La postura de Francisco Morchio
El diputado nacional por la Libertad Avanza, Francisco Morchio, con residencia en Gualeguay, se ubicó en el centro del debate político al votar a favor de la llamada Ley de Modernización Laboral durante la sesión de la Cámara de Diputados del 19 de febrero pasado, donde el proyecto fue aprobado en general por 135 votos contra 115 y sin abstenciones.
El texto, impulsado por el Ejecutivo, ahora debe regresar al Senado de la Nación para su sanción definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.
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En su cuenta oficial de Facebook, Morchio defendió el proyecto, calificándolo como “un gran avance para quienes trabajan, invierten y producen”, y aseguró que la reforma —que “modifica un marco normativo antiguo”— dará mayor “previsibilidad” a las empresas y a las Pymes, además de constituir una oportunidad para los aproximadamente 10 millones de trabajadores informales que existen en el país. Asimismo, cargó contra los sectores que se oponen al proyecto, acusándolos de vivir “del conflicto” y de perjudicar tanto a empleadores como a trabajadores.
Qué propone la reforma y por qué genera controversia
El paquete de cambios planteado por el Poder Ejecutivo y respaldado por sectores del oficialismo plantea una transformación profunda de la Ley de Contrato de Trabajo, vigente desde 1974, e introduce múltiples modificaciones que buscan flexibilizar el mercado laboral y, en teoría, incentivar el empleo formal. Entre sus medidas más destacadas figuran:
*La posibilidad de que las jornadas laborales diarias se extiendan hasta 12 horas con un sistema de “banco de horas” en lugar de pago de horas extras.
*Cambios en el cálculo de las indemnizaciones por despido, con bases más acotadas y mecanismos alternativos como fondos de cese laboral aportados por los empleadores.
*Mayor flexibilidad para convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa sobre acuerdos generales nacionales.
*Incentivos para la formalización del empleo, incluyendo reducciones importantes en las cargas patronales para nuevos contratos por hasta 48 meses.
*Reformas en obligaciones de responsabilidad en la contratación de terceros y subcontratistas.
*Opciones para acordar salarios en moneda extranjera y flexibilización de beneficios extras dentro de la estructura salarial.
Si bien algunos economistas y sectores empresariales coinciden con el Gobierno en que las reformas pueden atraer inversión y favorecer la formalización en un mercado laboral fragmentado, la iniciativa ha sido ampliamente rechazada por los sindicatos y organizaciones laborales, que advierten una reducción de derechos y una precarización de las condiciones de trabajo sin mejoras reales en el empleo.
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La pulseada política: oficialismo vs. sindicatos y oposición
La sesión en Diputados estuvo marcada por duros cruces entre el oficialismo y la oposición, así como por protestas y paros organizados por los gremios. La votación se realizó entre fuertes reclamos sindicales que incluyeron un paro general y movilizaciones de sectores del transporte, la educación y la industria, que paralizaron buena parte del país y generaron momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso.
Desde la oposición, distintos bloques consideraron que la ley favorece de manera desproporcionada a los empleadores por sobre los trabajadores, y prometieron continuar la lucha política y judicial contra la norma. La Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) advirtió que la reforma “arrasa con derechos colectivos e individuales” y pidió al Senado que no la sancione tal como está redactada.
Por su parte, gremios específicos, como el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, repudiaron la votación por considerarla una “sentencia” para los trabajadores marítimos que serían excluidos de protecciones históricas de la Ley de Contrato de Trabajo, y anunciaron que trasladarán su reclamo a la Justicia.
El escenario en el Senado y la agenda legislativa del Gobierno
A diferencia de otras reformas históricas que quedaron trancadas en el Congreso, este proyecto podría llegar a convertirse en ley en el corto plazo. Tras la aprobación en Diputados, el texto fue modificado, eliminando el polémico artículo que recortaba licencias por enfermedad, y el Senado dio dictamen favorable y avanza en su tratamiento con miras a sancionarlo este viernes.
Los legisladores oficialistas y aliados reclaman que la reforma dotará de mayores herramientas para reactivar la economía y reducir la informalidad, mientras que el sector opositor y sindical permanece en alerta tanto en la Legislatura como en las calles. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que la reforma laboral será solo el comienzo de una “agenda legislativa intensa”, con más de 50 proyectos de ley que el Gobierno planea enviar al Congreso durante el año.
Balance y perspectivas
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Con el debate político en su punto más álgido, la reforma laboral se ha convertido en uno de los temas más polarizantes dentro de la agenda pública argentina. Mientras el oficialismo -apoyado por diputados como Francisco Morchio- la presenta como una modernización necesaria para la economía del siglo XXI, la oposición y los sindicatos la ven como un retroceso en derechos laborales que podría redefinir las relaciones laborales en detrimento de los trabajadores.
La discusión continuará en el Senado, pero el impacto de esta reforma se extenderá mucho más allá de la aprobación de una ley: plantea una redefinición profunda de la relación entre trabajo, capital y Estado en la Argentina del 2026.
