como tenemos ahora».
El referéndum de 2022 como eje del cruce entre blancos y frentistas
El Partido Nacional centró parte de su argumentación en que la normativa modificada había sido objeto de consulta popular. En el referéndum de marzo de 2022, impulsado para derogar artículos de la LUC, la ciudadanía respaldó la permanencia de los artículos sometidos a votación, entre ellos el relacionado con el tope de efectivo.
El diputado blanco Federico Casaretto señaló en diálogo con MVD Noticias: «El Frente Amplio hizo consultar a la población para ver si estaba de acuerdo que se bajara el monto en efectivo y la mayoría de los uruguayos dijeron que no, pues vuelven a insistir ahora nuevamente por otra ley para cambiar esto». El legislador cuestionó que una modificación rechazada en las urnas sea reintroducida mediante vía legislativa ordinaria.
Desde el oficialismo, la respuesta sostuvo que la ratificación popular de una norma no le otorga carácter permanente ni impide su revisión parlamentaria posterior.
Fiscalía especializada en lavado: el artículo que no alcanzó mayoría en diputados
Uno de los incisos que no logró mayoría en la Cámara baja fue el que proponía la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Esa propuesta había recibido apoyo amplio en el Senado, pero en Diputados los representantes del Partido Colorado adoptaron una posición distinta a la de sus senadores, dejando al oficialismo sin los votos necesarios. Solo los 48 representantes del Frente Amplio votaron a favor de ese inciso.
La divergencia en torno a la fiscalía especializada marcó uno de los puntos de mayor distancia entre las cámaras y constituye uno de los aspectos que el Senado deberá resolver en la instancia de revisión que se abre con el retorno del proyecto.
